La caravana partió el sábado de San Pedro Sula. Iban por lo menos 300 personas, entre hombres, mujeres y niños. Centenares, a pie. Pretenden llegar a los Estados Unidos. “No nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza”, es el lema que los anima.
Creen que se les irán sumando muchos otros en el camino. Pero es difícil imaginar que esa abigarrada multitud pueda cruzar México y llegar a pie a los Estados Unidos.
La marcha se inició a menos de una semana de que, en la segunda “Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en América Central”, celebrada el 11 y 12 de octubre en Washington, el vicepresidente estadounidense, Michael Pence, le advirtiera a los gobernantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, para que tomasen medidas y evitaran que continuase la inmigración ilegal hacia el norte.
Millones de inmigrantes
Fuentes hondureñas estiman que más de un millón de sus conciudadanos viven en Estados Unidos. Según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), esa cifra es de casi 600 mil, de los cuales 350 mil son inmigrantes no autorizados y 61 mil disfrutan del Estatus de Protección Temporal.
Los salvadoreños en Estados Unidos serían poco más de 1,3 millones, de los cuales cerca de 700 mil son inmigrantes no autorizados y otros 204 mil están acogidos al Estatus de Protección Temporal.
Finalmente, la OIM estima en cerca de 927 mil los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, de los cuales 525 mil serían inmigrantes no autorizados.
Los datos de la OIM son bastante más reducidos si se comparan con otras fuentes. No es difícil encontrar, por ejemplo, las que estiman en más de 2,5 millones solo los salvadoreños que viven en Estados Unidos. A los que no tienen su situación migratoria legalizada les preocupa especialmente la decisión del presidente Donald Trump de poner fin a ese Estatuto de Protección Temporal, bloqueada temporalmente por un juez federal.
La administración norteamericana, en todo caso, ha venido aplicando la medida de mantener en centros de detención especiales a los niños menores, separados de sus padres inmigrantes, y que podrían ser dados en adopción en caso de que esos padres fueran deportados.
Para tener una idea de lo que representan desde un punto de vista económico esa migración, las remesas enviadas a sus países de origen equivalen a casi el total de sus exportaciones. En el caso de Honduras, son la primera fuente de divisas y, el año pasado, llegaron a $4.355 millones. En El Salvador alcanzaron, en el mismo período, $5.021 millones, según el Banco Central salvadoreño, casi 10% más que el año anterior. Cifra que, en Guatemala, fue de casi $8,2 mil millones en 2017.
Regañados
La reunión de Washington, atendida por Pence, por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y por la encargada de la oficina de Seguridad Interior, Kirstjen M. Nielsen, fue la segunda promovida por el gobierno de Estados Unidos (con la copresidencia de México) y los países del Triángulo del Norte de Centroamérica. La primera fue celebrada el año pasado en Miami.
En el primer día, dedicado a la “prosperidad”, los participantes analizaron medidas para promover proyecto de desarrollo económico, infraestructura y energía. El segundo día estuvo dedicado a temas de “seguridad”, principalmente a la inmigración centroamericana, que preocupa tanto a Washington, y a las amenazas del crimen organizado.
“El vicepresidente busca fortalecer nuestra seguridad nacional al abordar temas claves como la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y promover la prosperidad de América Central”, señaló un comunicado oficial de la Casa Blanca.
Enfrentados a la amenaza de que el presidente Donald Trump pueda cortar la ayuda a sus países, los gobernantes de las tres naciones centroamericanas participantes han sido cuidadosos al criticar la “controversial política migratoria” del mandatario, estimaron periodistas al comentar el encuentro.
En realidad, esa ayuda es poco significativa, alcanzando $140 millones de para Guatemala, $95 millones para Honduras y $72 millones para El Salvador.
Pence afirmó que más de la mitad de los inmigrantes indocumentados que ingresaron por la frontera con México, detenidos en Estados Unidos, provienen de los tres países.
En junio pasado, en una visita a Guatemala, Pence ya había advertido a los países centroamericanos, insistiendo en que debían tomar medidas para fortalecer el control de sus fronteras y evitar esa inmigración. Calificada de criminal por la administración norteamericana, Trump hizo de la construcción de un muro fronterizo con México un tema central de su campaña.
El vicepresidente insistió en que los gobernantes centroamericanos les digan a sus ciudadanos que no deberían tratar de entrar ilegalmente a los Estados Unidos, que si no lo podían entrar legalmente, que mejor no vinieran, porque se iban a enfrentar a situaciones difíciles.
Rachel Rosenberg, investigadora asociada del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), destacó la exigencia de Pence para que los gobiernos centroamericanos hicieran más para contener esa inmigración. “Los temas estructurales que promueven la masiva inmigración centroamericana parecen ser un tema polémico para la administración Trump”, agregó.
Presionado por Pence, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, reelegido en dudosas elecciones con el apoyo de los Estados Unidos, reclamó que necesitaba una respuesta a la situación de los niños hondureños detenidos y separados de sus padres.
“Yo no puedo volver a Honduras sin una respuesta” a este problema, se lamentó Hernández. “Imagínese si un niño de su país se encontrara en esa situación. Usted podría entender el rechazo que esto provoca en mi país, la enorme presión que enfrento, es un asunto de humanidad”, dijo el presidente hondureño, dirigiéndose a Kirstjen Nielsen.
En todo caso, para Washington, como reiteró Pence, el tema es considerado como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.
Consecuencias fatales
La política de cerrar las puertas a la inmigración centroamericana adoptada por la administración Trump tendrá “consecuencias fatales para toda la región”, estimó Joaquín Villalobos, un exguerrillero salvadoreño que ahora sirve de asesor a Gobiernos e instituciones conservadoras.
“El presidente Trump ha planteado construir un muro que cerraría la válvula de escape a la presión demográfica de la región, al mismo tiempo ha anunciado deportaciones masivas, impuestos a las remesas y erradicación de las ‘maras’ en Estados Unidos expulsando a sus miembros a Centroamérica”, afirmó Villalobos.
El exguerrillero recordó que en los últimos doce años ha habido casi 190 mil homicidios en Guatemala, Honduras y El Salvador, cifra que compara con los 220 mil muertos en los 50 años de guerra civil en Colombia.
Esto coloca la región como “la más violenta del planeta”, y recuerda que “la deportación sistemática de delincuentes fue lo que llevó a las pandillas de Los Ángeles a Centroamérica. Una vez allí estas se multiplicaron por la pobreza y se volvieron más violentas por la incapacidad de los gobiernos para detener su avance. Ahora son un poder fáctico que controla territorios y somete población”.
Villalobos estima que la decisión de la administración Trump de poner impuestos las remesas, de cerrar la puerta a los inmigrantes, de deportar a centenares de miles de trabajadores y enviar a miles de pandilleros de vuelta a países terminaría por conformar “una tormenta perfecta” en Centroamérica.
