El coronavirus no ha sido derrotado, todo lo contrario, lo peor está aún por llegar, advirtió a fines de junio el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Adhanom tenía razón. La pandemia tomó nueva fuerza en Estados Unidos, donde diversos estados –entre ellos Arizona, Texas, California y Florida– tuvieron que dar marcha atrás en su intento por normalizar la vida diaria y la actividad económica, mientras el país ya superó los 3,2 millones de casos y las 135 mil muertes.
No obstante, es en América Latina donde la pandemia se ha acelerado más. Por ejemplo, México y Brasil son ahora los dos países con más muertes diarias. Brasil, con más de 1.200 muertes en los últimos días, duplica las ocurridas diariamente en México y Estados Unidos, que oscilan alrededor de las 600.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Joseph Stiglitz” icon_quote=”no”]
“El efecto post-pandemia en las economías será anémico”
[/quote_colored][/padding]
Con casi 70 mil muertos, Brasil solo está detrás de los 135 mil de los Estados Unidos. Asimismo, entre los diez países con más muertos por el COVID-19, México ha superado a Francia y ocupa ya el quinto lugar. Mientras que Perú, con más de 10 mil, ha superado a Rusia y ocupa el décimo puesto. Pero es Chile quien encabeza las cifras de número de muertos por millón de habitantes en América latina, con alrededor de 330. Por otro lado, ciudades como Bogotá han visto triplicarse en la última semana su número de muertes diarias.
Cuba, con 51 casos activos, y Uruguay, con 87, el pasado fin de semana, eran los dos países latinoamericanos que habían tenido más éxito en controlar la pandemia. Costa Rica se presenta con un nivel de mortalidad todavía bajo en relación con otras naciones, al alcanzar 22 fallecimientos, al cierre de edición.
Las ciudades desiertas
Estamos en territorio desconocido, dice la página del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre COVID-19. “Decenas de las ciudades más grandes del mundo se encuentran desiertas porque las personas se quedan adentro, ya sea por elección o por orden del gobierno. En todo el mundo, las tiendas, teatros, restaurantes y bares están cerrando”. Todos los días, se agrega: “las personas pierden sus trabajos e ingresos, sin forma de saber cuándo volverá a la normalidad”.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “la pandemia ha puesto de manifiesto la gran vulnerabilidad de millones de trabajadores y empresas”.
Según el informe más reciente del Observatorio del OIT, sobre la COVID-19, en el segundo trimestre de 2020, la cantidad de horas trabajadas en todo el mundo disminuyó un 14%. Esto equivale a la pérdida de 400 millones de puestos de trabajo a tiempo completo. En el primer trimestre del año se habían perdido cerca del 5,4% de esas horas de trabajo, con respecto al trimestre anterior, de 2019. Se estimaba que las mayores pérdidas se registrarían en las Américas.
Esta semana, del 7 al 9 de julio, la OIT celebrará una cumbre mundial virtual sobre los retos que plantean la recuperación económica y la mejora de la reconstrucción luego de la pandemia, en la que participarán la Secretaría General de las Naciones Unidas, alrededor de 70 Jefes de Estado y de Gobierno, dirigentes empresariales y sindicales mundiales.
Sobre la situación en América Latina, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se refirió a una crisis que golpea una estructura productiva y empresarial “con debilidades acumuladas por décadas”. No se trata de los efectos de la COVID-19, sino de un proceso mucho más largo, como lo muestra en su informe.
En 1980, la productividad de las empresas de la región (como promedio) era del 36,6% de la productividad de los Estados Unidos, mientras que 40 años después del proceso de liberalización y aperturas esa productividad es hoy de apenas 20%.
La Cepal estima que “un 34,2% del empleo formal y un 24,6% del PIB de la región corresponden a sectores fuertemente afectados por la crisis derivada de la pandemia”.
El resultado de la crisis sería que se “cerrarían más de 2,7 millones de empresas formales en la región, con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando”.
Este impacto será mucho mayor para las microempresas y las pymes, un sector laboral cuyas condiciones de funcionamiento analizó en detalle Benjamín Sáez, de la Fundación Sol, una prestigiosa entidad de análisis económica de Chile.
El estudio de Sáez reveló que la mayoría del sector se desarrolla en la informalidad y que más de la mitad no logra generar ganancias superiores al salario mínimo, poniendo en evidencia el fracaso de las propuestas de “emprendedurismo” que el gobierno chileno (pero también otros en América Latina) sugieren como alternativa para la crisis.
En las viviendas sociales
Los relatos se multiplican. Paulette Desormeaux cuenta la historia de la vida en mega edificios de 32 pisos, en el centro de Santiago, donde vive gran cantidad de emigrantes venezolanos, en un reportaje publicado el 22 de junio pasado.
Los edificios más grandes de Santiago –cuenta Desormeaux– “están poblados de miles de residentes que no pueden quedarse en sus casas. Johannie Graterol vive en 30 metros cuadrados con su hijo inmunodeficiente de 11 meses y con su madre.”
“Los pasillos del edificio son estrechos, hay pocos ascensores y en la enorme torre de 32 pisos viven más de 2 mil personas. Aunque a veces le perturba que los vecinos hablen alto o deambulen por los corredores, Johannie no quiere salir ni para pedirles que bajen el volumen”, agrega.
La cuarentena impide que salgan a la ciudad, pero no rige en los estrechos pasillos donde ahora transitan para vender toda clase de productos, desde pan y arepas, hasta servicios de peluquería y manicure. Aunque temen infectarse en medio del hacinamiento, ejercer el comercio interno es su única manera de sobrevivir”.
En dos años el municipio aprobó la construcción de 75 edificios de entre 30 y 43 pisos de altura, sin ningún límite de densidad. “Así, las inmobiliarias hicieron entre 200 y 700 departamentos por edificio, donde frecuentemente los ductos de la basura se repletan y se atascan, y no se cuenta con suficiente iluminación ni ventilación”. Tan pequeños que, a veces, una persona solo puede dar cinco pasos dentro de su hogar. “Hoy la comuna tiene casi 10.500 habitantes por kilómetro cuadrado -más que Hong Kong o Singapur-”.
En ese pequeño mundo no se puede guardar medidas de cuarentena. Como tampoco se puede en edificios similares, en Melbourne, capital del estado de Victoria, en Australia, donde 3 mil habitantes fueron obligados la semana pasada a permanecer encerrados por cinco días, por lo menos, mientras les hacían pruebas.
La historia la cuentan Calla Wahlquist y Margaret Simons en el periódico inglés The Guardian, el pasado sábado 4 de julio.
Los moradores fueron encerrados por su estilo de vida, por su manera de movilizarse, de conformar grupos familiares o de amigos, dijo el gobernador de Victoria, Daniel Andrews, citado por medio inglés. El riesgo de transmisión comunitaria es muy alto, afirmó.
Allí existen residentes que “están entre los más vulnerables y vigilados del estado de Victoria, que tiene una enorme población de nuevos migrantes, de población indígena, de personas con enfermedades mentales severas, de personas que han vivido experiencias de violencia familiar o situación de calle”.
Con el número de casos aumentando, Paul Kelly, jefe de los servicios de salud, afirmó que el confinamiento era una medida “sin precedentes”, pero necesaria para a preservación de la salud pública, dada la vulnerabilidad de muchos de los habitantes de las torres.
Asimismo, 500 policiales fueron encargados de monitorear la cuarentena en las nueve torres en Flemington y North Melbourne, para asegurarse de que “los residentes no salgan de sus pequeños y con frecuencia sobrepoblados apartamentos”. No hubo anuncio previo. La policía llegó y rodeó el lugar.
“Estacione su carro y vaya para su casa. Usted no puede salir”, le dijo el policía a una mujer que venía llegando. Ella había salido a comprar un rato antes y, al volver, encontró el lugar rodeado.
“Era chocante”, afirmó. “Parecía que había alguna actividad criminal.”
Los dineros se acaban en julio
Todos los países intentan encontrar una manera de mantener su economía funcionando, sin perder de vista la grave condición de millones de familias que, sin ingreso alguno, no tienen cómo enfrentar las dramáticas condiciones impuestas por la pandemia.
Rafael Poch-de-Feliu, excorresponsal en Moscú, Pekín y Berlín del periódico catalán La Vanguardia, estimó que la pandemia lo que está haciendo es acelerar tendencias en la economía y de la política que ya se habían venido desarrollando: “Las consecuencias que la COVID-19 está teniendo en las potencias y sus relaciones no han cambiado las tendencias generales anteriores a ella. Solo las ha agravado y acelerado”.
Con 10 millones de casos y medio millón de muertes reconocidas en el mundo a finales de junio (en marzo esas cifras eran solo de 300 mil y 11 mil, respectivamente), Poch destacó que la expansión general de la pandemia se ha transformado en una amenaza global. En marzo, nos recuerda, “Estados Unidos aprobó, con el apoyo de demócratas y republicanos, la mayor operación de rescate de la historia: 2 billones de dólares. La llamada Cares Act es una gigantesca lluvia de dinero público para las grandes empresas y sus accionistas”. Casi diez veces más que lo destinado a ayudas sociales.
“Compañías aéreas (incluido ese pilar del complejo industrial-militar llamado Boeing) reciben 46.000 millones. Familias y sectores populares solo reciben lo que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez describe como ‘migajas’: 2.200 millones a ayudas sociales”, dijo Poch.
Sin embargo, en julio, esos dineros se habrán gastado, en su mayoría. “Eso quiere decir que millones de americanos se enfrentarán a serias dificultades. Julio será, por tanto, un mes crucial en Estados Unidos”, estimó.
Mehrsa Baradaran, profesora de Derecho en la Universidad de California, en Irvine, escribió el pasado 2 de julio en el New York Times, sobre lo que llamó “El saqueo neoliberal en Estados Unidos”.
La crisis actual –afirmó– “revela que la salud de la industria financiera y el mercado de valores están completamente desconectados de la actual salud financiera del pueblo norteamericano”.
El año de 2019 fue uno de los mejores para inversionistas de capital de riesgo. Operando en todos los sectores, desde vivienda a salud y comercio minorista, los exprimieron a todos hasta sacar la última gota de ganancia, aunque para eso hubiese que reducir salarios, empleos y pensiones donde era posible. En una operación que, para Baradaran, terminó por desnudar el mito de que mayores ganancias producen un mejor resultado para la sociedad.
El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz también incursionó en una visión del escenario que nos espera después de la pandemia.
En su opinión, las expectativas de un rápido repunte son una fantasía. “El efecto post-pandemia en las economías será anémico”, asegura. El gasto se reducirá debido de la situación financiera de los hogares y de las empresas y una serie de quiebras destruirán el capital organizacional e informativo.
Stiglitz criticó las objeciones conservadoras al aumento del déficit y de la deuda, reivindicando la necesidad de aportar recursos necesarios para seguros de desempleo, atención médica y para apoyo adicional a los sectores más vulnerables.
Nouriel Roubini, profesor de Economía en la Stern School of Business de la New York University y presidente de Roubini Macro Associates, señaló que las protestas que se extendieron por Estados Unidos por el asesinato del afroamericano George Floyd por la policía de Minneapolis tenían raíces mucho más profundas. Y que el descontento no estaba limitado solo a los Estados Unidos.
Citó los casos de Bolivia, Chile, Colombia, Francia, Hong Kong, India Irán y otros países donde, si bien las protestas estallaron debido a diferentes acontecimientos, esconden todas el descontento por la falta de oportunidades económicas y por la corrupción.
No debería ser una sorpresa –afirma– considerando la desigualdad de ingresos que ha venido creciendo durante décadas, resultado de la globalización, del comercio, migración y el debilitamiento de las organizaciones laborales.
Para encarar esa situación la profesora de economía de la innovación, Mariana Mazzucato, y el profesor de economía industrial, Antonio Andreoni, reivindicaron el necesario papel del Estado, como “inversionista de primera instancia” y no como “prestamista de última instancia”, como ha venido ocurriendo en las últimas crisis financieras.
“No más rescates gratuitos”, afirmaron. “Con los gobiernos gastando enormes sumas para mitigar la quiebra de la economía a causa de la COVID-19, deberían orientar su economía a un futuro más sostenible”.
Afortunadamente, –agregan– los gobiernos han destinado grandes sumas a esas inversiones: 3 billones de dólares en los Estados Unidos, 850 mil millones en Europa o un billón, en Japón.
No obstante, el dinero no será suficiente para rescatar la economía, aseguran. El gobierno debería diseñar, implementar e imponer condicionalidades a los beneficiarios, “para que el sector privado opere de una manera que resulte en un crecimiento más inclusivo, más sostenible”.
Lejos de ser “dirigistas”, esas medidas –como establecer salarios mínimos más altos, representación de los trabajadores en las directivas de las empresas, o imponer restricciones a la distribución de dividendos y a los bonos para los ejecutivos– facilitarían la asignación estratégica de recursos, de modo que se inviertan productivamente, en vez de ser utilizados a favor de intereses mezquinos y especulativos.
