En archive.org hay registros de la página web del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social OVSC desde el 9 de octubre de 2011 hasta el 5 de setiembre de 2018. ¿Qué pasó con el OVSC?, ¿basta con la movilización espontánea de los venezolanos y venezolanas para convertir la demanda social en el detonante de la transformación política?, y ¿cómo enfrentar el 2019 sin estadísticas de conflictividad social?
Marco Antonio Ponce, MAP, activista DDHH, investigador de Protestas y Conflictividad Social, profesor Universidad Central de Venezuela (UCV) lideraba esta ONG. Como Coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), organización dedicada a la promoción de los derechos humanos en Venezuela, el OVCS monitoreaba protestas y manifestaciones, así como la respuesta del Estado. MAP es un experto nacional e internacional sobre el derecho de reunión pacífica en Venezuela, ha trabajado en la defensa de los derechos humanos en Venezuela durante los últimos 20 años (anteriormente como investigador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y, desde 2008, es profesor en la UCV, donde fundó la Cátedra de Documentación e Información sobre Derechos Humanos.
Según el último informe publicado del OVSC en 2018, en Venezuela la cifra de las manifestaciones representa un incremento de 394% con respecto a setiembre de 2017, cuando se documentaron 199 protestas. Venezuela superó el récord en protestas en setiembre, pues se registraron 33 manifestaciones diarias.
“Desde 2015, MAP ha sido objeto de continuas campañas de difamación por parte de las autoridades venezolanas. El 20 de marzo de 2015, se le otorgaron medidas cautelares para su protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como resultado de una campaña de difamación llevada a cabo contra él por altos funcionarios públicos. En junio de 2016 se registraron más de 30 incidentes en contra de su trabajo y el de su organización, donde fueron denigrados e insultados en medios estatales, particularmente por el congresista Diosdado Cabello en su programa semanal “Con el Mazo Dando”. El hecho de que el nombre y la imagen de MAP se muestren rutinariamente en los medios de comunicación de propiedad estatal, junto con contenidos que sugieren que es una amenaza para la nación, constituyen una incitación a la violencia y la hostilidad contra el defensor de derechos humanos”, como reporta Front Line Defenders.
Para el año 2017 el Radar de conflictividad registraba en Venezuela las siguientes estadísticas desde el 1 de abril hasta el 31 de julio:
Último radar publicado el 5 de setiembre de 2018.
En medio una de las peores crisis económicas que ha enfrentado Venezuela, las manifestaciones que protagonizan estudiantes, personal de salud, maestros y jubilados en la actualidad no tienen una guía política clara, objetiva, unida, aunque cada vez son más numerosas. Se registraron 5.315 protestas en Venezuela durante el primer semestre de 2018, según un informe publicado por el OVSC. Ese número equivale a 30 protestas diarias.
La estadística supera las 4.930 contabilizadas en el mismo periodo de 2017. La diferencia entre una etapa y otra no se limita a un tema de cantidad; en el 2017 las movilizaciones tenían un marcado acento político, eran promovidas por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y exigían la salida de Nicolás Maduro del poder.
En el primer semestre 2018, el OVCS destacó que 84% de las protestas responde a “derechos sociales”, reflejo de un país sumido en la peor crisis económica de su historia, con una inflación interanual de 40.000%, escasez de alimentos y medicinas, y el colapso de los servicios públicos. Estas manifestaciones carecen de conducción política y tienen como protagonistas a enfermeras, médicos, profesores y estudiantes universitarios, trabajadores, jubilados y comunidades en general.
“En la medida en que el Gobierno no tome acciones, las protestas se agudizan y potencian la conflictividad social”. “Muy difícil tener un cambio político sin una dirección política. En la medida en que las protestas sean espontáneas o sectoriales por demandas puntuales, es muy difícil que podamos ver un movimiento social capaz de cambiar o torcerle el brazo al Gobierno, no necesariamente para que haya un derrumbe del Gobierno, pero sí para sentarlo en una mesa de negociación y que haya una liberalización tanto del proceso político como de los elementos económicos que bloquean cualquier salida”, expuso Juan Manuel Trak, consultor e investigador político de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), según reportó el 27 de julio del año en curso Diario Las Américas.
Rafael Vilagut, defensor de los DDHH de los venezolanos desde la Universidad de Costa Rica fue expulsado del programa doctoral PPHIST-SEP, perseguido y acosado junto con su familia venezolana-española-costarricense por el Rector Jensen-Pennigton desde 2015 hasta 2018 por defender los derechos de los venezolanos en Costa Rica, relacionados con el Convenio Cultural vigente con Venezuela, Ley 3740, que fue desaplicado unilateralmente por la Oaice en 2016 y hasta la fecha. Esta causa actualmente está en trámite en el Ministerio Público.
