30 de julio de 1975

En febrero de este año tuve la oportunidad de visitar el campus de la Universidad de El Salvador (UES) en San Salvador

En febrero de este año tuve la oportunidad de visitar el campus de la Universidad de El Salvador (UES) en San Salvador. Llamó mi atención la cantidad de grafitis conmemorando la fecha del 30 de julio de 1975 y considero mi deber como universitario y centroamericano unirme a ese espacio de memoria.

La masacre de universitarios ocurrida frente al edificio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) involucra la defensa de estudiantes, administrativos y docentes de dos elementos fundamentales de la vida universitaria: su autonomía y su regionalización. La protesta tiene su origen en el rechazo de la comunidad universitaria a la intervención militar ejecutada en el campus del Centro Universitario de Occidente de la UES en la ciudad de Santa Ana. Así, ese 30 de julio de 1975, se convoca una marcha desde la Facultad de Ciencias y Humanidades. Esta, mientras avanzaba sobre la 25 Avenida Norte, es violentamente reprimida por cuerpos policiales y militares. Con tanquetas, armas letales y gases lacrimógenos la marcha fue emboscada y dispersada.

Hasta el día de hoy no se ha precisado con exactitud la cantidad de muertos provocados por la embestida militar. La Asociación General de Estudiantes de la UES (Ageus) los calcula en un centenar. En una táctica de terrorismo de Estado los cuerpos fueron retirados de la zona por camiones militares, escondiendo así la evidencia del accionar de las fuerzas de seguridad. Los nombres de algunos de los caídos se conocen por el testimonio de los sobrevivientes, quienes presenciaron el momento de la muerte de sus compañeros. Igualmente, muchos de los participantes aún actualmente se mantienen en listas de desaparecidos.

Este acto se suma a una cadena represiva del Gobierno en contra de la UES en la conflictiva década de 1970, preámbulo de la guerra civil de 1980-1992. La reforma universitaria impulsada por el rector Fabio Castillo en 1963 significó una politización y radicalización del estudiantado, con una mayor democratización del acceso a la educación superior (la cantidad de alumnos se duplicó entre 1963 y 1968), la apertura de centros regionales en Oriente y Occidente, una mayor participación estudiantil en el gobierno universitario, la institucionalización de las Humanidades y las ciencias sociales en el programa de Áreas Comunes. En resumen, un mayor vínculo entre sociedad y universidad. Este proceso se truncó violentamente con la intervención militar de 1972 y el exilio, en muchos casos hacia Costa Rica, de las autoridades que impulsaron la reforma. La UES se consideró un objetivo militar al ser “tomada por comunistas”.

Después de su reapertura, con un manejo directo del poder Ejecutivo por medio del Consejo de Administración Provisional de la Universidad de El Salvador (Capues), este centro de estudios afrontó la masacre antes descrita en 1975 y un cierre de seis meses en 1977. Finalmente, en 1980 es nuevamente intervenida militarmente por considerarse un foco subversivo, motivo por el cual es clausurada hasta 1984. Además, en ese año particularmente violento de 1980, es asesinado el rector Félix Ulloa.

En una sociedad que ha dejado la mayoría de estos crímenes impunes, la memoria se convierte en un espacio de rebeldía. La comunidad universitaria salvadoreña guarda como signo de protesta el recuerdo de estos hechos. Por ejemplo el 26 de junio, día de la última intervención militar, es el Día del Trabajador Universitario de la UES. Recordar estos sucesos es actualizar la función de la universidad en la sociedad centroamericana, con el alto costo que ha pagado por ejercer su papel crítico y de conciencia en una región tan conflictiva.


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