Miles de nicaragüenses marcharon este sábado en apoyo a médicos despedidos por el gobierno por atender a manifestantes en protestas que han dejado hasta ahora un saldo de 317 muertos y al menos 2000 heridos.
En otro punto de Managua, millares de personas se congregaron frente a la sede de la Universidad Centroamericana, convocadas por el gobierno para reclamar “justicia para las víctimas del terrorismo”.
Un camión encabezó esta concentración con emblemas que acusaban a los activistas antigubernamentales de “golpistas” y terroristas” y los responsabilizaban de la mayor parte de las muertes durante las protestas.
Á su vez, los manifestantes que defendieron a los médicos en su mayoría iban con los rostros cubiertos por pañoletas o máscaras, por temor a represalias.
“Basta de abusos”, “Vivan los médicos”, “Son médicos, no terroristas”, gritaban los manifestantes que acompañaron a los galenos, quienes iban con sus batas blancas durante una marcha de unos cuatro kilómetros en la concurrida carretera a Masaya.
Cerca de un centenar de médicos fueron despedidos de hospitales públicos en varias ciudades del país luego de que prestaron atención a personas heridas en las protestas, denunciaron los afectados.
Las protestas antigubernamentales se iniciaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social, y se transformaron en una demanda de salida del poder del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
“Es un horror” lo que ha sucedido, dijo a la AFP la exministra de Salud (1982-1985) Lea Guido, al recordar que manifestantes heridos de bala han fallecido porque se les ha negado atención en los hospitales.
“Es criminal negar el acceso a los servicios de salud, que los hospitales se vuelvan cárcel y brazo de la represión”, señaló.
La disidente sandinista Mónica Baltodano calificó de “barbarie” las acciones del gobierno.
Según denunció, Ortega “dio órdenes a los directores de hospitales de no atender a manifestantes y ahora está pidiendo listas de heridos para perseguirlos. Esto es gravísimo”.
Amenazas “alarmantes”
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), destacada en el rescate de manifestantes heridos, detenidos u hostigados durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, anunció este domingo que cerrará sus oficinas por serias amenazas y asedio de grupos armados ilegales.
La ANPDH “se ha mirado amenazada tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive en contra” de sus activistas, alertó la organización en un comunicado.
La agrupación, que dirige Álvaro Leiva y tiene su oficina central en Managua, dijo que también ha sufrido “el asedio permanente de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas” en las oficinas.
Ante esta situación, la ANPDH decidió cerrar sus oficinas como medida preventiva, “a fin de garantizar la integridad física y la seguridad de nuestros defensores”, señaló. No obstante, informó que seguirá atendiendo las denuncias de víctimas a través de internet.
La agencia AFP intentó sin éxito localizar a Leiva para confirmar versiones de que habría dejado el país por amenazas de muerte.
No obstante, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, dijo en su cuenta Twitter que tuvo un “coincidente encuentro en el aeropuerto de Honduras con Álvaro Leiva y su equipo de ANPDH en tránsito hacia Costa Rica”.
“Confieso que nunca he imaginado presenciar un autoexilio en su exacto instante. Llorando ellos decían que a pesar del costo valió la pena defender los derechos humanos en Nicaragua”, dijo Abrão.
La ANPDH recibió en julio el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos en Nicaragua en reconocimiento a su labor.
La organización ha denunciado la existencia de una “profunda crisis” de violación a los derechos humanos en Nicaragua por la represión a las protestas iniciadas el 18 de abril, que según la agrupación ya han dejado un saldo de 448 muertos.
La cifra es mayor a la estimada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que informó la semana pasada 317 muertos por la crisis.
La ANPDH ha ayudado a gestionar, junto con la Iglesia católica, la liberación de cientos de personas detenidas ilegalmente, y ha señalado la existencia de cerca de 600 desaparecidos.
El presidente Ortega ha acusado a sus opositores y grupos humanitarios de ser parte de una conspiración “golpista” financiada por Estados Unidos.
La oposición denunció la semana pasada que el gobierno ha desatado una fuerte persecución contra sus activistas, manifestantes y líderes de las protestas.
*Con información de AFP.
