Todas las alarmas suenan por Guatemala

Inminente reforma a la ley de amnistía implicaría impunidad automática para perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

Esta misma semana el Congreso de Guatemala podría aprobar en tercer y definitivo debate una muy criticada reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, que implicaría una amnistía total a quienes cometieron crímenes como desapariciones forzosas, tortura e incluso genocidio.

La iniciativa de ley ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y cobró protagonismo durante una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el cumplimiento de sentencia en el caso de la familia Molina Theissen.

La Ley de Reconciliación Nacional fue promulgada en 1996 y determinó la “extinción total de la responsabilidad penal de los delitos comunes” conexos con “los delitos políticos cometidos en el enfrentamiento armado interno”.

La reforma ampliaría esa “extinción de responsabilidad” a crímenes que fueron excluidos de la ley, como la tortura, genocidio o desaparición forzada. Además establece su aplicación de manera retroactiva, con lo cual se absolvería a las personas ya condenadas.

La reforma fue propuesta por el diputado Fernando Linares, del Partido Avanzada Nacional (PAN); el 19 de enero fue aprobada en en primer debate y el 6 de marzo en el segundo. Aún requiere de una tercera votación que podría darse esta semana, según alertó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La enorme deuda del Estado

En octubre de 1981, soldados del ejército guatemalteco secuestraron a Emma Molina Theissen, quien fue torturada y sufrió violencia sexual. La joven activista de 20 años logró escapar, pero al día siguiente agentes del ejército entraron violentamente a su casa y se llevaron a su hermano Marco Antonio, de 14 años de edad.

Marco Antonio Molina Theissen sigue desaparecido al día de hoy. En 2004 la familia logró una sentencia a su favor en la Corte IDH y el año pasado se dio una sentencia condenatoria en primera instancia contra cuatro exoficiales del ejército por este caso.

Este lunes 11 de marzo se realizó de forma pública la audiencia de seguimiento. En su intervención, el Estado de Guatemala informó haber cumplido con algunos puntos básicos de la sentencia emitida en su contra, como la publicidad del fallo.

Sin embargo, respecto al sustancial punto de localizar y entregar los restos de Marco Antonio Molina Theissen, el representante Jorge Luis Borrayo dijo que “continúa la búsqueda de cementerios clandestinos”. Borrayo ostenta el cargo de presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.

Dijo además haber cumplido con el mandato de identificar y juzgar a los autores de los hechos, tras la sentencia del año pasado, pero alegó que es “complejo” cumplir con la orden de crear un sistema de información genética que permita el esclarecimiento de los casos de niños y niñas desaparecidas.

Al final de su deposición, Borrayo indicó que no puede referirse al proyecto de reforma a la Ley de Reconciliación, pues es iniciativa de diputados del Poder Legislativo y por ello “esta representación no puede ni debe pronunciarse”.

Por parte de las víctimas, la primera en hablar fue Ana Lucrecia Molina, quien dijo que la desaparición de su hermano Marco Antonio fue “un castigo a la familia”.

Se refirió a la reforma legal propuesta y la calificó como “un agravio” para su hermano aún desaparecido, su familia y “decenas de miles de víctimas”. Dijo que es “un golpe bajo a quienes buscamos un Estado de derecho en Guatemala”, que es “revictimizadora” y que “peligrosamente abre la puerta a la repetición de las atrocidades”.

En la misma audiencia, la representación legal de las víctimas ejercida por Claudia Paz y Paz, directora del programa para Centroamérica y México del Cejil, también se refirió al proyecto de ley y dijo que “solo tiene un propósito: garantizar la impunidad a los perpetradores” de crímenes contra los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presente en la audiencia, intervino para fustigar al Estado guatemalteco, pues “se limitó a informar” sobre la búsqueda de cementerios clandestinos, lo cual es un tema “genérico”, no específico al caso de Marco Antonio Molina.

Además, denunció el “contexto de hostigamiento a quienes buscan aclarar crímenes”, en la forma de medidas disciplinarias y en los medios de comunicación.

La CIDH también manifestó su “total rechazo” al proyecto de ley y recordó que la Corte IDH ya estableció la incompatibilidad de leyes de amnistía ante crímenes de derechos humanos.

El desempeño de la representación del Estado en la audiencia terminó en grado de bochorno. Una y otra vez los jueces la cuestionaron por la inacción de Estado para esclarecer el paradero de Marco Antonio Molina. Una y otra vez, Borrayo debió buscar evasivas para sortear el uso de la palabra “nada”.

Una y otra vez, se le hicieron preguntas sobre los alcances de la propuesta de ley y sobre si los diputados están conscientes de que su aprobación impide el cumplimiento de la sentencia de este caso. Una y otra y otra vez, el diplomático reiteró que, según él, no podía referirse al tema por respeto a la división de poderes.

Se intentó abordar al funcionario al concluir la audiencia, pero con sequedad Borrayo balbuceó que no iba a dar declaraciones mientras huía del sitio poco menos que corriendo.

Dolor infinito

Emma Theissen, madre de Marco Antonio Molina, ofreció un testimonio particularmente doloroso y emotivo durante la audiencia:

“Ha sido un andar muy triste, muy doloroso. Ante mí se llevaron a mi hijo, yo reconocí al tipo que se lo llevó. No se imaginan, le destrozan a uno la vida.

Mi corazón está siempre pensando en lo mismo: ¿dónde está mi hijo?, ¿qué han hecho con él?

Es imposible sentir alegría auténtica después de un hecho así. Les pido que pongan una pena al Estado de Guatemala, que no ha hecho nada por buscarlo y entregarnos sus restos. Es un dolor permanente, demasiado grosero para soportarlo.

¿Qué hicieron con mi hijo?

Influyan señores jueces para que me entreguen sus restos. No sé qué voy a hacer si eso no sucede.

Mi esposo falleció en 1994, no soportó más. El creía que iba a volver con nosotros.

Ellos son asesinos, asesinaron a pueblos enteros, arrasaron con medio mundo en el departamento de Quiché y otros.

No podemos seguir con esto, que demuestre el Estado que ha hecho algo. Estuve en un homenaje que hizo el Estado a mi hijo, eso no basta.

Les ruego tomar en cuenta el dolor de mi familia.

Mi dolor hasta que me muera lo sentiré, pero les pido por favor que surja la verdad sobre lo que hicieron.

Era un niño tan alegre, dedicado al estudio, ¿por qué lo quitaron de mi lado?

Mi dolor es infinito, imagino el dolor de las personas que perdieron a toda la familia”.

Tras el cierre de edición trascendió una nueva resolución de la COrte IDH, en la que requiere al Estado guatemalteco que “interrumpa el trámite legislativo” de la reforma a la Ley de Reconciliación que concede “una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, y la archive”.

 

Emma Molina

“En Guatemala se vivió una represión brutal”

Educadora guatemalteca es protagonista de una lucha de casi cuatro décadas en busca de justicia.

No es de rencor que está hecha la energía intensa detrás de las palabras de Emma Molina Theissen. Sí se adivina algo de rabia e indignación, pero también transmite la firme convicción de que tanto ella como su familia encontrarán justa retribución.

En 1981 Molina, entonces una estudiante recién graduada de colegio, fue secuestrada por el ejército guatemalteco y padeció torturas que incluyeron abuso sexual. Logró escapar de su detención extrajudicial, pero al día siguiente la crueldad militar se ciñó contra su hermano Marco Antonio, de 14 años. Los militares entraron a la casa de la familia Molina Thiessen y simplemente se llevaron al menor. Su familia nunca lo volvió a ver.

Emma Molina: “Devolví esa vergüenza por la violencia sexual, la culpa por la desaparición de mi hermano y fortalecí mi dignidad en medio de este proceso”.

La búsqueda de justicia en su país solo sirvió para que la familia tuviera que huir al exilio, pero en el 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a su favor y condenó al Estado guatemalteco a tomar una serie de medidas que han sido cumplidas parcialmente. Lo más significativo es que no ha hecho nada para dar con el paradero de Marco Antonio Molina.

El año pasado, un tribunal de su país condenó a cuatro exoficiales del ejército por la desaparición del joven. Sin embargo, esa sentencia se encuentra en proceso de apelación y además se cierne la amenaza de la eventual aprobación de una reforma a la Ley de Reconciliación, que garantizaría impunidad a los crímenes de lesa humanidad, como los perpetrados contra ella y su hermano.

Así, Emma Molina y su familia vinieron a Costa Rica a una audiencia de seguimiento al cumplimiento de sentencia ante la Corte IDH y, en coordinación con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), UNIVERSIDAD pudo entrevistarla.

¿Cómo era la vida de ustedes antes de los secuestros?

—Yo tenía 21 años, acababa de salir del colegio -allá se sale del colegio a los 18 años-. Soy maestra; salí de un colegio público, formador de maestras. Todavía es un colegio de mujeres. La vida mía particularmente era de mucha actividad en el movimiento estudiantil, fui dirigente estudiantil a nivel nacional.

Eran años muy convulsos, de mucha lucha política, mucha lucha particularmente estudiantil básicamente contra la represión, de expresiones de solidaridad hacia sectores sindicales y campesinos que estaban organizados por mejores condiciones salariales.

En ese momento ya estaba en marcha lo que posteriormente se llega a reconocer como el genocidio.

—Sí, empezó cuando llega Reagan. Está toda la cuestión de la revolución nicaragüense, entonces hay un impulso de los planes represivos a nivel internacional; nosotros estábamos en medio de la Guerra Fría y había un enorme pacto de los ejércitos latinoamericanos por detener el avance de lo que se llamaba el comunismo internacional. En medio de esos planes se desató toda la represión.

Insisto e insistiré toda la vida que en Guatemala no se vivió una guerra, en Guatemala se vivió una represión brutal, porque los que murieron no son guerrilleros, militantes, son población civil desarmada, especialmente en las comunidades rurales.

Lo que hubo fue 250.000 muertos, entre ellos 45.000 personas desaparecidas, y entre ellas, 5.000 niños y niñas; un millón de desplazados. Fue una enorme herida para el país. Eso a nosotros nos ha revivido el temor de que pueda haber otra conflagración internacional a partir de la situación en Venezuela, porque eso es lo que pasa cuando se urden esos planes de detener dizque avances de x o y ideologías, cuando en realidad son otros los intereses y necesidades de los poderosos.

Usted fue detenida extrajudicialmente, fue torturada, padeció abusos, logró escapar y al día siguiente secuestraron a su hermano. En su testimonio dejó ver que durante muchos años cargó remordimiento de conciencia, un sentimiento de culpa…

—Absolutamente, como se lo dije a la Corte y lo dije en Guatemala también, no me sentía merecedora de la vida, sentía que mi vida era una vida robada a mi hermano. Por muchos años, realmente hasta que empezó el juicio en el 2016, en mi familia había un silencio instalado de mucho dolor, pero también de muchas culpas. Todos cargábamos con muchas culpas, y particularmente en mi caso porque fui no la causa pero sí el motivo por el que se llevan a mi hermano de la casa, los militares llegaron buscando mi recaptura.

¿Cómo lo superó?

—Con la fuerza de la vida. Tengo una hija; por mi hija, por mí misma, con el amor, con el apoyo de mucha gente, especialmente de mi familia. Sobre todo el proceso de justicia fue especialmente sanador. La justicia no es una cuestión legal, se trata de reconstrucción de vidas y yo salí de este proceso reparada en muchísimo. Devolví esa vergüenza por la violencia sexual, la culpa por la desaparición de mi hermano y fortalecí mi dignidad en medio de este proceso.

Sobre ese proceso, hay una condena en primera instancia, pero aún está por ver qué pasa en apelación, más el tema de la reforma a la Ley de Reconciliación.

—Pero el proceso de justicia no es solo la sentencia, es el dar a a conocer la verdad, el ser escuchadas, ser creídas por jueces, ser creídas y apoyadas por mucha gente en Guatemala.

Cuando se dio la sentencia a nosotros nos acompañó muchísima gente ahí mismo en la sala (de los tribunales) y al salir de la sala. Fue un gesto de solidaridad hermoso en ese país a donde todo es tan difícil. La gente nos apoyó muchísimo; las organizaciones de derechos humanos estuvieron a la par nuestra. Hay todo un proceso de reconocimiento de esa verdad y de apoyo que no habíamos vivido en los 37 años anteriores. Nosotros vivimos al margen de la solidaridad, además en el exilio, yo regresé a Guatemala 14 años después de haber salido. Nunca habíamos tenido la oportunidad de sentir esa solidaridad social y la justicia también es un Estado diciendo: les creemos lo que les pasó, sentimos lo que les pasó y actuamos para reparar el daño.

Durante la audiencia usaron la palabra “venganza” para describir el secuestro de su hermano, ¿cómo ha hecho usted personalmente y la familia, para tener presente la diferencia entre buscar justicia y no buscar venganza?

—Siempre quisimos construir una Guatemala diferente, una Guatemala donde hubiera justamente lo que se sigue tratando de construir: una Guatemala donde la gente tenga oportunidades, salud y condiciones de vida dignas.

Si nosotros buscáramos venganza, seríamos iguales que nuestros verdugos y no queremos eso, queremos una Guatemala que se edifique sobre otro tipo de valores, sino perdería total sentido todo lo que nos llevó a esto.


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