En próximas horas se podrá saber si Costa Rica “ganó el examen” que le permitiría abandonar la vergonzosa lista de países que tienen una sucia reputación de ser o de estar en vía de serlo, paraíso fiscal: así se califica a aquella nación que facilita, permite, estimula, el robo-evasión de impuestos a gran escala.
Ese listado lo tiene en vigencia la Unión Europea (UE), potencia económica que nos ha amenazado de declararnos, abiertamente, como país no cooperante en materia fiscal; es decir, que nos dejará en su “lista negra”, o “lista gris”.
Como “gran cosa”, en la Asamblea Legislativa acaban de aprobar un proyecto de ley para calmar a la UE y decirle que, de ahora en adelante, Costa Rica “se portará bien”. “¡No más evasión de impuestos!”, gritó una mayoría de 38 personas legisladoras; resellando el veto presidencial a esta ley, la cual metió un gol de cancha a cancha, favoreciendo a grandes banqueros con litigios tributarios pendientes, lo que enojó mucho al mandatario.
Se trata de la ley No. 10.381, que consiste en introducir varias reformas al impuesto sobre la renta, con las cuales se pretende que Costa Rica ya no esté más en ese grupo de países-paraíso fiscal que, a juicio de la UE, facilitan-estimulan-promueven el robo de impuestos a gran escala, descarada y cínicamente.
¡Pues no! Esa ley no impedirá que Costa Rica siga por ese sucio camino de la evasión tributario-fiscal descomunal. ¡Pretenden engañar a la Unión Europea (UE)!
Importantes agrupaciones de la sociedad civil costarricense han enviado dos cartas a la UE al respecto: una fechada 22 de agosto y la otra, 28 de setiembre, ambas de este año 2023.
Se ha interpelado a la señora María José Garde, en su condición de Presidenta del Grupo Código de Conducta sobre la Fiscalidad Empresarial, del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin); alertándole acerca de que a la UE “le quieren meter gato por liebre”, expresión coloquial costarricense que empleamos cuando queremos denunciar que se ha engañado de manera deliberada, es decir, que se ha producido una estafa o un embuste con una intención determinada.
Se le denunció a la UE que ese proyecto (luego, ley de la República), es claramente regresivo e incompleto, que no soluciona los vacíos del sistema fiscal costarricense. No resuelve los problemas de opacidad y transparencia; y, por el contrario, los agudizan a favor de grandes generadores de renta y sectores evasores de capital.
Denunciamos a la UE: 1) que Costa Rica carece de un régimen de renta mundial (como lo tienen la mayoría de los países de la UE y de la OCDE); 2) que Costa Rica carece de un modelo de renta global aplicable a todos los sujetos y personas jurídicas; 3) que Costa Rica sigue teniendo un régimen de zonas francas eternizado en el tiempo, desde 1990, en el cual las empresas pagan “cero” impuesto de renta y que tal régimen se ha desnaturalizado generando desigualdades legales y competencia económica desleal y tributaria, en detrimentos de las pequeñas y medianas empresas (pymes) costarricenses; 4) que Costa Rica tiene una endeble gestión de la administración tributaria y aduanera por lo que es urgente reformar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Le indicamos al Grupo Código de Conducta sobre la Fiscalidad Empresarial, del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin), que la denuncia que interpusimos este importante grupo de organizaciones sociales costarricenses, se fundamenta en la Aplicación del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica (AACUE), que entró en vigor el 21 de mayo de 2013; el cual señala la Participación del Pilar de Sociedad Civil, como parte consustancial del AACUE, firmado por los países centroamericanos y Bruselas.
Llamamos, fuertemente, la atención de la UE para que no le metan gato por liebre cuando indicamos: “La Asamblea Legislativa aprobó una ley con el fin de sacar a Costa Rica de la Lista de Países No Cooperantes, que después de una revisión exhaustiva por nuestra parte, concluimos que sin duda alguna debilita aún más, la endeble gestión tributaria de Costa Rica y vuelve más poroso el sistema impositivo costarricense, sin resolver el problema de la tributación de las rentas pasivas que ha planteado la Unión Europea. Igual criterio ha sido expresado por el Poder Ejecutivo que, en un primer momento, vetó el referido texto legislativo, pero luego fue resellado”.
De manera contundente denunciamos a la UE lo siguiente: “La Ley N°. 10.381 (correspondiente al Proyecto Legislativo N°23.581), que el Poder Ejecutivo, en un primer momento vetó con justa razón, es un texto que impone, al extremo de lo irracional, el carácter territorial del impuesto sobre la renta, haciendo que prime un criterio fundamentalmente geográfico, por encima del criterio de vínculo económico; con lo que no solo debilita la captación de tributos, sino que refuerza la capacidad de los capitales nacionales y extranjeros de eludir y evadir el pago de tributos de rentas pasivas obtenidas en el exterior, por lo que el problema que se pretende solucionar, más bien, se agravaría”.
Por supuesto que expusimos mucha más argumentación que, por cierto, está disponible para quien la desee solicitar.
Entregamos, también, copia de estas dos notas al representante del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Si la UE se deja meter gato por liebre, será por su propia decisión; sin embargo, caería en una gran contradicción con respecto a su postulado de principio-pilar (dicen ellos), de Participación de la Sociedad Civil. Ésta no existe en Costa Rica para legislaciones de este calibre. De nuestra parte, si la UE ve para otro lado y excluye a Costa Rica de su listado de país no cooperante en materia de control del fraude fiscal, acudiremos a más instancias dentro del propio parlamento europeo pues esta lucha apenas está empezando.
