A veces, cuando tengo que recurrir al bagaje de recuerdos personales, con el fin de argumentar una opinión, siento dos cosas que, honestamente, me desaniman profundamente. Por un lado, el hecho de que haya gente, incluso muy cercana y que amo, que no entiende que esto es para dar contexto a otras personas que pueden pasar por situaciones similares, para que se identifiquen y entiendan que, por duro que sea el panorama, en teoría es posible salir adelante y que, por lo tanto, lo último que pretendo es causar lástima o condescendencia en los pocos lectores que tienen la voluntad y el ánimo de leer este texto. Y, por el otro lado, la enorme frustración de que escribir esto, que no deja de ser un esfuerzo intelectual e incluso afectivo, porque implica enfrentarse a fantasmas del pasado que aún me atormentan, llega a muy poca gente, porque nuestra sociedad, esclavizada por los hábitos del perverso sistema capitalista de consumo, está plagada de narcisistas que buscan satisfacciones rápidas, que no solo son incapaces de leer más de tres líneas, sino que son incompetentes, por lo general, para sentir la solidaridad, el respeto, la empatía y la compasión que deberían ser consustanciales a su condición humana.
Sin embargo, luego de saber que un menor fue víctima de una salvaje agresión, en una escuela pública de Heredia, por ser autista, simplemente no puedo callar. Así que, aunque todo esto sea solo un saludo a la bandera, debo decir que es absoluta y completamente intolerable e injustificable la discriminación, que deriva en exclusión, agresión y violencia, que vivimos las personas con discapacidad en la Costa Rica de las fábulas de la paz, la democracia, la justicia social y los derechos humanos.
Esta violencia, implícita hacia quienes, de una u otra manera, somos etiquetados, sobre la base de mitos, prejuicios y estereotipos, como diferentes o ajenos a la mayoría “normal”, tiene profundas raíces en una cultura ultra conservadora, reaccionaria e intransigente, muy similar a la violencia que le da cuerpo al patriarcado misógino y machista. Las personas con discapacidad, sea esta sensorial, física o cognitiva, somos despojados, sistemáticamente, de nuestra dignidad humana y de los derechos que le son inherentes; pero, no solo cuando una manada de primates involucionados golpea a un compañero en el baño de una escuela, sino también cuando subsisten barreras físicas, burocráticas, institucionales y, principalmente, actitudinales, que impiden el ejercicio pleno de nuestras libertades en todos los ámbitos.
Cada vez que se nos trata como a extraterrestres, con desprecio, por un lado, y con condescendencia y lástima, por el otro, se atenta contra nuestros derechos más fundamentales.
Pero, ¿cómo podría ser de otro modo? Hace poco, en televisión nacional, participé en un espacio para hablar del tema de la discapacidad. Me acompañó, en esa ocasión, el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS). No voy a valorar la gestión de esa entidad, porque eso queda para otro momento; sin embargo, me parece oportuno señalar la sorpresa de la periodista que organizó aquel programa… “Que no haya una persona con discapacidad en el CONAPDIS, es como que en el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) se nombrara de jerarca a un hombre”, me dijo la colega. ¡Por supuesto! Si una comunicadora se dio cuenta de esta ironía en 30 minutos, ¿cómo es que el Estado costarricense aún no lo ha notado?
Todas las instituciones que, en este país, deberían de velar por los derechos humanos de las personas con discapacidad están copadas por burócratas a quienes no les encontraron otro puesto donde colocarles; pero que no saben nada de lo que es formar parte de una población vulnerable, que sufre de exclusión en campos tan diversos que van desde lo educativo y lo laboral, a lo recreativo y lo afectivo.
Quisiera saber, con planes y acciones concretas, ¿que va a hacer el CONAPDIS, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Educación (MEP) y la Defensoría de las y los Habitantes, para evitar que un caso de violencia, como el que ocurrió en Heredia, no vuelva a repetirse?
Habrá palabras bonitas, discursos sentidos y falsas poses de empatía y solidaridad; pero, la verdad, incómoda, es que esas instituciones no van a mover un dedo, porque para las mismas la Ley 7600 o los Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad son, simplemente, compendios de buenas intenciones, que no generan obligaciones y responsabilidades jurídicas. Menos aún, en un gobierno, como el que “gerencia” Rodrigo Chaves, en el que este es, simplemente, un tema accesorio, plagado de burócratas de los derechos humanos, que han usufructuado del tema, sin haberse jamás comprometido, de cuerpo y alma, con su defensa, porque son “políticamente Correctos”, requisito sine qua non para estar en este ejecutivo y en cualquier otro que defienda el status quo y los privilegios de su casta.
El tan cacareado Bullying, término que no es necesario porque en español se puede decir acoso, es una actitud que se sustenta en la violencia y que, tarde o temprano, provoca consecuencias muy graves para quienes lo sufren en carne propia. Ansiedad, depresión, destrucción de la autoestima, soledad y angustia existencial, que pueden llevar a patologías mucho más graves e, incluso, al suicidio, son el resultado de esta manifestación de las más oscuras perversiones humanas, en la etapa de la niñez.
No obstante, como sobreviviente de acoso escolar puedo afirmar, de forma muy rotunda, que responsabilizar a las y los niños de esta conducta es, por decir lo menos, un despropósito. Los menores, simplemente, repiten patrones que, desgraciadamente, aprenden en su núcleo familiar más cercano y que están estrechamente vinculados con la cultura patriarcal de crianza de lo que los padres, — y desgraciadamente también las madres — definen como formar a un “machito”, que se convertirá, al crecer, en un digno reproductor del sistema. Asimismo, ese acoso, que también sufren las niñas, por parte de otras niñas, es producto de los estereotipos y fetiches que promueve la sociedad capitalista de consumo insostenible, sobre la base de la Ley de la selva y la supervivencia del más fuerte, que alienta la inhumana competencia como valor máximo para alcanzar lo que el mercado define como el “éxito” y que está indeleblemente asociado al acceso a bienes materiales.
Paradójicamente, la primera vez que fui víctima de acoso, en realidad no fue por mi discapacidad, sino porque intenté, al más puro estilo de caballero en brillante armadura, defender a una dama. Quizás debido a la saturación sensorial que me provocó conocer la barbarie de la que fue objeto el niño con autismo de la escuela herediana, me trajo el vívido recuerdo de aquella ocasión en la que este servidor, con apenas cinco años, intentó alejar de una compañera a unos niños mayores, que utilizaban máscaras de papel para intimidarnos a los más pequeños. Cuando intenté dialogar con los menores recuerdo que me convirtieron en su piñata… Yo sentía los golpes, mientras rodaba ensangrentado por el piso. La verdad, no recuerdo cómo terminó aquella salvaje agresión, lo que sí tengo muy presente, cada día de mi vida, es lo mucho que me cambió, ya que me hizo convertirme en un pequeño solitario, adicto a los libros, con un maravilloso mundo interno y, también y por desgracia, con nulas capacidades de socialización. No obstante, ese pobre niño no me da lástima, ya que aquellos golpes simplemente son los que, junto a otros aún más graves, porque no me los dieron en el cuerpo, sino en el alma, me curtieron para hoy poder hablar con toda propiedad y conocimiento de causa, cuando expreso mi frustración por la mediocre respuesta del Estado y sus instituciones al problema del acoso escolar, en general, y al que se hace en contra de las y los niños con discapacidad, en lo particular.
Muchas veces más, a lo largo de mi historia preescolar, escolar, colegial, universitaria e, incluso, laboral, he vuelto a ser víctima de bullying o acoso, sobre todo por causa de mi discapacidad visual; sin embargo, después de madurar la situación, hoy estoy seguro de que la no violencia, que ha sido siempre mi respuesta, no ha sido un acto de cobardía, sino, por el contrario, una valiente actitud, deliberada y consciente, de un ser humano que dejó atrás sus bajos instintos simiescos, para abrazar a la lógica, la razón, el sentido común y la compasión, como valores éticos supremos de mi trascendencia como un ser de luz, en medio de tanta oscuridad.
De este modo, repito, estoy calificado para señalar la hipocresía de los religiosos, los empresarios, los burócratas, los políticos y todos los que, de una u otra manera, se erigen en representantes de las poblaciones vulnerables, pero que solo lo hacen en beneficio propio.
Asimismo, ser sobreviviente a esta patología social me da la estatura ética, ideológica e intelectual para exigir, ahora sí, a las instituciones públicas y a todas las dependencias descentralizadas, autónomas y jerarquizadas de los tres poderes del Estado costarricense, que las leyes y los convenios internacionales, en materia de derechos humanos, no solo tienen rango constitucional, sino que deben cumplirse y dar pie a nuevos instrumentos jurídicos que sancionen a quienes los vulneren.
A las poblaciones histórica y sistemáticamente excluidas, denigradas y discriminadas, como mujeres, población LGTBIQ+, afrodescendientes, habitantes originarios, inmigrantes y otros, yo les pido, en nombre de la población con discapacidad, que apoyen nuestra lucha, en procura de reivindicar nuestros inalienables derechos humanos, así como la batalla en contra del acoso en perjuicio de nuestras niñas y niños.
A las personas con discapacidad, les ruego que desconozcamos a las instituciones que, supuestamente, nos representan y, a su vez, unamos fuerzas para que nuestros problemas, inquietudes, esperanzas, expectativas y anhelos sean escuchados por los poderes del Estado y quienes ostentan su representación.
Llegó la hora de organizarse y actuar, porque nadie va a dar la lucha por nosotras y nosotros, si no tomamos la defensa de nuestra dignidad en nuestras propias manos.
