Una vez más, Yerlis Ballesteros está huyendo para no morir. De pequeña lo hizo de la mano de su madre. Ahora se vio forzada a salir con sus dos hijos de las montañas de Colombia donde combatió antes de tratar de vivir en paz.
Sin embargo, la violencia que financia el narcotráfico arruinó sus planes y los de sus excompañeros en la disuelta guerrilla de las FARC.
El miércoles, 93 antiguos rebeldes y sus familiares emprendieron un viaje sin regreso en plena pandemia, tras llorar a 12 de los suyos asesinados en los últimos cuatro años.
“Se rebosó la copa. Ya no resistimos más que nos sigan matando compañeros”, dice esta mujer de 32 años, de contextura gruesa y lentes.
Atrás dejaron la aldea enclavada en lo alto de Ituango, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde primero pelearon a sangre y fuego y luego se convirtieron en gente de paz.
En una caravana de vehículos escoltada por la fuerza pública partieron hacia Mutatá, también en Antioquia, pero a cientos de kilómetros de ahí, donde hace un calor desconocido para ellos, en el primer éxodo colectivo que enfrentan los exguerrilleros que firmaron la paz en 2016.
Dieron las gracias a sus vecinos, cargaron sus animales en camiones y se despidieron sin abrazos por culpa del nuevo coronavirus, antes de tomar carretera. Fue un viaje de desarraigo y tristeza que duró 23 horas y que los llevó a tierras extrañas donde excompañeros de armas les darán acogida como desplazados.
Repetir la historia
Siendo muy pequeña, Yerlis Ballesteros sufrió por primera vez el desplazamiento forzado. Apenas recuerda que corrió con su madre y dos hermanos para salvar sus vidas.
Ya adolescente se unió a las FARC. Duró combatiendo 12 años en la guerrilla que desde 1964 enfrentó al Estado colombiano en una feroz lucha que más adelante involucró a paramilitares de ultraderecha y también obligó a cientos de miles de campesinos a huir.
Los máximos responsables de la rebelión armada deberán rendir cuentas a la justicia de paz por ese y otros crímenes graves.
A causa del conflicto, más de ocho millones de personas han sido forzadas a moverse de sus lugares de origen desde 1985, según el registro oficial de víctimas.
Y en el caso de los exguerrilleros de Ituango la historia de desarraigo se repite.
John Taborda tenía cinco años cuando los paramilitares hicieron huir a su familia. “Perdimos absolutamente todo”, sostiene. Peleó del lado de la insurgencia, firmó la paz y hoy a sus 27 años tiene que volver a “empezar de cero”.
“Confiamos en la buena fe del gobierno, que iba a tener las condiciones, los mecanismos para la protección y seguridad (…) Y es un poco frustrante tener que aceptar que esto no es posible”, agrega.
La violencia sin ellos
Después de entregar las armas, Ballesteros y unos 300 exguerrilleros levantaron una pequeña aldea y se iniciaron como cultivadores o criadores de animales.
Sin embargo, en esa zona la violencia siguió sin ellos y transformó en víctimas a los guerreros de antaño.
Pronto quedaron a merced de antiguos camaradas que se marginaron del proceso de paz, del Clan del Golfo y de Los Caparrapos, poderosos ejércitos que se disputan la minería ilegal, los narcocultivos y las rutas para la salida de la droga.
El Estado colombiano no logró asumir el dominio de este territorio, pese a poner fin a la guerra con las FARC. En enero César Herrera, un excompañero de Yerlis, fue asesinado camino a la aldea donde cumplía su proceso de reincorporación social y económica.
El proceso de paz que aplaudió el mundo se está desangrando lentamente. Ya van 219 exguerrilleros asesinados y varios de los puntos del histórico acuerdo no han salido del papel, según el ahora partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
El fracaso
De los 13.000 hombres y mujeres que se apartaron de la guerra, casi unos 3.000 viven en 23 espacios como el que quedó deshabitado en Ituango. En varios de esos puntos la guerra siguió.
“En ese pedazo de territorio el proceso de paz fracasó. Juntamos más de 300 excombatientes. Y ahorita quedan solo siete”, señala Jesús Arenas, de 58 años y dirigente del partido FARC en Ituango.
Antes de que saliera el grupo de 93 exguerrilleros, decenas ya habían dejado la aldea por la latente amenaza a sus vidas. A pesar de los riesgos, siete decidieron permanecer en las montañas de Ituango.
El gobierno colombiano evita hablar de “desplazamiento”. Sin embargo, reconoce que recomendó a esas personas moverse a otro sitio con la protección de las fuerzas armadas porque donde estaban “efectivamente hay una disputa del narcotráfico”, según Emilio Archila, consejero presidencial para el posconflicto.
Ya en Mutatá, en la que será su nueva aldea, Yerlis Ballesteros y sus compañeros se reafirman en su compromiso de no volver a las armas. Ella solo quiere “no volver a repetir esta historia” de desplazamiento por tercera vez.
por Héctor Velasco en Bogotá
