Divididos por la mitad los que se decidieron a participar (poco más de un tercio del electorado), e indecisos los demás. Colombia despertó perpleja ante el resultado de una consulta que dejó en evidencia las dificultades para resolver una disputa política que se ha intentado resolver desde hace más de un siglo con las armas en las manos.
Un acuerdo político cuidadosamente elaborado en cuatro años de negociaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que despertó enorme expectativa mundial, no logró convencer a la mayoría de los electores.
En la decisión, como lo destacan los medios colombianos, influyeron seguramente muy diversas consideraciones. La revista Semana destaca la impopularidad del presidente Juan Manuel Santos, o el excesivo protagonismo de la guerrilla en los meses recientes, que despertó viejos resquemores.
Los partidarios del “no” tocaron otras teclas sensibles para la población: que los jefes de las FARC no participaran en política; que sus líderes pagaran penas de cárcel; y que cualquier actividad vinculada al narcotráfico por parte de las FARC no se considerara “delito conexo” a las actividades políticas.
También explotaron la incomodidad que en sectores populares despertó la decisión de otorgar a los miembros de la guerrilla un estipendio cercano al salario mínimo, que favoreciera su inserción en la vida legal.
No quieren tener a los dirigentes de las FARC en el Congreso, ni en el Senado; quieren rebajarles el nivel de reconocimiento público.
Entre las exigencias del “no” esgrimidas durante la campaña, casi no se mencionó la entrega de tres millones de hectáreas de tierra para los campesinos. Pero el tema está mencionado en un artículo de la revista Semana, en el que se trata de explicar por que perdió el “sí”.
Pero ya durante las negociaciones de los acuerdos se había destacado el carácter agrario del conflicto y la importancia del tema de la propiedad de la tierra, que está en el origen del problema de los cerca de ocho millones de desplazados que dejó el conflicto armado. Probablemente haber enfatizado este tema no aportaría más votos al “no”.
Por el contrario, podría haber despertado más simpatías por el “sí”.
En todo caso, el resultado de la consulta debe tener desconcertados a los líderes mundiales que asistieron la semana pasada a la firma de la paz en Cartagena. entre ellos quince presidentes de países de la región y el Secretario General de Naciones Unidas.
Los del “no” lo saben y tendrán que medir el precio que están dispuestos a pagar para extremar las medidas contra los miembros de las FARC. Pero esas negociaciones apenas empiezan y sus resultados son objeto de todo tipo de especulaciones en Colombia.
Por ahora, tanto el presidente Santos como los líderes de las FARC han reiterado que el cese al fuego sigue vigente, pero las medidas de desarme y los demás acuerdos quedan suspendidos. El presidente Santos convocó a la oposición para iniciar conversaciones al día siguiente del plebiscito.
“Así las FARC quieran iniciar una vida política no podrán hacerlo sin una justicia transicional y el levantamiento de los compromisos con la justicia ordinaria que tienen. No pueden dar ese paso por sí solos.
En la práctica, queda en las manos de las FARC decidir que hacen si gana el ‘no’, ¿volverán a la clandestinidad? No hay claridad frente al camino a seguir”, dijo Patricia Muñoz, profesora de ciencias políticas de la Universidad Javeriana, citada por el diario colombiano El Tiempo.
La otra cara
Si por un lado las FARC han pagado un precio por sus errores, lo cierto es que la otra cara de la moneda, representada por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, muestra bien la naturaleza de la lucha política en Colombia.
Uribe, que ha insistido en penas de cárcel para los “crímenes atroces” cometidos por la guerrilla, está vinculado a algunos de los crímenes más atroces cometidos en Colombia; entre ellos los llamados “falsos positivos”, campesinos llamados a las filas y asesinados por el ejército con el afán de mostrar éxitos en la lucha contra la guerrilla.
En noviembre de 2005 el entonces ministro de Defensa de su gobierno, Camilo Ospina, expidió la directiva 029 sobre las recompensas y la campaña de la fuerza pública para dar resultados en la lucha contrainsurgente. Al terminar el gobierno de Uribe (2002-2010) estaban en investigación dos mil homicidios extrajudiciales.
En la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se abrieron 1.273 procesos contra miembros del Ejército y civiles por las ejecuciones extrajudiciales que dejaron un saldo de 2.077 colombianos asesinados: 59 eran menores de edad y 122 mujeres.
En febrero de este año la Fiscalía dictó orden de captura por estos crímenes contra el general Henry Torres Escalante, mientras el general en retiro Mario Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008, fue citado para una audiencia de imputación de cargos.
La parapolítica
El vínculo de Uribe con la actividad paramilitar es muy antigua. Según las investigaciones de la justicia colombiana, en septiembre del 2013 el Tribunal Superior de Medellín lo acusó por ser ”promotor del paramilitarismo”, en una investigación que lo involucró con las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde su período como gobernador de Antioquía (1995-1997).
En febrero del 2010, a pocos meses de concluir el segundo período presidencial de Uribe, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó al ex senador Álvaro García Romero a 40 años de prisión por paramilitarismo, homicidio agravado, peculado y concierto para delinquir agravado.
García había sido elegido por Colombia Democrática, partido del primo de Álvaro Uribe, Mario Uribe, su principal aliado político, también acusado en los tribunales por nexos con los paramilitares.
El jefe de seguridad de Uribe durante su presidencia, el general retirado Mauricio Santoyo, fue condenado en 2013 por un juez en Estados Unidos a 13 años de cárcel y a pagar $125 mil de multa tras haberse declarado culpable de ayudar al narcotráfico.
La pena fue reducida en consideración a los muchos servicios prestados por Santoyo a las políticas de seguridad de Uribe, apoyadas por Estados Unidos.
En abril del 2015 la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado, exjefa de los servicios de inteligencia durante la presidencia de Álvaro Uribe, por espiar ilegalmente a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y magistrados.
El historiador costarricense George García comentó en internet que “durante siglos las oligarquías colombianas han masacrado indígenas, campesinos y pobres de las ciudades: han asesinado miles de sindicalistas, líderes comunales y políticos progresistas (incluyendo un partido político entero); se han enriquecido abundantemente con plata del narcotráfico”.
Pero según los medios –agregó– “los únicos criminales son las FARC. La desinformación es muy peligrosa”.
Dos fuerzas que siguen en pugna en Colombia. Al golpe que le significó el acuerdo de paz, el uribismo respondió con el triunfo en el plebiscito. Triunfo ajustado cuyas consecuencias están por verse. Su objetivo fue resumido por el diario El Tiempo con una frase: “insistirá en que las FARC vayan a prisión y no actúen en político”.
