Durante la campaña, el ahora presidente Carlos Alvarado declaró, después de visitar la compañía Ad Astra Rocket (AAR), que él impulsaría “el uso del hidrógeno como combustible”. A raíz de esa y otras declaraciones, varios científicos hemos advertido que, lejos de ser un combustible, el hidrógeno es un vector energético muy oneroso y sin opciones para resolver el problema vehicular.
A pesar de esto, los interesados nos tachan de “pseudoexpertos” y el Gobierno demuestra complacencia con esta aventura “hidrogeniana” que propone (re)involucrar a las instituciones del Estado. Dejando a un lado los argumentos científico-tecnológicos, es necesario advertir el riesgo que tiene y ha tenido esta aventura para el bolsillo de los costarricenses.
Según consta en el informe de Castillo, Dávila & Asociados, el Banco Popular invirtió ¢25,275,586 en títulos de valores de AAR en el 2011. El Tico Times señaló en el 2014 que el Banco Nacional y el Banco de Crédito Agrícola invirtieron en AAR (mediante los fondos Aurora) $2 millones y $250.000, respectivamente, y que el fondo de pensiones de la CCSS invirtió indirectamente $1,7 millones.
Una licitación pública abreviada de la Municipalidad de Curridabat por ¢21.060.000, para la elaboración de tecnologías del hidrógeno para el transporte, fue adjudicada AAR en el 2016. Ese mismo año se anunció que el Sistema Banca para el Desarrollo aprobaría un proyecto para el transporte público con hidrógeno de $432.000 con AAR.
A esto, debemos agregar el desembolso de $2,1 millones más $11.000 que hizo Recope a AAR, cuyo segundo monto, de $2,5 millones, fue detenido providencialmente en el 2014 por una disposición de la Contraloría General, debido a la ilegalidad de la alianza en el marco de los negocios de Recope, ya que el hidrógeno no es un hidrocarburo.
Parece que el Estado no ha indagado sobre el riesgo que implican esas inversiones, pero, si lo ha hecho, ha desoído los informes. Un análisis de las acciones de AAR muestra que, a partir del 2010, su valor ha caído de $12 a $2,5; es decir, una pérdida del 80%.
El Financiero anunció en el 2012 que las acciones de AAR habían perdido valor, y La Nación, en marzo de 2014, advirtió que estas se hundían a la mitad del precio. Sin embargo, la traducción del reporte de Ham, Langston & Brezina, L.L.P de 2010 indica que, desde su inicio en 2005, AAR y subsidiarias “no generan ingresos significativos relacionados con las operaciones previstas y experimentan pérdidas netas recurrentes y flujos negativos […]. “Que estos factores crean dudas sustanciales sobre la capacidad de la empresa para continuar.”
Del 2014 al 2018, Deloitte −una de las firmas de auditores más prestigiosas del mundo− declaró en repetidas ocasiones que el fondo Aurora CR1 mantiene “su cartera invertida en acciones de Ad Astra, la cual presenta pérdidas en sus estados financieros desde su creación, y no se puede asegurar que en el futuro tenga la capacidad de generar ingresos o producir flujos de caja positivos”. Deloitte declaró que en el 2016 Recope ya arrojaba perdidas por ¢8.673 millones.
En el prospecto del Fondo no Diversificado Aurora CR1 del 10 de enero de 2018 se usan las mismas palabras que expone Deloitte para referirse a las inversiones con AAR y agrega: I) “no existe certeza de que Ad Astra sea capaz de recaudar los fondos adicionales que requiere para llevar a cabo su plan de trabajo”; II) “no puede existir certeza de un desarrollo exitoso y oportuno de las tecnologías de Ad Astra”; III) “hay pocas probabilidades de recibir dividendos de Ad Astra”; IV) “el mercado para la tecnología de Ad Astra y sus productos es incierto”; V) “algunos competidores de Ad Astra tienen recursos financieros mucho mayores que Ad Astra”, entre otros. El lector puede revisar los detalles que están a la vista en la página web del INS.
Tras la denuncia planteada por un extrabajador de Recope, el año pasado la Defensoría de los Habitantes llamó la atención a la Aresep por no fiscalizar las inversiones de Recope con AAR. La Defensoría señaló que la mayor parte de los $2,1 millones invertidos por Recope en AAR provenían de la venta de combustibles; es decir, del bolsillo de los ticos.
La fiscala Emilia Navas nos dice que el tráfico de influencias ocurre cuando se otorgan “créditos, facilidades y privilegios para presuntamente favorecer a las personas involucradas en los negocios” (La Nación 22/8/18). Poco sé de eso, pero creo que alguien intenta revivir a un muerto a costa de los fondos públicos.
