El acoso sexual y laboral denunciado por cientos de mujeres dentro de las diferentes instituciones públicas en todo el país, llámense estas universidades, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, hospitales u otros órganos estatales, a lo largo de los años se ha transformado en una epidemia con consecuencias devastadoras, no solo para las denunciantes, quienes desde un principio, son señaladas como las responsables del hecho, por un sector de la sociedad machista e ignorante. Sino también, por la carga económica que tiene que asumir el Estado, para investigar estas situaciones que al fin de cuentas, pagamos todos con el erario.
El determinar la responsabilidad de los acosadores sexuales que utilizan sus puestos de poder para otros fines, ajenos a la función designada que representa a una determinada institución, no es nada fácil, y menos cuando parte del aparato que debería fiscalizar estos hechos no lo hace del todo o lo hace a medias, con lo que deja en un completo estado de indefensión a las víctimas, sean estas funcionarias en su momento o no.
Porque sufrir y enfrentar situaciones como las antes descritas no constituye parte del sano y diario vivir dentro de la función pública; ya sea como funcionarias, administrativas, docentes, estudiantes u otras, debido a que todas están siendo vistas y juzgadas como un “trozo de carne”. El cual, además, debe “rendir laboralmente” durante todo el proceso de acoso en su lugar de trabajo, como si no estuviera pasando nada contrario a la ley, aunque se recurriera a los mecanismos e instancias correspondientes para denunciar tales agresiones a su integridad personal y derechos humanos.
Muchas mujeres somos conscientes de que solo el hecho de denunciar situaciones como estas no les garantiza a las víctimas una respuesta pronta y cumplida, aunque no hablen en tercera persona y hayan enfrentado el hecho como tal, de frente y con la verdad por delante. Eso debido a la saturación y tramitología de los encargados de impartir justicia, si queremos darle alguna concesión al sistema encargado de ello.
Además de eso, está el estigma que viene detrás, socialmente hablando, ya que aun contando con todo el apoyo y testimonio familiar al respecto, que rayaría en el colmo para algunos, no se resuelve nada. Porque en una situación como esta, todos los miembros de una familia se ven afectados directa o indirectamente, por el problema que sufre o sufrió la persona agredida, y porque el acosador sexual o laboral desencadena y retroalimenta un círculo vicioso sin fin, mientras que la víctima es aislada o acorralada cada vez más.
No en todos los casos las mujeres acosadas sexual y laboralmente están dispuestas a pasar por alto estas situaciones o guardar silencio, asumiendo una posición de vulnerabilidad frente a la sociedad y el acosador, o revictimización. Mucho menos a vista y paciencia de las autoridades competentes que se tiran la bola cuanto de aplicar las sanciones correspondientes se trata; porque según lo que ellos mismos estiman son “acusaciones informales” que tienen saturadas a las instancias oficiales.
Para finalizar, podemos confiar hasta cierto grado en la diligencia de las autoridades y el respeto al debido proceso. Además de aguardar por ese tan ansiado momento procesal oportuno que para las víctimas de acoso sexual y laboral en determinadas ocasiones nunca llega, más allá de los tiempos prudenciales a los que todos debemos ajustarnos como respetuosos de lo que dicta la ley.
En casos tan desagradables como estos, donde los ambientes de trabajo y estudio se han transformado en los sitios preferidos de estos depredadores, no hay que dar ni un paso atrás, a pesar de las amenazas directas o veladas que desde algunas esferas de poder se desprendan. No debemos articular los espacios institucionales para una cacería de brujas y menos a costillas de la integridad de otras mujeres, porque es posible que las brujas no se presten más a guardar silencio, no tengan miedo y, además, no se encuentren solas.
