Apenas dos días hábiles después del fallo que condenó a los responsables del a Operación Cóndor, el presidente de Argentina Mauricio Macri devolvió a las Fuerzas Armadas una serie de facultades políticas y administrativas que no tenían desde la dictadura.
Mediante el decreto 721/2016, Macri restauró a las Fuerzas Armadas potestades como la designación de oficiales y suboficiales del Estado Mayor, o hacer nombramientos de personal militar retirado para funciones docentes en el marco del Estatuto para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas.
El mandatario argentino firmó el decreto el 30 de mayo y fue publicado al día siguiente en el boletín Oficial. La orden ejecutiva revierte un decreto de 1984 del entonces presidente Raúl Alfonsín, quien gobernó el país del cono Sur entre 1983 y 1989 y cuya administración marcó el retorno a la democracia luego de largos años de dictadura militar.
La medida de Alfonsín logró efectivamente “restar autonomía a los militares y dejar en manos de los políticos elegidos democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense”, según publicó el diario bonaerense Página 12.
Esa disposición permitió que desde el Ministerio de Defensa se realizara una conducción civil de las fuerzas armadas y fue mantenida por todos los gobernantes argentinos desde entonces.
Macri ahora devuelve a los militares la potestad para decidir ascensos, traslados, designaciones o premios. La firma del decreto se dio en el marco de la celebración del aniversario del ejército y fue acompañada por el anuncio de un incremento salarial para los militares del 9%.
RETROCESO
De acuerdo con ese diario, Macri justificó la medida en que “resulta necesario establecer procedimientos ágiles que permitan atender las cuestiones relacionadas con la gestión del personal de las Fuerzas Armadas”.
Al respecto el medio digital Política Argentina consultó a Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien puntualizó que el decreto de Macri permite “que los jefes de la fuerza vuelven a tener la posibilidad de destinar y ascender en términos propios”.
En su opinión se trata de “reformas que van retrocediendo en cómo se había establecido el control para las fuerzas armadas y la intervención política”.
Ese medio también recogió la reacción de Jorge Taiana, diputado ante el Parlamento de Mercosur por el partido kirchnerista Frente para la Victoria (FPV). El legislador subrayó que el decreto “busca otorgar autonomía a los jefes militares” y lo calificó como “un claro retroceso en el control civil de las Fuerzas Armadas”.
La medida adoptada por Alfonsín “limitaba el poder de las Fuerzas Armadas y lo transmitía al control civil del Ministerio de Defensa”, expresó.
OPERACIÓN CÓNDOR
Como se mencionó, el decreto de Macri además de devolver a los militares potestades que no tenían desde la dictadura, fue emitido días después de que la justicia argentina condenó a 17 exmilitares por el secuestro y asesinato de 105 personas de cinco nacionalidades diferentes, durante lo que se conoce como Operación Cóndor, o Plan Cóndor.
Esa condena incluyó a Reynaldo Bignone, último dictador militar de Argentina, sentenciado a 20 años de prisión a sus 88 años de edad.
La Operación Cóndor consistió en un esfuerzo coordinado de represión llevado a cabo por las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile. Bolivia y Paraguay.
En declaraciones ofrecidas el pasado miércoles 1 de junio al noticiero Noticias Universidad, de Radio Universidad, la abogada del CELS Luz Palmás, quien llevó la causa del Plan Cóndor, destacó que esa sentencia dejó claro por primera vez que ese Plan fue una “asociación ilícita supranacional entre las dictaduras del cono Sur”.
Añadió que el fallo aclaró que las personas imputadas debían ser condenadas, además de su participación en operativos específicos del Plan Cóndor, “por la asociación ilícita, que es lo realmente impactante”.
Palmás informó además que la sentencia ha tenido “una relevancia fundamental para la región”, pues aún se lucha por esclarecer los crímenes y sentar responsabilidades por los actos de los militares en los diferentes países que soportaron dictaduras castrenses.
