La situación de los derechos humanos en América Latina atraviesa –desde hace décadas– momentos de enorme fragilidad: la violencia en Venezuela, con cientos de personas detenidas por manifestar sus ideas y decenas de muertos durante las manifestaciones callejeras; el espionaje, los atropellos del ejército y las policías junto con los crímenes del narco a periodistas y a la población civil en México; la política migratoria de la administración Trump en Estados Unidos y la persecución y división de las familias de inmigrantes en ese país.
Sobre estos temas, UNIVERSIDAD conversó con el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. A continuación un extracto de esa charla.
¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela de acuerdo con la información que ustedes tienen?
-Es muy grave, hay masivas violaciones que se producen en las calles, hay una represión muy fuerte por parte de la guardia nacional bolivariana, la policía nacional y por grupos de los llamados colectivos, que son civiles con licencia para portar armas, para disparar, partidarios del gobierno, verdaderas pandillas de delincuentes que actúan con total impunidad.
En esta instancia y según el Foro Penal Venezolano, hay más de 350 presos políticos, es decir, personas que están en prisión por sus ideas, hay 355 casos de civiles que están siendo procesados en instancias militares, acusados de rebelión o de traición a la patria por hechos que, pueden constituir algún delito, pero bajo ninguna circunstancia en un régimen democrático se puede dar una situación de esta naturaleza, algo más bien típico de Pinochet, pero que lamentablemente hoy se da en Venezuela.
La concentración de poder es total, Venezuela hoy está gobernada por una dictadura cívico militar que se aferra al poder a cualquier costo y al mismo tiempo se han suspendido las elecciones. Hay un clima de fuerte censura hacia los medios de prensa independientes y, el gobierno sigue persiguiendo a la sociedad civil, a los líderes de la oposición, es una situación de una gravedad extrema que exige y que justifica un posicionamiento de la OEA que lamentablemente hasta ahora no se ha dado.
¿En un país tan fragmentado y polarizado como Venezuela, se puede hablar de que está inmerso en un baño de sangre?
-Hasta ahora se han producido gravísimas violaciones a los derechos humanos, en los últimos 70 días, hay más de 70 muertos, hay muchos heridos, hay miles de personas detenidas, hay un nivel de temor plenamente justificado por parte de aquellos que se manifiestan pacíficamente en las calles o que se identifican con la oposición, pero creo que todavía no estamos ante un baño de sangre. Un baño de sangre es algo que podría ocurrir en Venezuela y justamente por ello, para evitar una circunstancia de esta naturaleza, se requiere de un pronunciamiento contundente, sólido, por parte de la OEA que hasta ahora no ha ocurrido.
Otro de los países que preocupan en materia de derechos humanos es México, a los asesinatos impunes se suma ahora una grave denuncia de espionaje político. ¿Cuál es el diagnóstico sobre México que es el otro gran punto caliente?
-En México desde hace ya muchos años se están cometiendo muchas violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, especialmente del ejército, pero también por parte de las policías y hay además gravísimos abusos por parte de los carteles de la droga.
Esto se ha traducido en cifras realmente chocantes de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, muchos casos de torturas en un ambiente donde lamentablemente la impunidad también ha sido la norma, no ha sido la excepción. El periodismo es muy difícil de ejercerlo especialmente en aquellos Estados de México en donde hay alto riesgo, por la presencia del crimen organizado y la corrupción de las autoridades y eso obliga a muchos medios a autocensurarse por el riesgo que representa informar en términos objetivos y con contundencia.
Creo que en México hay mucho por hacer, hay que fortalecer los mecanismos de investigación, y la denuncia que se hizo el New York Times sobre el espionaje a defensores de derechos humanos y a periodistas es, obviamente, de una enorme gravedad. El gobierno de México niega responsabilidades en estos hechos, yo creo que esto es un dato importante, el que el gobierno de México lo niegue, pero haría falta aun más, que el gobierno de México se comprometa a promover a la brevedad posible una investigación rigurosa, seria, para llegar a las responsabilidades por este espionaje tanto a defensores como a conocidos periodistas que investigan hechos de abusos y de corrupción en el país.
En ambos casos en México y en Venezuela, los gobiernos, el aparato institucional, niegan los señalamientos que se les hacen desde la oposición y desde organismos de derechos humanos. ¿Cuáles son las posibilidades de contención a estos países, estos regímenes?
-A ver, a mí no me parece que sea equilibrado u objetivo poner a Venezuela en el mismo sitio que México o en el mismo sitio de Colombia o Brasil o Perú. Venezuela es un caso muy particular, y lo es porque estamos frente a un régimen, que es la práctica dictatorial y que tiene acorralada la mayoría de la población, que se ha aferrado al poder y no respeta las normas básicas de un Estado de Derecho.
Es una situación absolutamente anómala, donde el régimen instruye a sus agentes para detener, para reprimir a aquellos que se manifiestan pacíficamente en oposición al régimen. Es un régimen que se niega incluso a prestar la más mínima cooperación con los mecanismos internacionales de protección en materia de derechos humanos, no se aceptan visitas ni exámenes por parte de relatores especiales de las Naciones Unidas, ni la Comisión Americana de Derechos Humanos, situación que no corresponde a los otros países que podrán tener un récord muy grave de derechos humanos pero la actitud de los gobiernos, que además no tienen el carácter de una dictadura, genera una enorme diferencia con lo que está ocurriendo en Venezuela.
Venezuela es un caso realmente crítico donde se justifica plenamente una reunión de esta naturaleza, Venezuela es el objetivo central de las discusiones en el marco de la OEA, digamos a mí me parece que obviamente la Comisión Interamericana y la Corte tienen un rol que cumplir en la defensa y promoción de derechos humanos en otros países de la región, pero insisto, la situación de Venezuela es extraordinariamente grave. No olvidemos que se trata además de un país que ha incurrido en algo que no tiene precedentes en la región como es retirarse primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el principal tratado sobre derechos humanos, y luego retirarse de la OEA. Eso creo que es muy revelador de la actitud de un régimen que no está dispuesto a jugar conforme a las reglas del juego, del sistema interamericano.
En Estados Unidos, el endurecimiento de la política migratoria también causa dolor a muchos inmigrantes y ha dividido a muchas familias. ¿Qué perspectiva ve usted para esta población y para la salvaguarda de los derechos humanos de esa población migrante?
-La política anunciada por el gobierno actual de los Estados Unidos del Presidente Donald Trump, de una masiva deportación de inmigrantes indocumentados constituye una amenaza muy grave, muy seria, a los derechos humanos en los Estados Unidos, con un perjuicio directo a probablemente millones de familias mexicanas y centroamericanas. Estamos hablando de una política que ojalá sea suspendida, pero que todo indica que el gobierno actual la va a llevar a cabo hasta el final. El daño, el dolor, la injusticia que una política de esa naturaleza le va a generar especialmente a esos inmigrantes que han echado raíces en Estados Unidos, que tienen familia, tienen hijos, tienen esposa o esposo, desarrollan una actividad profesional o comercial, tiene propiedad en los Estados Unidos, han hecho toda una vida en los Estados Unidos y de la noche a la mañana ser detenidos y deportados, a un país que probablemente ya ha dejado de ser el suyo por los años que han pasado en los Estados Unidos, me parece que es un hecho de la mayor gravedad y que no tiene la más mínima justificación.
Ojalá, insisto, exista un fuerte debate en los Estados Unidos, que todavía no se está dando. Nosotros estamos decididos a documentar casos y denunciarlos con el propósito de idealmente influir en la opinión norteamericana, porque creemos que, si se da un debate fuerte, serio, es posible que las actuales autoridades modifiquen esta política o por lo menos la intención de masivamente recurrir a una práctica de esta naturaleza.
