En 64 años de haberse otorgado la concesión minera en Bellavista, Miramar y sus alrededores no se han visto salpicados por el oro y la plata sacada de sus montes.
Numerosas irregularidades han pasado desde ese entonces: empezando con la pugna entre concesionarios hasta los estudios ambientales inexistentes, o deficientes cuando los hubo, como es el Plan de Gestión homologado a Estudio de Impacto Ambiental para autorizar la extracción de oro a cielo abierto a principios de este siglo XXI.
La historia también da cuenta de políticos ignorantes: primero fue Calderón Fournier mutilando la Zona Protectora Montes de Oro para ampliar el tajo y aumentar las áreas del saqueo minero. Luego sería Miguel Angel Rodríguez, quien, desde la Casa Presidencial, dictó la orden de abrir los cielos para sacar el oro ignorando argumentos de expertos.
Ni geólogos nacionales ni extranjeros dan cuenta del colapso minero en Bellavista. Sería otro profesional quien dejó constancia en expedientes, que desde octubre 2006 se advertían bandas retorcidas que transportaban el mineral hasta las pilas de lixiviación al aire libre.
Un año completo de caída lenta hasta que, en la madrugada del 22 de octubre del 2007, la mina cayó aterrando la Planta donde procesaban el oro e inundando con barro la pila de soluciones cianuradas que desbordó hasta caer al Río Ciruelas que desemboca en el Golfo de Nicoya.
Los geólogos de Setena y la Dirección de Geología y Minas callan desde entonces.
No se hicieron estudios serios que den cuenta del colapso; nunca se practicó el cierre técnico; la concesión sigue vigente; continuaron operando basados en exploración minera sin estudios de respaldo. Se mantiene la usurpación de terrenos públicos: una calle pública se privatizó, sobre otra calle se construyó parte de la escombrera, continúa la ocupación minera de las instalaciones y terrenos donde estuvo la Escuela Bellavista, las nacientes Montezuma I y Montezuma II de uso público desde 1957 se desconectaron del acueducto municipal.
Hay impunidad ambiental en todos los permisos y concesiones mineras que se han otorgado en Costa Rica.
La pobreza heredada por la minería durante el siglo 20 sigue vigente. Prueba de ello son los coligalleros empobrecidos, clamando pan y agua en tiempos de pandemia en las calles de Abangares.
Aún sorprende la ignorancia de los políticos nacionales que hoy proponen soluciones fiscales basadas en el oro y la plata, por desconocer la realidad minera y olvidándose de regular los desórdenes que han propiciado las leyes mal concebidas.
Hay capítulos negros escritos por la minería con el sudor, la sangre y las vidas empobrecidas en Macacona, Miramar, Beta Vargas, Abangares, Crucitas y Guaitilar.
