Bertha Zúñiga Cáceres:

“Nos mueve el deber y el derecho de buscar justicia”

Coordinadora general del Copinh enfatiza que aún se debe responsabilizar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.

Desde que el día de ayer se emitió el fallo sobre el primer juicio por el asesinato de Berta Cáceres, su familia y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) han insistido en que se trata apenas de un primer paso, pues la justicia aún debe alcanzar a los autores intelectuales del crimen.

Siete personas, incluído un exgerente de la hidroeléctrica DESA, un militares y un exmilitar, fueron hallados culpables. Desde el asesinato de su madre, Bertha Zúñiga Cáceres ha luchado por encontrar justicia y además siguió el ejemplo de ella, al asumir la coordinación general de la organización.

Zúñiga recordó que al momento del asesinato (marzo del 2016), Berta Cáceres contaba con medidas cautelares dictadas en su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció que durante el proceso recién concluido, emergió evidencia de comunicaciones entre los autores materiales del asesinato, la familia dueña de la empresa DESA y figuras del gobierno hondureño.

UNIVERSIDAD entrevistó a la activista gracias a la gestión del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Durante el juicio se dieron circunstancias que ustedes denunciaron, como la falta de acceso de la familia a todo el acerbo de pruebas. ¿Cuáles fueron los problemas que se dieron?¿En algún momento pensaron que el desenlace iba a ser diferente?

-Una de las irregularidades más denunciadas y sostenidas durante el proceso ha sido la negación de información. Hemos comprobado la responsabilidad no solamente de estas personas que forman parte de la estructura sicarial y los intermediarios juzgados dentro de este proceso, sino que de hecho otras personas que forman parte de la autoría intelectual, gracias a información que corresponde a sus mensajes de comunicación.

Sin embargo, no toda la información ha sido entregada y nosotros hemos entendido esto obviamente como una colusión de parte del Estado para ocultar la responsabilidad no sólo de personas vinculadas a la empresa, sino de funcionarios del Estado con los que se coordinaba parte de las acciones. Esa ha sido la irregularidad más grande, sostenida desde que fue el asesinato, incluso dentro del proceso judicial. Esta información ha sido requerida judicialmente, obviamente es trascendente para determinar esas otras responsabilidades y no fue incorporada al proceso a pesar de que se ordenaron las pericias, con la presión del tribunal de hacer el proceso a costa de lo que fuera, porque estaba súper atrasado. No se logró incorporar al proceso toda la información.

Otra ha sido la negación de la evacuación de prueba clave que hablaba del contexto, de la estructura criminal, análisis telefónicos y demás para entender bajo qué ordenanzas actuaron estas personas. También otros testimonios que hablaban de otros elementos más allá del asesinato del 2 de marzo. Hasta ahora, por ejemplo, miembros de la familia Atala no han sido llamados a declarar ni siquiera como testigos, que fue una de las propuestas que se hizo.

Lo último fue la expulsión de la acusación privada de nuestros abogados en el proceso, como una forma de castigarnos por denunciar estas irregularidades, por denunciar a las fiscales que están al frente de este proceso, en el que había temor que el señor Sergio Rodríguez -gerente técnico ambiental y de comunicaciones de la empresa DESA- fuera absuelto debido a estas irregularidades, o que este proceso sea revertido en una casación en el futuro.

Hemos vivido el montón de afectaciones: la negación de que un forense de confianza de la familia pudiera estar presente cuando se hizo la autopsia, el robo del expediente judicial, un robo muy extraño. Es el expediente original y sólo tuvimos acceso a él en reconstrucciones muy malas y en las que encontramos que habían celulares, por ejemplo el de Mariano Díaz -mayor de las Fuerzas Armadas-, que estaba absolutamente dañado y del que no se pudo extraer información. Es un agente del Estado que participó en el crimen y no sabemos bajo qué ordenanzas actuaba. Ha sido muy extraño durante todo el proceso, es parte de la verdad que hoy no tenemos y de la deuda que el Estado sigue teniendo con nosotros.

Mencionó la participación de funcionarios del Estado, ¿de qué instancias?

Hay un proceso de denuncia abierto por omisión al deber de protección, ya que había medidas cautelares y una institucionalidad responsable por velar por su seguridad (de Berta Cáceres) y no lo hicieron. Aparte de eso, aparecen en las comunicaciones que personas de la familia Atala Zablah, coordinaban con el Ministro de Seguridad para llevar policía y no sabemos qué tantas cosas. Él cumplía un doble rol, por un lado estaba a cargo de las medidas cautelares, y por el otro coordinaba con ellos para implementar acciones en contra de la lucha y la resistencia del Copinh.

Esas responsabilidades no han sido determinadas. Ellos mencionan en sus comunicaciones que se hablaban con varios ministros, en algunos casos se entiende quién es, en otros no. Hablan de que se reúnen en Casa Presidencial. Ningún hondureño u hondureña ordinario tiene acceso a reunirse en Casa Presidencial, eso habla del nivel de colusión que existió. No sabemos si hay más responsabilidades que solamente la omisión del deber de protección en este asesinato por parte de funcionarios del Estado.

Ya se obtuvo una primera sentencia, pero no hay certeza jurídica respecto a quién más debiera ser investigado. ¿Qué esperan ver de parte del las investigaciones que deben continuar?

Queda abierto el proceso contra David Castillo, el presidente de la empresa, que también va a ser importante para avanzar hasta la autoría intelectual del crimen.

El fallo que se ha obtenido es importante, en el sentido de que ya no hay ninguna otra línea de investigación más que el asesinato provino de la empresa DESA, en articulación con quién sea del Estado. Ya esa línea es innegable.

Hemos presentado solicitudes para que se impute a otras personas, no solamente por el asesinato, sino también porque en las investigaciones se evidencia que hay una asociación ilícita en varios ataques sistemáticos que intentaban parar la lucha y la resistencia del Copinh y Berta Cáceres, y al no encontrar un mecanismo adecuado, deciden asesinarla.

Vamos a interponer una denuncia formal por esos delitos, aunque lo hemos peticionado desde hace más de un año. Vamos a hacer presión para que el Estado no pretenda que con esta sentencia va a callar la voz no solamente de las víctimas, la familia, del Copinh, sino la voz de toda la comunidad nacional e internacional que ha estado súper comprometida con esta causa y que tiene claridad de que en este proceso no están los autores intelectuales.

Luego de que se conociera el fallo, el abogado Víctor Fernández y Laura y Bertha Zúñiga ofrecieron una conferencia de prensa. (Foto: Copinh)

El proceso ha sido emocionalmente muy cargado para usted y para su hermana. ¿Cómo han lidiado con una montaña rusa de emociones?

Efectivamente no es fácil, no es solamente la dureza de enfrentar un asesinato, sino tener que enfrentar todo este mecanismo de impunidad, que como bien lo señalan las víctimas en América Latina, es como volver a vivir esa muerte muchas veces. Uno espera que cuando suceden estas cosa, por lo menos el Estado haga todos sus esfuerzos y actúe de manera profesional a la altura de una causa emblemática, pero no es así. Han hecho esfuerzos mínimos, las víctimas son básicamente enemigas del Estado por denunciar sus arbitrariedades y negligencia y eso es sumamente duro.

Pero nos mueven muchas cosas: todo el acompañamiento internacional de una causa que no sólo es de nosotras, sino que es de las comunidades indígenas, de la gente comprometida, el deber y el derecho de buscar la justicia para nuestra mamá, una mujer de gran fortaleza y valentía, que nos enseñó a vivir de manera digna y la necesidad de marcar un precedente de justicia en este país tan desesperanzado.

Entre los condenados figuran militares, exmilitares y sujetos con historial de sicariato. ¿A lo largo del proceso han enfrentado amenazas u hostigamiento?

Así es. Siempre hablamos de que esa estructura criminal no ha sido desarticulada, se mantiene vigente tratando de criminalizar al Copinh. Han contratado un bufete internacional para atacar al Copinh mediáticamente.

Esa lucha de mi mami, de la compañera Berta Cáceres se mantiene vigente y por eso necesitamos buscar la justicia, porque van a seguir atacándonos y ahora con el fallo seguramente van a haber molestias o puedan haber reacciones. Estamos también preocupados porque los autores intelectuales, los que tienen el dinero y el poder, están en la impunidad y tiene la capacidad de repetir acciones violentas. La gente del Copinh que no es tan conocida públicamente que ha testificado en el caso, ha sufrido un sinnúmero de incidentes y vamos a luchar para denunciar cada hecho y que nada quede en el silencio.

Todo esto se da en el contexto de un país donde el aumento de la violencia ha sido notorio, donde la última elección presidencial fue muy cuestionada e incluso atravesó un periodo fuerte de violencia política. Desde su perspectiva y el Copinh, ¿cómo se valora la realidad hondureña actual?

El panorama es sumamente complejo y adverso a las luchas por los derechos fundamentales. Hemos aprendido en 25 años del Copinh que la lucha es integral, una no puede luchar solamente en un frente, sino que nuestra lucha es por democratizar este país, por vivir en tranquilidad, por que a las fuerzas armadas que participan en estos crímenes, se les quite el poder e impunidad que los sostiene.

Hay un contexto bastante movido en el país, ahora se destapan escándalos de tráfico de drogas que involucran a familiares del Presidente de la República y muchas denuncias desde adentro del Estado denunciando al ejército y toda la movida del narcotráfico sostenida por influencias políticas y por funcionarios del Estado.

El pueblo hondureño se ha mantenido en permanente lucha, no hemos cesado desde que se dio el golpe de estado que ha trastocado las vidas de absolutamente todas las personas de este país y vamos a seguir haciendo fuerza para que dejen de implementarse estos proyectos a costa de la muerte y violencia y para que todo este panorama terrible del país deje de actuar bajo la misma lógica.

De fondo está el tema de cuál modelo de desarrollo económico seguir.

Exactamente. Ahí se ve esa colusión entre el poder económico y político, ese empresariado que actúa de esa manera con este gobierno que tiene como modelo económico el extractivismo, el saqueo de los territorios y beneficiar a los pequeños grupos oligárquicos de siempre. Ese desarrollo jamás lo ven las comunidades, es un discurso ya vencido y eso nos hace replantearnos las maneras de avanzar en las comunidades, pero no a costa de sacrificar nuestras vidas y nuestros derechos fundamentales.

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