Durante estos últimos meses, resulta casi imposible ignorar el inicio de las campañas políticas de algunos precandidatos y de una serie de manifestaciones ideológicas que han venido tomando fuerza en nuestro país. Me refiero a las ideas populistas a las que han estado apostando algunos políticos tradicionales y precandidatos a la presidencia de la República de Costa Rica; mediante propuestas que afirman en retomar las “riendas del país que está perdido”.
En una contienda que empieza a calentar, algunos políticos tradicionales (algunos participan por quinta vez), tienen las fervientes intenciones de tomar posición en la mente de los costarricenses. Empleando la “vieja pero segura” idea de abordar los problemas más impopulares de la realidad nacional con propuestas sencillas.
Es importante destacar los problemas que afectan nuestro país, sin embargo, parece que el abordaje es usado por los políticos para convertirse en la catapulta que eleva sus ratings de popularidad. En esta ocasión me referiré al detestable problema del déficit fiscal que estruja el financiamiento, posicionamiento y proyección económica de Costa Rica.
El país inicia el año con un panorama de mayor incertidumbre. Dos de las tres calificadoras internacionales de riesgo soberano fijaron para Costa Rica un panorama con mayor incertidumbre. Recordemos que la calificación de riesgo soberano representa la incertidumbre que genera el país frente al mercado financiero internacional, donde refleja información a los inversionistas sobre la solvencia de este y permite suponer el estado de la economía.
Diversos medios de comunicación y los jerarcas del Ministerio de Hacienda han estado mencionando con frecuencia las repercusiones que esto generaría para el país. Sin embargo, es necesario destacar las medidas que el gobierno ha logrado impulsar: la disminución y contención del gasto público.
Los proyectos que tuvieron mayor fluidez en la Asamblea Legislativa son la ley de lucha contra el contrabando, lucha contra el fraude fiscal y los cuatro proyectos de temas de pensiones de lujo.
No obstante, Franklin Corella, diputado del PAC, afirma que “actualmente la Asamblea Legislativa se encuentra en la segunda fase de la agenda fiscal sobre empleo público, la modificación del IVA y la del impuesto de renta, pero la discusión se mantiene detenida con el propósito de construir un acuerdo que permita que la agenda avance con mayor agilidad”.
Por otra parte, el diputado también comentó que se han valorado otras opciones en los proyectos de ley del IVA y Renta. Explicó que se discute la posibilidad de no subir el porcentaje de cobro, pero modernizar la aplicación de los dos tributos mediante el control de la cadena de cobro.
Lamentablemente, el Congreso se encuentra estancado debido a que los partidos políticos se encuentran en precampaña. Esta situación diluye las intenciones por avanzar en temas de corte fiscal aún en el marco de las recientes preocupaciones del Ministerio de Hacienda y las medidas anunciadas por las calificadoras internacionales.
También el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en el que Costa Rica está en proceso de ingresar, recomendó reducir la deuda fiscal; esto presiona aun más para que se controlen los problemas fiscales.
En general, el gobierno ha mejorado en la recaudación de impuesto y contención del gasto, tendencia que viene desde el 2016, pero el Ministerio de Hacienda se mantiene con incertidumbre en las proyecciones realizadas al año 2020. Dejar de lado la agenda fiscal y pausar la discusión en el Congreso puede generar retrocesos en la economía nacional. La posición que tomen los partidos políticos sobre este tema podría tener un costo político en diversos sectores, por esto la atención se concentra en otros puntos de la agenda legislativa y en las precampañas que se están realizando.
