Mundo El dilema de América Latina:

Neoliberalismo salvaje y derechos humanos, un diálogo inconcluso

La administración Biden ha puesto los derechos humanos en el centro de su política. Un tema en el que su país tiene un pobre historial, pero que introduce una cuña en los esfuerzos de integración regional en América Latina.

Luego de tantas movilizaciones, represión y dolor, el pueblo chileno ha dado una clara señal sobre su rechazo al neoliberalismo salvaje, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al conocerse la victoria electoral de la coalición Apruebo Dignidad, un pacto encabezado por Gabriel Boric y conformado por el Frente Amplio y el Partido Comunista.

“Y también un mandato de respeto irrestricto a los derechos humanos”, le respondió Boric en un tweet. Y agregó: un tema en el que ni el presidente Sebastián Piñera ni usted han estado a la altura.

El 30 de diciembre el presidente norteamericano, Joe Biden, llamó por teléfono al recién electo presidente chileno para felicitarlo por su triunfo. “Conversamos sobre desafíos comunes, como comercio justo, crisis climática y fortalecimiento de la democracia”, dijo Boric después a la prensa.

Ese mismo día, en una entrevista publicada por ExAnte, un medio digital conservador chileno, Robert Funk, experto en relaciones internacionales, se refirió al programa de derechos humanos y a la cumbre de la democracia promovida por Biden a principios de diciembre.

Creo que el gobierno de Biden va a empezar a empujar con más fuerza la idea de promover la democracia y los derechos humanos, dijo Funk en la entrevista. “Eso le sirve para diferenciarse de China”. “Para un país como Chile que tratará de jugar para ambos lados o poderes, va a ser complicado”, agregó.

América Latina y la democracia

Coincidiendo con el segundo turno de las elecciones chilenas, a principios de diciembre, los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Uruguay, José Mujica, se habían sumado, en Buenos Aires, a las celebraciones de otro aniversario del fin de la dictadura militar argentina (1976-1983).

En la Plaza de Mayo, acompañando al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner, cada uno se refirió a su concepto de democracia. Fernández había señalado que “democracia sin justicia ni igualdad, no es democracia’.

“Es la mejor forma de gobierno”, dijo Lula, pero las élites económicas y políticas se han adueñado de la democracia. “Goberné Brasil cuando Cristina Kirchner gobernaba Argentina; Hugo Chávez era presidente de Venezuela; el indio Evo Morales, presidente de Bolivia; Tabaré y Mujica gobernaban Uruguay; Lugo era presidente de Paraguay; y Bachelet y Lagos, de Chile”, recordó Lula.

“La Celac surgió como un foro en favor de nosotros mismos, que siempre promovió el consenso y la pluralidad, en un marco de convivencia democrática, sin ningún tipo de exclusiones», Alberto Fernández.

Vivimos mejor en ese período “cuando expulsamos el ALCA, creamos Unasur y la Celac…”, y recordó que en esas organizaciones participaba Cuba y no participaban ni Estados Unidos ni Canadá.

Un mes después, a principios de enero, se reunieron en Buenos Aires los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que Argentina asumió la presidencia protempore.

«La Celac no nació para oponerse a alguien, para enfrentarse contra alguna institución existente, ni para inmiscuirse en la vida política o económica de algún país», dijo Fernández, mientras dirigentes de la alianza conservadora argentina, “Juntos por el Cambio”, rechazaban la participación de Venezuela, Cuba y Nicaragua, a los que calificaban de “dictaduras”.

«La Celac surgió como un foro en favor de nosotros mismos, siempre promovió el consenso y la pluralidad, en un marco de convivencia democrática, sin ningún tipo de exclusiones», agregó Fernández, marcando la diferencia con Juntos por el Cambio, a los que se sumaban otras voces conservadoras, como las que gobiernan en Colombia o Uruguay. Brasil era el único país ausente, después del retiro de la Celac decidido por el presidente Jair Bolsonaro.

La comparación de Maduro con Piñera hecha por Boric no parece apuntar a ese esfuerzo de convivencia democrática, “sin ningún tipo de exclusiones”, del que habló Fernández. ¿A quién invitará a su toma de posesión, en marzo próximo? ¿A Maduro o a Guaidó; a Yunior o al presidente cubano Miguel Díaz Canel; a Ortega o a algún representante de la oposición nicaragüense; a Lula o a Bolsonaro (que dijo, en referencia a su triunfo electoral, que no saludaba a “comunistas”)?

EE.UU. y los derechos humanos

En su respuesta a Maduro, Boric reivindicó el “respeto irrestricto” a los derechos humanos. Días después habló con Biden sobre el tema, como señaló al resumir para la prensa el contenido de la conversación. Pero no entró en detalles.

El tema tiene lugar prioritario en la agenda internacional de la administración norteamericana, como quedó en evidencia con la cumbre de diciembre, organizada por la Casa Blanca.

Pero hace tan solo unos meses, en abril pasado, al anunciar que levantaban las sanciones establecidas por el expresidente Donald Trump contra los miembros de la Corte Penal Internacional, el secretario de Estado Anthony Blinken precisó el punto de vista del nuevo gobierno:

“seguimos en profundo desacuerdo con las iniciativas de la Corte relacionadas con Afganistán y Palestina”.

Trump había dicho que “cualquier intento de la Corte de investigar, arrestar, detener o enjuiciar a cualquier funcionario norteamericano sin el acuerdo de Estados Unidos, o a funcionarios de países aliados de los Estados Unidos que no son parte del Estatuto de Roma [el acuerdo que creó la Corte, en 1998] o que no aceptan la jurisdicción de la Corte, constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”. Sin mencionarlo, Trump se refería también a Israel, cuyos abusos en Palestina la Corte pretendía enjuiciar.

El senador colombiano Gustavo Petro y candidato por el partido Pacto Histórico está en los primeros lugares en las encuestas para las elecciones de mayo de este año. (AFP).

Al anunciar que suspendían las sanciones y amenazas impuestas por Trump contra los miembros de la Corte, Blinken reiteró que rechazaban todo intento de someter a ese tribunal a funcionarios de Estados que no lo reconocen, como Estados Unidos e Israel.

“Pensamos que nuestras preocupaciones sobre esos casos podrían resolverse mejor con la participación de todas las partes interesadas, y no mediante la imposición de sanciones”, afirmó.

No es esa la posición de Estados Unidos contra aquellos Estados a los que acusa de violar los derechos humanos, a los que aplica sanciones en algunos casos devastadoras, como contra Cuba y Venezuela. Y que posiblemente se aplicarán también a Nicaragua.

Estados Unidos, a diferencia de muchos otros Estados, no ha ratificado una gran cantidad de instrumentos sobre la materia, empezando por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La CADH fue suscrita tras la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos, celebrada el 22 de noviembre de 1969 en Costa Rica, y que entró en vigencia en julio de 1978.

En junio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el argelino Djamel Ameziane sufrió violaciones a esos derechos y al Derecho Internacional Humanitario mientras estuvo preso en la cárcel de la base militar norteamericana de Guantánamo, en territorio cubano ocupado.

El caso, sin embargo, no pasó a la Corte Interamericana porque Estados Unidos no ha ratificado la Convención, ni acepta la jurisdicción de la Corte. No es el caso de prácticamente todos los países latinoamericanos, que sí están sometidos a esa jurisdicción.

Washington se empeñó en frenar otras iniciativas internacionales en materia de derechos humanos. Cuando Costa Rica propuso, junto a otros países, en 1991, un mecanismo internacional para visitar cárceles; Estados Unidos fue uno de los principales opositores a esta iniciativa.

Junto con Japón, Australia y otros aliados intentó evitar por todos los medios que se aprobara el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Al final, el protocolo se aprobó en diciembre de 2002, votando en contra Estados Unidos, Palau, Islas Marchall y Nigeria.

Los derechos humanos como arma política

La defensa de los derechos humanos fue un instrumento importante en la resistencia a las dictaduras militares del siglo pasado, tanto en América del Sur como en América Central.

Cuando los militares secuestraban, desaparecían, asesinaban o torturaban a sus ciudadanos, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos fue un esfuerzo de sobrevivencia. Todas esas dictaduras fueron impuestas y gobernaron con el apoyo de Washington.

En Chile, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el Informe Valech, publicado en 2005, desnudó el contexto en que se desarrolló la prisión política y la tortura en el país, así como los métodos utilizados por los torturadores. Es un documento desgarrador.

Después se fueron conociendo más detalles, ubicando nuevos lugares de detención y tortura, algunos de los cuales yo ya conocía y otros que visité el año pasado, cuando estuve en el país para cubrir el primer turno de las elecciones presidenciales.

Pero los derechos humanos fueron, poco a poco, transformándose en arma política en manos de grupos conservadores que los utilizan acomodándolos a sus intereses. Con esa visión conservadora se incorporó instrumentos jurídicos regionales, como la Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima en 2001.

Ahí se puede leer, en su primer párrafo, que “la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no intervención”.

Un párrafo que contiene toda la contradicción con la que se ha manejado el tema. Por un lado, establece una forma única de organización política para todos los Estados. Pero, dado el historial de intervenciones en la política interna de cada país, se introdujo, al final del párrafo, una condición: “dentro del respeto del principio de no intervención”.

Un dilema

El 2022 podría ser un año de importantes cambios políticos en América Latina. El 27 de este mes asumirá la presidencia de Honduras Xiomara Castro, representante de los sectores desalojados del poder en junio del 2009, por un golpe de Estado contra su esposo Manuel Zelaya, entonces presidente de la República.

El 11 de marzo asume en Chile Gabriel Boric. El 29 de mayo habrá elecciones en Colombia, en las que el favorito es el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. En Colombia, principal aliado de los Estados Unidos en la región —que mantiene una fuerte presencia militar en el país—, sumido en una tradicional violencia política a la que los acuerdos de paz de 2016 no han puesto fin, un triunfo de Petro podría tener importantes repercusiones en la política regional. Y, en octubre, serían las elecciones en Brasil, donde el expresidente Lula es, por ahora, amplio favorito.

Podría ser un escenario favorable para la aplicación de lo que el presidente argentino, Alberto Fernández, definió como objetivos de la Celac: “un foro en favor de nosotros mismos, que siempre promovió el consenso y la pluralidad, en un marco de convivencia democrática, sin ningún tipo de exclusiones».

Eso es distinto a un respeto irrestricto” a los derechos humanos.

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