La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, puso en práctica un reglamento para el uso de armas letales por parte de fuerzas federales, que legaliza lo que hizo el policía Luis Chocobar, al asesinar a un asaltante que huía, según reportó el medio argentino Página 12.
El reglamento también vuelve legal disparar a una persona sobre la que luego se compruebe que tenía un arma de juguete, o bien disparar a alguien que forma parte de un grupo donde otro tiene un arma, o bien disparar a quien haga un movimiento que el policía interprete que puede ser para sacar un arma.
La resolución fue cuestionada por organismos de derechos humanos y por la Defensoría General de la Ciudad.
El viernes pasado, en plena cumbre del G20, cuando le preguntaron sobre la medida –que todavía no estaba publicada–, la ministra Bullrich aseguró que tenía que ver con darles garantías y establecer un protocolo de actuación a las comitivas extranjeras.
No obstante, la resolución que se conoció este lunes no tiene plazos temporales: no se trata de medidas excepcionales para el G20, sino de una política que rige de ahora en adelante. De hecho, el decreto deroga “toda disposición o normativa contraria a la presente medida dictada en jurisdicción del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.
El “Reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad” indica en su segundo artículo que los motivos para hacer “uso de las armas de fuego” son, además del peligro inminente de la vida propia o de otra persona, “para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad”, y también “para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.
El reglamento aprobado por la ministra Bullrich tuvo como respuesta inmediata las críticas de distintos organismos de derechos humanos e instituciones destinadas a proteger las garantías de los ciudadanos, relató Página 12.
El Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, aseguró que “en lugar de proteger la vida de los ciudadanos, el Estado impone la violencia”. El funcionario indicó que el reglamento “incluye, bajo el ropaje del cumplimiento del deber y la legítima defensa, situaciones en que el peligro ha cesado”. “Este supuesto permitiría absolver al policía Chocobar por el asesinato de Pablo Kukoc, perpetrado cuando este huía sin representar grave e inminente peligro la vida de terceros”, advirtió.
Pese a que el decreto dice ampararse en legislación internacional, Duacastella indicó que viola los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. “Es la conversión en ley del gatillo fácil”, sostuvo la vocera de la onegé Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú.
