Lottie Cunningham, activista indígena nicaragüense

“Necesitamos que cese la represión, hay demasiado hostigamiento”

Violencia estatal en Nicaragua es un mal recurrente. Pueblos indígenas denuncian asesinatos y amenazas.

Con verbo preciso y sin aspavientos, la abogada nicaragüense Lottie Cunningham describe la dolorosa situación que desde hace años vive la población indígena en el Caribe de Nicaragua, concretamente de su pueblo miskito.

Ella preside el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, que trabaja en la defensa del territorio y los recursos naturales. Es originaria de la comunidad de Bilwaskarma, pero tiene su cede de trabajo en la ciudad de Bilwi, municipio de Puerto Cabezas en la región autónoma de la costa Caribe Norte.

Su visita a Costa Rica tuvo el propósito de reunirse con diferentes organizaciones y medios internacionales y fue coordinada con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), instancia que además ha asistido a las comunidades indígenas nicaragüenses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Sucede que al momento en que estalla la crisis social a nivel nacional, ya teníamos convocadas las reuniones. Nosotros hemos venido sufriendo esa represión desde hace tres años y esperamos que tampoco quede impune el asesinato de los estudiantes”, aseveró la activista.

¿Cuál es la realidad cotidiana que enfrenta el pueblo miskito?

–A raíz de la sentencia de la CIDH en el caso de Awas Tingni versus el Estado de Nicaragua (2001), se ordenó al Estado crear un mecanismo para demarcar y titular las tierras indígenas. Se creó un régimen de propiedad comunal, que establece cinco etapas y la quinta es el saneamiento territorial.

Tenemos que reconocer que ha habido avance en el proceso de demarcación y titulación en las tierras de 23 territorios indígenas y afrodescendientes, equivalentes a 325 comunidades. Sin  embargo, ninguno de estos territorios ha tenido la última etapa, sobre la ocupación por parte de terceros en tierras indígenas y para dar seguridad jurídica al título que otorga el Estado de Nicaragua a los pueblos indígenas.

Desde hace ocho años hemos denunciado que se nos ha venido una masiva invasión de colonos a ocupar las tierras indígenas. Desde el 2011 enfrentamos la criminalización de nuestros líderes, las autoridades tradicionales. Hasta el día de hoy nos han asesinado a 34 indígenas, de los cuales algunos son autoridades tradicionales, guardabosques y de los consejos territoriales. Nos han lesionado a 44 indígenas, secuestrado a 25 y tenemos cuatro desaparecidos.

La causa de este conflicto es el despojo de los colonos a las tierras indígenas, pero la consecuencia es una crisis humanitaria donde los indígenas están muriendo de hambre. No hemos ni siquiera contabilizado la cantidad de niños que han venido muriéndose, por el temor de acceder a las tierras, a sus parcelas de siembro para subsistencia, no han podido hacer su vida cotidiana de casar o pescar, porque han estado teniendo amenazas, hostigamiento, intimidación.

¿Todos esos casos de asesinatos, secuestros y personas desaparecidas, han quedado en impunidad?

–Venimos sufriendo todos esos casos de impunidad desde hace tres años. Esta crisis social que ven actualmente en Nicaragua nosotros la hemos vivido desde hace tres años, pero vivimos muy lejos, donde no hay medios de comunicación.

Hemos denunciado los casos ante la Policía Nacional y el Ministerio Público, pero por la inacción del Estado hemos acudido al sistema interamericano, donde la CIDH nos ha otorgado medidas cautelares a 12 comunidades, de las 50 que tenemos en riesgo. Sin embargo, el Estado no ha cumplido, no ha hecho ninguna acción concreta para mitigar el riesgo que viven los pueblos indígenas, ni siquiera para proteger la vida y la integridad física.

Por tanto, nosotros, después de un año, recurrimos ante la Corte IDH y nos otorgó a siete comunidades medidas provisionales. Fue más allá que la CIDH, porque solicitó al Estado que proceda con acciones concretas para proteger la vida y la territorialidad, porque es clarísimo que por falta del saneamiento territorial se ha venido incrementando la violencia contra los pueblos indígenas.

¿Siente que detrás de esa inacción estatal hay una motivación racista?

–Por supuesto. Lo vemos como un racismo estructural, porque la mayoría de estos colonos son exmilitares, por eso queremos que el Estado investigue y sancione a los responsables.

Sin embargo, ante todas estas denuncias que hemos hecho todos estos años, hemos sufrido represión también. Ha habido cierre de espacios a la sociedad civil, a las defensoras y defensores de derechos humanos, intimidación y amenazas de muerte: siete de nuestros miembros, yo incluida, tenemos medidas cautelares de la CIDH, porque se ha incrementado la situación de riesgo a nuestras vidas por proteger a los pueblos, a la tierra y sus recursos.

En el 2016, interpusimos 49 denuncias ante la Policía Nacional de Waspán y fueron denegadas. Incluso en ese momento llevamos un periodista y un consejo ecuménico que nos acompañara. Nos han venido hostigando y desacreditando en la labor que hacemos. En ese sentido hemos venido ante el sistema interamericano. Incluso hemos utilizado el mecanismo de la ONU, porque hemos enviado informes y presentado nuestro caso ante el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michael Forst. También hemos enviado un informe a la relatora especial sobre pueblos indígenas, Victoria Tauli, este año, en marzo.

¿Es el propio Gobierno y la misma policía quien comete crímenes contra su pueblo, o se trata de la mano oscura de los intereses “colonizadores”?

–Es el Gobierno también. Tenemos tres indígenas a quienes les disparó el ejército, porque ante la crisis humanitaria las autoridades comunales y territoriales hicieron dentro de la ciudad de Bilwi una recolecta de alimentos para las comunidades, en esos días en que se incrementaron los ataques de los colonos a la comunidad. Cuando llegaron a entregar la alimentación y venía saliendo la camioneta a la 1 a.m. fueron atacados por el ejército, que no tenía ningún retén, no había ninguna persona deteniendo vehículos. Hirieron al presidente territorial, quien aún tiene la bala en uno de sus pulmones, hirieron a uno de los jóvenes promotores territoriales y a otro de la comunidad.

Así que todas esas denuncias que se han hecho han quedado impunes. Incluso, lo hemos hecho ante la Procuraduría de Derechos Humanos, que es el ombudsman del país, y no hemos tenido ninguna respuesta.

Como mujer indígena y activista de derechos humanos, ¿qué solución vislumbra a la crisis social que atraviesa Nicaragua?

–Primero, necesitamos que cese la represión, hay demasiado hostigamiento, cierre de espacios, especialmente los medios de comunicación independientes que teníamos en la región. Por ejemplo, en noviembre nos quemaron la emisora de la organización indígena Yatama.

Se tienen que dar esas condiciones para establecer el diálogo con todos los sectores que han tenido demandas en las agendas política y social, los movimientos sociales y las diferentes organizaciones de derechos humanos de toda Nicaragua.

El Gobierno ha fracturado y hecho frágil la elección de forma tradicional de las autoridades indígenas e impuesto sus Gobiernos indígenas, no electos por la asamblea comunal. Esto ha fraccionado a las comunidades; queremos que cese y que prevalezca la autodeterminación de las comunidades, que tomen sus propias decisiones y que se consulte con ellas, que haya consentimiento previo, libre e informado, pues hay mucha coacción y represión.

La gente ya no aguanta, ha recurrido por todos los medios buscando diálogo y los mecanismos legales, por eso estalló de esta forma.

Claro, cuando hay un enfrentamiento, hay varios muertos. Nosotros representamos a los pueblos indígenas y sabemos cuántos muertos. Hablo de que los colonos se han enfrentado a comunidades enteras, eso ha derramado mucha sangre y no ha salido a la luz porque no ha habido suficiente información en los medios de comunicación.

Han matado a los indígenas de forma criminal, los han descuartizado, deja mucho qué pensar. La comunidad dice que ya a estas alturas no tienen confianza en las fuerzas armadas y en la Fuerza Pública, porque ha habido mucha impunidad.

La crisis social en Nicaragua estalló porque se vino acumulando y se derramó la copa, porque ya  estamos cansados, hemos agotado todas las vías y las autoridades del Estado no han demostrado voluntad política para resolverlas demandas mínimas.

(Créditos: Foto: Miriet Ábrego)

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