En lo que puede considerarse como un primer capítulo en la búsqueda de justicia, la Sala I del Tribunal de Sentencia hondureño condenó hoy a siete de ocho imputados en el caso del asesinato de Berta Cáceres.
La líder indígena y ambientalista fue asesinada en el 2 de marzo del 2016, tras su amplia campaña de movilizaciones contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), al frente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
En este caso, se trató de los autores materiales del asesinato. En primer lugar Sergio Rodríguez Orellana -gerente ambiental, social y de comunicaciones de DESA- y Mariano Díaz Chávez, mayor activo del ejército de Honduras al momento de su captura), y entrenador de la Policía Militar del Orden Público.
También Douglas Bustillo -teniente retirado del ejército y ex jefe de seguridad de DESA-, Henry Hernández -también exmilitar y conocido trabajador de empresas de seguridad y parte de grupos sicariato-, Elvin Rápalo Orellana, al igual que Óscar Torres y Edilson Duarte Mesa.
La lista la cierra el único absuelto, Emerson Duarte Mesa, hermano de Edilson Duarte Mesa, quien fue detenido pues en su casa se encontró el arma utilizada para asesinar a Cáceres y contra quien no había prueba alguna.
En la sentencia, entre los hechos probados el Tribunal destaca que Rodríguez Orellana y otros ejecutivos “crearon un plan para obtener información sobre movimientos y acciones” de Berta Cáceres y el Copinh. Bustillo, Rodríguez y “otro ejecutivo” de DESA se coordinaron para “eliminar” a Berta Cáceres. Posteriormente éstos se comunicaron con los otros imputados, principalmente Hernández, para cometer el crimen.
Entre las evidencias de ello, la sentencia citó incluso una conversación grupal en Whatsapp.
David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA, fue detenido el pasado 2 de marzo y no fue parte de este proceso.
“No se ha alcanzado justicia”
En conferencia de prensa posterior a la lectura del fallo, Berta Zúñiga, hija de Cáceres, declaró que el fallo “no nos satisface, no se ha alcanzado justicia”, ya que “las personas que dieron dinero siguen gozando de libertad y de la posibilidad de seguir cometiendo crímenes de manera impune” e insistió en que “ha sido claro que el asesinato fue planificado por ejecutivos de DESA”.
Víctor Fernández, abogado de la familia, enfatizó como “una de las cosas mas contundentes” del fallo, el hecho de que el tribunal confirmó que “es la empresa DESA a través de sus ejecutivos y del personal son los responsables de haber pensado, decidido y asegurado el asesinato de Berta Cáceres”.
También destacó que el crimen fue un intento “de interrumpir el proceso de resistencia de Copinh en contra del proycto” y que la concesión para el mismo “además de ilegítima, está llena de sangre”.
Subrayó que “lo que hace falta” es que “el Estado de Honduras persiga criminalmente a los dueños de DESA, al familia Atala”, y que se revoque la concesión.
Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), manifestó a este Semanario que, de acuerdo con las pruebas a las que se tuvo acceso, el fallo “es el justo, todas las personas que tuvieron algún grado de responsabilidad están en este momento condenadas”. Sin embargo manifestó que “por supuesto faltan otras personas que son las que pagaron por el asesinato de Berta Cáceres y que deben estar acá, no solamente David Castillo, sino otras personas directivas y accionistas vinculados a la empresa”.
Aguiluz destacó la relevancia de este juicio en que el tribunal consideró que “estos directivos y personal de DESA planificaron el asesinato” con el objetivo de acabar con la lucha de Cáceres. “Es algo que tiene que tenerse claro y que tiene que enviar un mensaje a la población hondureña y en particular al sector empresarial, de que no pueden establecer su modelo de negocios, que no pueden seguir pensando en lucrar con el dolor de los pueblos indígenas y sin tomar en cuenta sus opiniones”.
La especialista además sentenció que “éste modelo de desarrollo no es sostenible para Honduras” y calificó el fallo como “un primer paso indudable hacia la justicia”.
“Por supuesto que celebramos que se haya dado este avance, pero de inmediato exigimos que otras personas responsables puedan rendir cuentas ante la justicia”, aseveró.
