Desigualdad galopante, crisis política aguda, datos económicos engañosos, angustia social, fragilidad institucional, los síntomas de una democracia al borde del colapso florecen sobre la realidad social de Perú.
La imposibilidad de asumir la presidencia pro tempore de la Alianza Pacífico, cuya cumbre en México esta semana debió suspenderse porque el Congreso peruano no autorizó su salida; la amenaza de un paro nacional del sector transportista para esta semana; una acusación por corrupción y crimen organizado presentada por la fiscal Patricia Benavides ante el Congreso y que fue acogida por este; y la posibilidad de inhabilitación por cinco años que estudia un Comisión Especial Constitucional en el Congreso por “traición a la patria” son las algunas de las presiones políticas que enfrenta el presidente de Perú, Pedro Castillo esta semana, en una creciente tensión en ese país.
Sometido a la mayor andanada de ataques de sus opositores a que haya sobrevivido un presidente peruano y con una crisis de gobernabilidad que amenaza la estabilidad democrática del país, el mandatario Castillo acudió a la Organización de Estados Americanos como recurso fiscalizador de la aguda tormenta política que vive su país.
El lunes 21 de noviembre llegó a Lima un Grupo de Alto Nivel de la OEA para conocer la situación. La misión fue aprobada en octubre por el Consejo Permanente de la OEA y enviada a pedido del mandatario izquierdista, quien invocó aplicar “la Carta Democrática Interamericana”.
El grupo lo conforman los cancilleres de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; de Paraguay, Julio César Arriola; de Costa Rica, Arnoldo André; y de Belice, Eamon Courtenay. También, la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil; el vicecanciller de Argentina, Pablo Tettamanti; y el paraguayo Eladio Loizaga, como representante de la secretaría general de la OEA.
“He recibido al Grupo de Alto Nivel de la OEA para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos”, dijo Castillo vía Twitter.
La delegación se trasladó luego al parlamento, donde fue recibida por el jefe del Congreso y líderes de las bancadas. En el exterior, una nutrida marcha progubernamental clamaba “¡cierren el congreso!”, mientras otra manifestación de opositores les salió al paso coreando “OEA escucha respeta mi país”, “Vacancia ya”, sin que se registraran incidentes entre ambos bandos, informó AFP.
“No hay ninguna intención del Congreso de hacer un golpe de Estado. El Congreso es respetuoso de la independencia de poderes”, dijo, en conferencia de prensa posterior a la reunión, el jefe del Congreso, José Daniel Williams Zapata, un general del Ejército que comandó patrullas antisubversivas durante los años de la violencia (1980-2000).
“Lo principal es que en el país no existe un golpe de Estado, ni manifiesto ni encubierto”, dijo a la prensa la congresista del partido derechista Fuerza Popular, Patricia Juárez, cuando resumió el mensaje transmitido a la delegación.
El informe que pretende inhabilitar al presidente se sustenta en una entrevista que brindó Castillo en enero a la cadena CNN en español, donde no descartó facilitar el acceso al mar de Bolivia si la población lo decidía a través de una consulta popular.
Castillo había manejado esa posibilidad de concesión antes de llegar a la presidencia en 2021. Tras la guerra del Pacífico (1879-1884), que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile, Perú perdió sus dos regiones más australes —Arica y Tarapacá— y Bolivia su salida al mar.
La crisis del ejecutivo, seis años en la cuerda floja
Aunque el actual es un presidente elegido por una coalición de izquierda, sus antecesores no han corrido mejor suerte con una oposición proclive al expresidente Alberto Fujimori y a las aspiraciones presidenciales de su hija Keiko.
Desde las elecciones generales de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue electo presidente de la República venciendo en segunda vuelta a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, inició una crisis permanente.
La derrotada Keiko Fujimori utiliza su respaldo en la oposición para vacar a Kuczynski, quien es acusado de que una empresa a la que está asociado recibió sobornos de la brasileña Odebrecht. La vacancia no procede y unos días después el presidente Kuczynski, en un aparente intento de negociación, indulta al exdictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, se presenta una nueva solicitud de vacancia y el mandatario renuncia en marzo de 2018.
El descalabro político a que ese recurso de vacancia, convertido en arma predilecta de los opositores, dio paso, condujo a una crisis en el ejecutivo que vio pasar cinco presidentes.
Después de la presidencia de PPK, que duró solo dos años tras su renuncia el 23 de marzo de 2018, llegó Martín Vizcarra que fue vacado por el Congreso de la República por “incapacidad moral” y hoy es investigado por los presuntos delitos de cohecho, colusión y asociación ilícita para delinquir. Siguió Manuel Merino, pero duró menos de cinco días, pues renunció ante las protestas sociales. Entonces, asumió Francisco Sagasti, quien fue presidente del Perú desde noviembre de 2020 hasta julio de 2021.
Para las elecciones del año pasado, Keiko Fujimori fue nuevamente derrotada en segunda ronda, esta vez por el izquierdista Pedro Castillo. De inmediato, la candidata desconoció el resultado electoral alegando que hubo fraude, pese a que los observadores internacionales y de la OEA rechazaron esas acusaciones.
La profunda polarización surgida del proceso electoral deja al Gobierno ante una oposición poderosa que ejerce importante presión sobre el ejecutivo y lo amenaza constantemente con la vacancia.
Desde que asumió, Pedro Castillo se ha enfrentado a una oposición férrea, ante la cual ha hecho toda clase de concesiones, como cambios constantes en su gabinete (ha tenido siete ministros de Interior), separación de aliados políticos, (el 30 de junio, Castillo renunció al partido Perú Libre, que lo llevó al poder) postergación o reforma de proyectos, todo en aras de lograr una estabilidad que le permita gobernar. Pero no se han aquietado las aguas.
Judicialización de la política
En varias denuncias que se han presentado contra el presidente Castillo, más con tintes políticos que con pruebas, se le acusa por adjudicación de contratos de obras públicas que favorecían a familiares y amigos con el fin de cobrar sobornos, tráfico de influencias en los ascensos militares y encubrimiento y obstrucción a la justicia.
La fiscal Patricia Benavides presentó ante el Congreso una denuncia más por corrupción en octubre, llamó organización criminal y recientemente fue acogida por los parlamentarios, por lo que el presidente se ve sujeto constantes comparecencias y controles respecto de su capacidad de salir del país. Mientras, los afanes de inhabilitar y provocar su renuncia siguen su marcha.
El mes pasado, en los pasillos del Parlamento señalaban que, si no lograban 87 adhesiones para la vacancia del jefe de Estado por incapacidad moral permanente, optarían por votar la traición a la patria. El Congreso requiere mayoría simple (65 votos) para aprobarla, pero además tendrá que evaluar los costos políticos que implica forzar la figura de la traición a la patria.
Por el momento hay 66 votos a favor de la vacancia. Allí se cuentan los del fujimorismo —la bancada de Fuerza Popular tiene el mayor número de miembros (24) y es la única que no se ha fragmentado— y las de otros grupos políticos de derecha y de ultraderecha, además de congresistas «no agrupados» que abandonaron su bancada. Dos partidos políticos sin ideología definida, Acción Popular (14) y Alianza para el Progreso (9), suelen votar divididos. Por lo tanto, algunos están a favor de que se vaya Castillo.
Protestas ambiguas
Ahora, Castillo enfrenta además presiones de quienes fueron sus votantes quienes, aunque tengan una idea de las maquinaciones políticas en el Congreso, tienen demandas urgentes al Gobierno. Como los damnificados por dos grandes derrames petroleros, los agobios por la crisis económica internacional que afecta el precio y la escasez de alimentos, la subida en precios del transporte, entre otros.
Uno de quienes pide atención a sus demandas es el jefe indígena Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama para el desarrollo y conservación de San Pablo de Tipishca.
Según una reciente encuesta de la consultora Datum, 26% de la población respalda la gestión del presidente, 60% cree que deberían vacarlo o suspenderlo y 37% prefiere que termine su período en 2026. Acerca del Legislativo, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de fines de octubre reporta que 81% de consultados lo desaprueba y 56% cree que convocar a elecciones generales sería lo más conveniente para el país.
Crisis social y desigualdad
Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Perú se ha convertido en el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica. La principal causa de esta inseguridad es una tasa de pobreza que este año alcanza a la cuarta parte de la población.
Actualmente, unos 16,6 millones de personas, más de la mitad de la población, no tiene acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos en Perú, pese a que el Banco Mundial clasifica a ese país como una economía de ingresos medios altos que puede producir todos los alimentos que necesita.
Un estudio de 2021 de la FAO mostró que el 51% de la población vive en situación de inseguridad alimentaria y que el 20% de ese grupo sufre inseguridad alimentaria aguda.
Sin embargo, los informes financieros de la economía peruana se regocijan con sus números.
Desde 1993, durante la dictadura de Fujimori, se le dio independencia al Banco Central de Reserva de Perú con lo que se aseguró la estabilidad para el sector capitalista.
Según el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto ha multiplicado por más de seis su valor desde 1993 y si en 2001 un 20,3% de los peruanos vivía con menos de US$2,15 al día en 2022 esa cifra se había reducido al 5,8%.
Con 33 millones de habitantes, Perú no solo fue el país del mundo con más muertes por Covid-19 registradas por millón de habitantes, sino que la pandemia golpeó a los más vulnerables al enviar a millones de personas a casa y sin ingresos, pues más de 70% del empleo es informal en Perú.
Otro de los aspectos clave para la estabilidad económica financiera de Perú, que se instauró en la Constitución aprobada por el gobierno de Fujimori, fue la imposibilidad de renegociar con los inversionistas extranjeros que estaban establecidos en el país.
En la campaña que le llevó a la presidencia, Pedro Castillo hizo de la renegociación con las compañías extranjeras una de sus banderas, pero su gobierno no parece que llegue a poder concretar esas promesas.
