por Maria Isabel SANCHEZ
Opositores nicaragüenses, incluidos el movimiento LGBTI con banderas multicolores en la calle y católicos dentro de las iglesias, exigieron este jueves la renuncia del presidente Daniel Ortega y el cese de la violencia que deja unos 220 muertos en poco más de dos meses de protestas.
Sonando bocinas, con paraguas y pañuelos de colores, y banderas nicaragüenses, grupos del movimiento de diversidad sexual se manifestaron en una céntrica avenida del suroeste de Managua.
“En esta dictadura también nos hemos sentido sin derechos. Somos parte de esta nueva revolución. Ortega tiene que irse”, dijo a AFP Dámaso Vargas, transgénero de 25 años que dijo vestir de negro por “los asesinados” y “la muerte de la República”.
En otro punto de la ciudad, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw presidía la misa del Santísimo en la Catedral: “El papa Francisco nos pide ser constructores de la paz de Cristo, llamando a que cese toda violencia, que se evite un inútil derramamiento de sangre”, dijo en la homilía.
“Vine a pedir que termine la masacre y se vayan del país. Lo que han hecho no tiene nombre”, declaró a AFP Nidia Vargas, de 70 años. “Le pedimos al Señor por la paz que este gobierno nos quitó”, declaró Auxiliadora Martínez, de 60 años.
Con la mediación de la Iglesia católica, el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -de la sociedad civil- reanudaron este jueves pláticas a nivel de mesas de trabajo, para intentar destrabar el diálogo que busca resolver la crisis.
El proceso está estancado porque Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo acaba en enero de 2022, aún no responde a la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
“Lamentablemente no ha habido el menor signo de buena voluntad”, declaró el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien dijo no descartar que si no se resuelve el “problema político” y “cesa la represión” se “desemboque en un conflicto mayor”.
“El tiempo se le acabó”
Exguerrillero izquierdista de 72 años, Ortega es acusado por la Alianza y grupos humanitarios de instaurar en Nicaragua el nepotismo y una dictadura, y desatar una brutal represión.
“No se quiere ir, cree que puede seguir gobernando en este río de sangre. No se da cuenta que el tiempo se le acabó”, dijo Azahálea Solís, delegada de la Alianza en el diálogo, tras una reunión con la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno califica las protestas como una “intentona golpista” y acusa a los manifestantes de “delincuentes violentos”. La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que implora por “la paz y el reencuentro de los nicaragüenses”.
Ortega llegó al poder en 1979 tras el triunfo de la insurrección popular que lideró el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al gobierno por la vía electoral en 2007.
“Vivos los queremos”
Comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúnen con el gobierno, la Alianza y víctimas de la violencia en las protestas.
Un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intentó entrar -sin éxito- a la emblemática cárcel El Chipote, en el centro de Managua, donde madres y otros familiares les pidieron interceder por la liberación de detenidos.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Libertad para nuestros muchachos”, se leía en una pancarta afuera de la prisión. Con fotos de sus hijos presos, varias mujeres denunciaron al grupo de la CIDH “detenciones arbitrarias” incluso de menores de edad.
Fiorella Melzi, de la comisión, aseguró a la prensa que expertos independientes llegarán para investigar específicamente “asesinatos que ocurrieron en el marco de las protestas”.
Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha verificado 214 fallecimientos y está confirmando otros 13.
Aprovechando también la visita de expertos de la CIDH y de la ONU, medios de comunicación no oficialistas denunciaron “asedio” y “agresiones” contra la prensa y exigieron, en un comunicado, “pleno respeto a la libertad de información”.
En abril, el periodista Ángel Gahona murió de un balazo en la cabeza cuando transmitía en vivo los saqueos en la caribeña ciudad de Bluefields.
La Alianza convocó para el sábado a la “Marcha de las flores” en Managua y diversas ciudades y pueblos del país, para exigir justicia y honrar a los fallecidos.
La movilización había el pasado sábado tras una violenta incursión de antimotines, parapolicías y paramilitares en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y en barrios de la capital.
