La exfiscal general venezolana Luisa Ortega, expresó el día de hoy en conferencia de prensa que su país “día a día sufre falta de alimentos y medicinas, lo cual degrada la calidad de vida. Hay una sistemática violación de los derechos humanos”.
Tras recordar durante el último ciclo de manifestaciones perdieron la vida más de 130 personas, dijo tener pruebas “contundentes” del uso de armas de fuego en las manifestaciones por parte de las autoridades, así como de la modificación de municiones para eliminar pruebas.
Añadió que en su país hay “detenciones arbitrarias, tortura” y dijo que todo ello es encubierto por “altos mandos”.
Ortega ofreció esas declaraciones esta mañana, en las oficinas de la Fiscalía General de la República durante una conferencia de prensa que compartió con el fiscal general Jorge Chavarría, quien la recibió además en su calidad de secretario general de la Asociación Iberoamericana de Fiscales Públicos.
La abogada añadió que Costa Rica representa un “apoyo muy importante para nuestra causa por la solidez de las instituciones de este país”, añadió que esa causa es “la democracia, la preservación de las instituciones y la libertad”.
“NO PUEDO REGRESAR”
Ortega fue elegida para ocupar el cargo de Fiscal General por la Asamblea Nacional de Venezuela en el 2007, para ocupar el cargo durante un periodo de seis años, luego de los cuales fue ratificada para un nuevo periodo en el 2014, que debió concluir en el 2021; sin embargo fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto tras una votación unánime de la Asamblea Nacional Constituyente.
La exfuncionaria cobró notoriedad cuando denunció lo que llamó ruptura del orden constitucional, cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó de sus funciones a la Asamblea Nacional.
Durante la conferencia de prensa además denunció que en su país “no se respetan las órdenes de excarcelación”, pues según dijo hay 37 órdenes de ese tipo que no se cumplen. “El derecho a la defensa no existe en Venezuela”, aseveró y citó el caso de Yon Goicoechea, quien sigue preso a pesar de que se ordenó su excarcelación.
En reiteradas ocasiones calificó como “ilegítima” a la Asamblea Nacional Constituyente y la criticó pues según dijo “busca mecanismos de violación de derechos humanos y la aniquilación de la disidencia política”.
Tras apuntar que Venezuela “necesita urgentemente el rescate de la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos”, observó que más de dos millones de venezolanos han tenido que huir del país por la situación de precariedad o por persecución.
Aseveró que se hadado el problema dela existencia de grupos de civiles armados, pues “el gobierno ha armado a la población”. Ante una pregunta de UNIVERSIDAD al respecto, dijo estar “en contra de la violencia venga de quién venga”, y si bien apuntó que “el derecho a la manifestación se pierde con la violencia”, también apuntó que “cuando se impide el derecho a la manifestación, se provoca que se originen hechos de violencia”.
Ortega además repitió que posee “muchas pruebas” de la vinculación del dirigente oficialista Diosdado Cabello en el célebre escándalo Odebrecht, sobre lo cual informó haberse reunido con fiscales de Estados Unidos y haber entregado pruebas en Brasil.
También vinculó al presidente venezolano Nicolás Maduro con la sustracción de “entre $8 y $10 millones en efectivo” a través de una empresa de comunicación.
Informó además que denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “tengo información de que Venezuela insiste en persecución en mi contra, de que pudieran contratar sicarios”.
“No puedo regresar, me van a encarcelar, desaparecer, a torturar. Allanaron mi casa dos veces, han perseguido a mi familia”, acotó.
Este Semanario buscó una reacción de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, pero no fue posible establecer contacto.
