El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrao, concluyó este martes una nueva visita a Nicaragua, la segunda que realiza desde que se aprobó la llegada de la CIDH, a raíz de la brutal represión del Gobierno de Daniel Ortega, en contra de las manifestaciones antigobierno, que exigen su salida del poder.
En entrevista con el programa de televisión Esta Semana, el domingo reciente, Abrao aseguró que tras su visita de mayo, en julio ha encontrado “diferente” a Nicaragua, pero no es un cambio para bien. “La represión ha cambiado su modus operandi, y la Comisión ha observado nuevas prácticas de violencia”, afirmó el secretario ejecutivo de la CIDH.
Hasta el pasado viernes, la Comisión había confirmado en Nicaragua al menos 225 asesinados. Para entonces faltaban las dos decenas de personas muertas en los ataques del fin de semana en diferentes ciudades del Pacífico y Norte del país, principalmente en Diriamba y Jinotepe, donde se calculan casi veinte muertos en lo que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó como un “feroz exterminio”.
Abrao lamentó que las cifras van cambiando cada día, con más muertos en un saldo que no para de crecer desde que se reportó el primer asesinado, el pasado 19 de abril. Además, comentó que las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua manejan cifras diferentes, pero explicó que la CIDH busca documentar cada uno de los casos.
Cuando concluyó la primera visita de la CIDH, a finales de mayo, la cifra aún no llegaba a los cien fallecidos. Hasta entonces el registro era de 76 asesinados, pero cuando tocó presentar su informe ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la lista ya sumaba 147 muertos.
“La violencia se ha recrudecido de manera muy intensa. Si había antes algunas prácticas de represión bastante específicas, ahora estas prácticas están diversificadas”, reiteró Abrao, tras detallar que la CIDH ha observado el uso de paramilitares y otros grupos armados, que están actuando bajo la presencia de la Policía Nacional, o incluso operando de manera conjunta.
La policía no está acuartelada
Abrao también mencionó que están al tanto del incremento de las detenciones y ataques tras la violenta desintalación de los tranques (bloqueos de carreteras), en una acción que el Gobierno ha bautizado como “Operación Limpieza”, y que en menos de un mes ha dejado varias decenas más de fallecidos, heridos y detenidos.
Según el secretario ejecutivo de la CIDH, la Comisión ha enviado al Gobierno un conjunto de solicitudes de información, para evaluar cuál es el cumplimiento de las quince observaciones hechas por la CIDH tras su primera visita, y que el Gobierno se comprometió a atender y respetar en la mesa plenaria del Diálogo Nacional, ahora suspendido tras el reiterado inclumplimiento de parte del régimen, principalmente por no ordenar el cese de la represión ni desmantelar los grupos “parapoliciales”, como demandó el organismo.
Abrao comentó que la información facilitada “es un poco ambigua”. Sin embargo, agregó que la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni) “generan la posibilidad de instalar mesas de trabajo permanentes y periódicas para hacer seguimiento de esas observaciones”.
Tras subrayar que la Comisión ha visto documentada la operación de la Policía con los paramilitares (de manera conjunta o bajo su presencia), Abrao sugirió que “tendría que valorarse mejor esa apreciación de que la Policía está acuartelada, porque no es lo que la Comisión ha verificado esta semana”.
La semana reciente, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez, justificó a los paramilitares en una entrevista con el diario digital El Faro, de El Salvador, indicando que “posiblemente sean fuerzas auxiliares de la Policía… trabajadores del Estado”.
Abrao aseguró que la afirmación del diputado Suárez “es coherente con lo que (en la CIDH) ya hemos documentado en nuestro primer informe. La Comisión ya había hablado de estos grupos armados, de terceros armados o parapoliciales, que han actuado con la presencia de la Policía Nacional”, reiteró.
Seguimiento a la criminalización de la protesta
Además, el secretario ejecutivo de la CIDH precisó que han recibido información de más de 200 detenidos en las cárceles nicaragüenses y que están definiendo cómo investigar la supuesta existencia de cárceles ilegales y clandestinas.
“Nos interesa conocer los expedientes y el tipo de cargos que se están imputando, para verificar si están ajustadas a los estándares internacionales, o si son compatibles con la realidad”, comentó sobre los detenidos.
Igualmente, indicó que las denuncias de desaparecidos deben ser investigadas caso a caso, porque pueden ser personas “que han pasado a la clandestinidad” por razones de seguridad, o que quizá fueron detenidas por grupos paramilitares que no las reportaron a las autoridades correspondientes.
“Si se confirmara (la existencia de cárceles ilegales), sería una violación grave a los estándares internacionales de derechos humanos”, adelantó Abrao.
Aunque el secretario ejecutivo de la CIDH calificó como una “conquista de la sociedad nicaragüense” la presencia de la Comisión en Nicaragua, y reconoció que hay mucho interés de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en el país, también ponderó que “la búsqueda de justicia depende de diferentes escenarios”, pero garantizó que la CIDH acompañará y dará seguimiento a los procesos, para promover el respeto de los derechos humanos.
