Condenado a nueve años y medio de prisión el miércoles 12 por el juez federal Sergio Moro, el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se enfrenta a una disyuntiva poco usual: la cárcel o la presidencia de la República.
La condena deberá ser revisada por un tribunal de apelación antes del 15 de agosto del 2018. Si es ratificada, Lula deberá ir a la cárcel, a cumplir la condena que determine el tribunal. Caso contrario, podría inscribirse como candidato a la presidencia de la República, en condiciones particularmente favorables, según todas las encuestas divulgadas en el país.
Moro condenó a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero, al considerar que el expresidente es el propietario de un apartamento triplex en la playa de Guarujá, en el litoral del estado de São Paulo, que le habría sido donado por la empresa constructora OAS, involucrada en innumerables casos de coimas a líderes políticos a cambio de favores y concesiones en los negocios.
A la condena de cárcel, Moro agregó otra, de siete años de inhabilitación política para quien sigue siendo uno de los líderes políticos más populares del país.
¿Hay pruebas o no?
Dado el carácter del acusado y la naturaleza de la acusación, el caso no podía dejar de causar conmoción en el país y de llamar la atención de los medios internacionales, que le dedicaron amplia cobertura.
El debate se centra en el carácter de la sentencia: ¿Fue dictada sobre bases jurídicas o su fundamento es político?
Las pruebas en las que Moro basó su laudo de más de 200 páginas son circunstanciales, indirectas: facturas, contratos de servicio, mensajes de email y delaciones de presos vinculados a este caso, incluyendo el expresidente de la empresa, Léo Pinheiro, que se acogieron a una figura de “delación premiada” con que la legislación brasileña otorga beneficios a reos que se disponen a hablar.
¿Son suficientes pruebas para condenar a alguien? Lula niega ser o haber sido propietario del departamento; insiste en que no hay documento alguno que permita afirmar lo contrario.
Juristas que avalan la decisión de Moro afirman que el crimen de lavado de dinero se caracteriza precisamente por tratar de ocultar la operación. En ese caso, no sería necesario probar que Lula sea el dueño del departamento, sino que, mediante los elementos utilizados por el juez, se llegaría a la conclusión de que el acusado trató de ocultar que, en realidad, es el propietario.
Para Dalmo Dallari, prestigioso abogado, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, vinculado a la creación de la comisión Pontificia de Justicia y Paz cuando, en los años 70, se enfrentaban los abusos de la dictadura en Brasil, la condena a Lula por el juez Moro, “sin que en la sentencia se haya señalado la práctica de crimen alguno, es manifiestamente ilegal”.
“En una decisión larguísima, absolutamente innecesaria cuando la acusación especifica el crimen cometido por el acusado, el juez Moro da muchas vueltas, citando hechos y desarrollando argumentos que no aportan comprobación alguna de la práctica de un crimen que Lula hubiese cometido”, dice el jurista en un artículo publicado el sábado pasado en el Jornal do Brasil.
Su conclusión es que, “evidentemente, la base para la condenación no fue jurídica”, sino política.
Hay abundante argumentación a favor de un punto de vista o del otro, en un caso que, finalmente, deberán resolver los tres integrantes del Tribunal Regional Federal, con sede en Porto Alegre, responsable de los casos de corrupción conocidos en Brasil como Lava-Jato.
Un tribunal que ya se manifestó en contra de las decisiones de Moro en el 38% de los casos, o sea, en más de uno, en cada tres. Entre ellos el del extesorero del Partido de los Trabajadores (PT), el de Lula, João Vaccari Neto, condenado a 15 años y cuatro meses de prisión por Moro y absuelto en apelación, por considerar el tribunal que la condena se basaba solo en testimonios no comprobados por otros medios.
Pero solo cinco, de 48 condenados, fueron absueltos en segunda instancia. En otros casos, se varió la sentencia dictada por Moro, sin que el condenado fuera absuelto.
Judicialización de la política
Hace casi un año, la entonces presidente Dilma Rousseff dijo en la sesión del senado que la juzgaba que el proceso al que estaba sometida no dejaría “nuestra democracia tranquila”.
Durante las largas 14 horas de la sesión, Rousseff argumentó, una y otra vez, que su destitución, sin que se pudiera comprobar el “crimen de responsabilidad” de que se le acusaba por el manejo de las finanzas, equivaldría a un golpe de Estado.
El resultado fue, sin embargo, el ya conocido. Destituida, asumió el cargo el vicepresidente Michel Temer, quien ahora enfrenta un trámite en la Cámara de Diputados que, de ser aprobado, permitiría al Supremo Tribunal Federal analizar una acusación en su contra por corrupción pasiva, presentada por la Procuraduría General de la República.
La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados rechazó un primer informe que recomendaba continuar el proceso contra el Presidente. Fue elaborado entonces un nuevo informe, rechazando esa medida, que debió votarse la semana pasada por el plenario. La falta de quórum lo impidió. La lectura y votación del informe es condición para que la Cámara autorice enviar el caso al Supremo Tribunal Federal (STF) y podría ocurrir esta semana. Esta sería la primera vez que un presidente de la República, en el ejercicio del cargo en Brasil, es acusado ante el STF.
Pero el eventual sucesor de Temer, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, también está siendo investigado, así como la mayor parte de los integrantes de la mesa del congreso, al revelarse un habitual esquema de financiamiento de la política por donaciones ilegales de empresas, llamada “Operación Lava-Jato”.
Al inicio, hace ya más de dos años, la investigación apuntaba especialmente al financiamiento del PT. Como dijo el exministro de Hacienda, el economista y abogado Luis Carlos Bresser, “esta estrategia funcionó al principio porque el PT, efectivamente, se financió recibiendo propinas”. “Pero, pasado más de un año, la estrategia se desinfló definitivamente, al quedar claro que los demás partidos, especialmente el PMDB, y varios de los líderes de este partido y del PSDB estaban todavía más comprometidos con la corrupción que los líderes del PT”, dijo Bresser.
Al mismo tiempo, agregó, “se hizo evidente que Lula no estaba personalmente involucrado en la corrupción. Pero Moro no podía ‘traicionar’ a sus compañeros y condenó a Lula. Al hacerlo, avergonzó la justicia brasileña”.
Contra los derechos laborales
Mientras el caso Lula acaparaba la atención de los medios, una devastadora reforma laboral se aprobó la semana pasada en el Senado por 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención.
En la misma línea de las reformas que el nuevo presidente de Francia, François Macron, está impulsando en su país, la reforma debilita los derechos de los trabajadores al eliminar los convenios colectivos y poner inclusive por sobre la misma legislación los acuerdos entre un empresario y sus trabajadores. Se agiliza el proceso de contratación y despido, se crea una figura de “empleo intermitente”, se flexibiliza la jornada laboral y se permite tercerizar cualquier actividad de las empresas. Al eliminar la cotización sindical obligatoria, se debilitan los 17 mil sindicatos existentes en Brasil.
Con cerca de 80 millones de personas ocupadas, según datos del año pasado, en un país con una población de 190 millones de habitantes, solo 30 millones trabajan con sus derechos plenamente reconocidos. Los demás están en el mercado informal.
Para el senador Paulo Paim, exsecretario de la Central Única de los Trabajadores (CUT Brasil): “Temer engaña al pueblo diciéndole que la flexibilización traerá trabajo, y no es así. Traerá más garantías para que el patrón lo pueda despedir. Hoy tenemos casi 14 millones de desocupados. A este paso en un tiempo tendremos 15”. Y agregó: “Estamos frente a una canallada que afectará a cien millones de trabajadores. Volveremos a una situación de total desprotección del trabajador, como antes de los años 40”.
