Al menos 164 activistas del medioambiente fueron asesinados el año pasado por defender sus hogares, tierras y recursos naturales frente a proyectos mineros, forestales o agroindustriales, según el balance anual de la organización no gubernaental (ONG) Global Witness, que sitúa a Colombia como segundo país más peligroso.
De acuerdo con el informe, publicado este martes, otros “incontables” activistas se vieron reducidos al silencio en todo el mundo a través de la violencia, la intimidación y el empleo o modificación de leyes antimanifestación.
El país más peligroso el año pasado para estos activistas y los líderes autóctonos que defienden sus tierras fue Filipinas, con 30 asesinatos, según la organización, y remplazó así a Brasil en lo alto de la lista.
La siguen Colombia, con 24 muertes en 2018, e India, con 23. Por su parte, Guatemala, con 16 asesinatos confirmados, es el país con más muertos respecto al número de habitantes.
“Es un fenómeno que puede verse en todas partes del mundo. Los defensores del medioambiente y la tierra, de los que una importante cantidad son representantes de los pueblos autóctonos, son considerados terroristas, delincuentes o criminales por defender sus derechos”, denuncia en el informe Vicky Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU.
“Esta violencia supone una crisis para los derechos humanos pero también una amenaza para todos aquellos que dependen de un clima estable”, añade.
El número de muertos se redujo respecto a 2017, que fue el año más mortífero, con 207 fallecidos. Pero Global Witness señala que la cantidad podría estar infravalorada, principalmente porque algunos hechos se producen en lugares muy recónditos.
Aumento de la intimidación
El hecho más mortífero registrado por la ONG en 2018 se produjo en el estado de Tamil Nadu, en el sur de India, donde 13 personas murieron tras una manifestación contra una mina de cobre, según la organización.
En Brasil, al menos ocho activistas implicados en disputas con representantes de la industria de la soja murieron en 2018 solo en el estado de Para.
En Filipinas, nueve agricultores de la caña de azúcar, incluidos mujeres y niños, fueron abatidos por hombres armados en la isla de Negros, asegura Global Witness, señalando que el abogado que representaba a las familias de las víctimas fue asesinado 15 días después.
La ONG denuncia también una “preocupante tendencia” hacia la intimidación y el encarcelamiento de los defensores del medioambiente, a una semana de que el grupo de expertos de la ONU sobre el clima (GIEC) publique un informe sobre el uso de las tierras en el que se prevé que subrayará la importancia de los pueblos autóctonos en la protección de la naturaleza.
El informe denuncia también el papel de los inversores, incluidos los bancos de desarrollo, en proyectos controvertidos, y nombra algunas empresas acusadas de facilitar la violación de derechos.
“No basta con que las multinacionales vinculadas a confiscaciones de tierra invoquen su ignorancia”, insiste. “Tienen la responsabilidad de asegurarse de forma preventiva de que las tierras de las que se benefician se arrendaron de forma legal, con el consentimiento de las comunidades que viven en ellas desde hace generaciones”.
