Un mapuche murió y otros cinco resultaron heridos el miércoles durante un enfrentamiento con policías y militares en la provincia de Arauco, en el sur de Chile, una zona bajo estado de excepción y militarizada por una ola de violencia.
Más temprano, policías y soldados de la Marina chilena detuvieron a dos mapuches que circulaban en un vehículo identificado por los agentes como robado, en una ruta cerca de la localidad rural de Cañete, en la región de Biobío.
El hecho provocó molestia en otro grupo de mapuches que protestaba cerca del lugar en contra de la militarización de la zona y que intentó liberar a los detenidos, lo que derivó en un enfrentamiento con los uniformados en el que hubo disparos.
El incidente dejó “un asesinado y (…) cinco personas heridas, una persona con riesgo vital”, según informó preliminarmente Adolfo Millabur, constituyente mapuche, en una rueda de prensa en Santiago, acompañado por la presidenta de la Convención Constituyente, la académica mapuche Elisa Loncon, y otros 15 representantes de pueblos indígenas.
La Policía no respondió inmediatamente a la solicitud de la AFP por más información alrededor del hecho.
Operativos como el del miércoles hacen parte de los controles de tránsito en el marco del estado de excepción que ordenó el gobierno del presidente Sebastián Piñera en cuatro provincias del Biobío y la cercana región de La Araucanía desde el 12 de octubre pasado.
Ambas regiones viven un histórico conflicto entre el pueblo mapuche, la mayor etnia chilena, y el Estado, al que los indígenas demandan tierras que consideran propias por derecho ancestral y que han sido entregadas a privados, principalmente a empresas forestales y hacendados.
La falta de solución a este conflicto ha hecho escalar la violencia en la última década, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. También sacó a la luz la presencia del narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a los indígenas.
El presidente Piñera decidió ordenar la militarización de la zona para aplacar la escalada de violencia, mediante un estado de excepción de 15 días que extendió a 15 más hasta el 11 de noviembre.
Ante la prolongada convulsión en la zona, solicitó al Congreso volver a ampliar la medida.
“Hacemos responsable al actual gobierno, a las fuerzas militares de Chile junto con Carabineros de la muerte”, manifestó Millabur.
