Fue su último discurso, el sábado pasado, antes de entregarse a la policía. En este, el expresidente de Brasil, ahora preso en una cárcel de la ciudad de Curitiba, trasladó la pelea jurídica al terreno político: se trata, afirmó, de evitar que pueda ser candidato en las elecciones de octubre próximo.
Todas las encuestas lo dan como amplio favorito. En segundo lugar, aparece el diputado Jair Bolsonaro, un exmilitar, el más votado en Río de Janeiro, y defensor de la dictadura militar que asumió el poder en Brasil en 1964.
Lula tenía un 35% de las preferencias, según una encuesta de la consultora Ibope. Lo seguían Bolsonaro, con 13% y Marina Silva, una exministra de Lula que se alió a la conservadora socialdemocracia brasileña, con 8%.
“Si los comicios fueran hoy, el candidato más polémico de la historia reciente brasileña competiría contra Lula en segunda vuelta”, afirmaba la revista Perfil.
Pero las posibilidades de que Lula pueda competir parecen reducidas.
Sin Lula, Bolsonaro y Silva aparecen empatados con 15%, aunque es temprano para arriesgar pronósticos de cara a las elecciones de octubre en Brasil.
Por ahora, la campaña se desarrolla en un escenario atípico que se va transformando en práctica habitual en América Latina: maniobras parlamentarias para destituir presidentes que no cuentan con apoyo en el congreso –como ocurrió en el mismo Brasil, luego de los ensayos en Honduras y Paraguay– y la judicialización de mandatarios que encarnaron una nueva etapa en la política regional, como ocurre también en Argentina.
En Brasil se repitió con la presidente Dilma Rousseff, el año pasado, la maniobra con la que destituyeron a Mel Zelaya en Honduras, en 2009, y a Fernando Lugo, en Paraguay, en 2012.
El intento de judicializar la política ha avanzado un paso más con el inusual caso contra el expresidente Lula, apurado en los tribunales para evitar que, con el procedimiento normal, pudiera competir en octubre.
Discurso
Ante esta realidad, Lula transformó su caso en un debate político, en un discurso que no ha dejado indiferentes ni a opositores ni a partidarios.
Habló en la sede del sindicato de metalúrgicos de la ciudad de São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, donde él mismo inició su carrera como líder sindical, que luego lo llevaría a la presidencia de la República.
Lula insistió en que el golpe solo terminará cuando logren evitar que sea candidato en octubre y rechazó sugerencias para buscar asilo y evitar la prisión.
“No sacan nada con tratar de acabar con mis ideas. Ellas ya flotan en el aire, no hay como aprisionarlas. No sacan nada con tratar de parar mis sueños, porque cuando yo pare de soñar, soñaré en la cabeza de ustedes”, dijo Lula a los miles de manifestantes que rodeaban la sede del sindicato, intentando impedir que se entregara a la policía.
“Hace mucho tiempo soñé que era posible gobernar este país involucrando a millones y millones de personas pobres en la economía, involucrándolas en las universidades, creando millones y millones de empleos en este país… Yo soñé que era posible que un metalúrgico, sin título universitario, cuidara más de la educación que los universitarios que gobiernan este país”, agregó.
Lula también se refirió a las políticas adoptadas por el gobierno del presidente Michel Temer, el vicepresidente de Dilma Rousseff que asumió el cargo cuando esta fue destituida por el Congreso. Se trata de una política de privatizaciones de los mayores recursos nacional, que Lula aseguró revertir en el futuro.
“No van a vender la Petrobras”, afirmó, refiriéndose a la empresa petrolera brasileña. “Vamos a hacer una nueva constituyente, vamos a derogar la ley del petróleo que están haciendo. No vamos a permitir que vendan el Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDS)”, una institución que manejaba más recursos que el Banco Interamericano de Desarrollo. No vamos a permitir que destruyan el Banco do Brasil, vamos fortalecer la agricultura familiar que es responsable de 70% del alimento que comemos en Brasil”, afirmó Lula.
Acusaciones
El expresidente también se refirió a los juicios a los que está sometido, acusado de corrupción, por uno de los cuales –el de haber recibido un departamento en la playa de Guarujá por parte de una concesionaria de obras públicas– fue condenado a 12 años de prisión.
“Estoy siendo procesado por un departamento que no es mío”, aseguró.
Lula ha reclamado durante todo el proceso que no hay una sola prueba que demuestre que es dueño o que ha disfrutado de ese departamento. “No los perdono por haber transmitido la idea a la sociedad de que soy un ladrón”, afirmó.
“Yo no estoy por encima de la justicia, pero creo en una justicia que actúa con base de las pruebas. No puedo admitir que un juez vaya a la TV para decir que el Partido de los Trabajadores (PT) es una organización criminal que nació para robar el Brasil y que Lula, por ser la figura más importante de este partido, es el jefe. Un juez que dice: ‘yo no necesito pruebas, tengo la convicción”, reprochó.
“Yo no les tengo miedo”, agregó, recordando que ha sugerido al juez que lo condenó, y a los que integran el tribunal de apelación que le aumentaron la pena, discutir el caso donde ellos quieran, para que prueben cual fue el crimen que cometió.
Lula ha sido también implacable con la gran prensa conservadora brasileña, que ha jugado un papel fundamental en la condena pública de su caso. “Ellos no se dan cuenta de que, cuanto más me atacan, más crece mi relación con el pueblo brasileño”, sentenció.
Militares
La semana pasada, el Supremo Tribunal Federal (STF) analizó una solicitud de habeas corpus de los abogados de Lula para evitar su prisión mientras no se resuelvan las apelaciones a las que tiene derecho. Eso podría haber permitido su candidatura en octubre, de modo que la presidente del tribunal, Carmen Lucia, también maniobró para adelantar la apreciación del caso, que se resolvió contra Lula por seis votos a cinco. Curiosamente, los votos en contra fueron, de forma mayoritaria, de jueces nombrados por la expresidente Rousseff.
La sesión del tribunal fue acompañada por el alto mando del ejército convocado expresamente para eso, luego de que su comandante, el general Eduardo Villas Boas, considerado un moderado dentro de la institución, hubiera publicado en la víspera del juicio un texto en Twitter afirmando que el “ejército brasileño estima compartir el deseo de todos los ciudadanos de bien de rechazo a la impunidad”. Su texto fue apoyado por otros generales, uno de los cuales se apoyó en una cita del abogado Gustavo Barroso, un teórico del movimiento fascista brasileño del siglo pasado, la Acción Integralista Brasileña.
El futuro
El arresto de Lula ha desatado todo tipo de especulación sobre el futuro político del país. “¿Tiro de gracia en la izquierda latinoamericana?” era el título de un artículo de la agencia francesa AFP, que citaba a diversos expertos brasileños e internacionales.
Pero no es una opinión unánime. “El discurso de Lula es, en mi opinión, perfecto. Lula se mantiene como la principal figura política brasileña, sin que nadie siquiera se le acerque”, destacó un antiguo diplomático brasileño.
La Coordinación Nacional Ejecutiva de la Comisión Pastoral de la Tierra estimó, por su parte, que con la prisión de Lula se consuma “una trama de asalto al poder” y “la liquidación de la frágil democracia brasileña”.
El Consejo Federal de Economía (Cofecon), institución que agrupa a más de 200 mil profesionales del área, denunció el “estado de excepción implantado en Brasil”, mientras que el analista José Luis Fiori estimó que “con esta decisión, la farsa montada por la derecha llegó a su fin”.
Con la prisión de Lula, la pauta de la derecha, encabezada por el diario O Globo, “se agotó”. De ahora en adelante se van a dividir y hacerse pedazos; la libertad de Lula será el gran tema de cualquier campaña. “Se abre un nuevo tiempo”, aseguró.
Justicia dividida
La Corte Suprema de Brasil puede debatir el miércoles una alteración de normas que impactaría el destino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El problema es que los 11 jueces de la Corte están tan divididos como el resto de la sociedad.
Los magistrados debatirán sobre el momento en que un condenado debe empezar a purgar una pena de prisión. Según la jurisprudencia actual, esto es posible a partir de un fallo de segunda instancia, como el del tribunal de apelación que en enero condenó a Lula a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.
Esa jurisprudencia se adoptó en 2016 por una estrecha mayoría de seis votos contra cinco. Anteriormente, se garantizaba el derecho a recurrir en libertad ante las máximas instancias judiciales, en procesos que pueden demorar años.
Pero los críticos de esa modificación quieren revisarla. Si lo logran, la estadía de Lula en la cárcel podría ser –inesperadamente- de apenas unos días, al menos por el momento.
