El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, investigado por corrupción, podría entrar al gobierno para tratar de salvar a su sucesora Dilma Rousseff y a un proyecto político desgastado por los escándalos y la recesión.
Rousseff enfrenta un pedido de “impeachment” (juicio político) por supuesta adulteración de las cuentas públicas, en tanto que Lula está siendo investigado por un megaescándalo de corrupción en Petrobras.
El ingreso de Lula al gobierno “es una posibilidad real, concreta (…), pero se está llevando a cabo una evaluación de los pros y los contras”, dijo a la AFP una fuente de gobierno, añadiendo que el exlíder sindical e ícono de la izquierda latinoamericana podría llegar a Brasilia “hoy o mañana” (martes o miércoles), para discutir esa posibilidad.
Rousseff le hizo personalmente la propuesta a su mentor y predecesor, que gobernó del 2003 al 2010 un país que por entonces era citado como ejemplo del mundo emergente, por su crecimiento económico y sus programas sociales.
Un diputado y dos asesores del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) señalaron que la maniobra busca “apagar el incendio”, alimentado por una protesta que el domingo pasado llevó a más de tres millones de brasileños a pedir en las calles la salida de la mandataria y por las revelaciones de la trama de sobornos montada en Petrobras, para financiar partidos políticos.
En una espiral de revelaciones, el martes 15 se supo que el líder del PT en el Senado, Delcidio Amaral, acusó al actual ministro de Educación, Aloizio Mercadante, de intentar sobornarlo para que no colabore con la justicia. Amaral, procesado por obstaculizar la investigación del “Petrolao”, desoyó finalmente esa oferta y decidió delatar a otros involucrados, a cambio de una reducción de su eventual condena.
Salvar el proyecto, no el pellejo
Lula podría asumir la secretaría del Gobierno, la jefatura de Gabinete, o incluso trabajar desde fuera de la estructura de gobierno, como un articulador con los aliados del PT para bloquear el impeachment, dijo a la AFP otra fuente del gobierno, que pidió no ser identificada.
La fuente aseguró que la maniobra no se proponía proteger al exmandatario con fueros especiales de la investigación en Petrobras, en referencia al pedido de prisión en su contra de la fiscalía de Sao Paulo, por una posible ocultación de bienes: un tríplex y una chacra en el Estado de Sao Paulo.
Se trata de “salvar el proyecto” del PT, que sacó a 30 millones de personas de la pobreza, y no de ofrecerle fueros especiales, aseguró la fuente.
“De todos modos, si (Lula) es ministro, tendrá que responder ante la Procuraduría General de la República”, indicó.
Pero no todos coinciden con esa lectura. “Mi impresión es que el juego ahora es por la libertad de Lula”, resumió el analista Everaldo Moraes, de la Universidad de Brasilia, consultado por la AFP. “Tanto él como Dilma van a aparecer asociados a lo mismo y creo que su llegada al gobierno podría incluso acelerar el proceso de impeachment”.
Rousseff, electa en el 2010 y reelecta en el 2014, tiene apenas un 11% de apoyo y es blanco de la indignación popular, por la recesión que proyecta hundir a Brasil en su peor ciclo económico en un siglo y por el lodazal de corrupción que salpica a la élite empresarial y política.
El principal aliado del PT, el centrista PMDB, al que pertenece el vicepresidente, Michel Temer, está tentado de abandonar la coalición de gobierno, una iniciativa que dejaría a Rousseff a las puertas del juicio político.
La Corte Suprema podría destrabar el proceso de impeachment esta semana, definiendo su formato y habilitando a la Cámara de Diputados a instalar la comisión que la encamine al plenario.
En caso de que lo acepte, una mayoría de dos tercios de los 541 diputados federales deberán decidir en una sola votación si inician el juicio de la presidenta.
Si no consigue 172 manos levantadas, Rousseff será la segunda mandataria enjuiciada desde el retorno de la democracia, luego de que el expresidente Fernando Collor de Melo renunciara en la antesala de su destitución en 1992.
