Crisis política en Brasil

Todo listo para destitución de Rousseff

Con la elección, el pasado lunes 25 de abril, de los 21 miembros de la comisión que analizará el pedido de impeachment

Con la elección, el pasado lunes 25 de abril, de los 21 miembros de la comisión que analizará el pedido de impeachment (proceso de destitución) contra la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, ha quedado todo listo para el inicio del proceso en el Senado que, todo indica, deberá terminar con la destitución de la mandataria.

La comisión deberá presentar su informe al pleno de senado que, por mayoría simple, decidirá si abre el proceso contra la presidenta, en una votación que se espera se lleve a cabo entre la primera y la segunda semanas de mayo próximo.

Una decisión favorable implicará la inmediata suspensión de la presidenta, que deberá dejar su cargo en manos del vicepresidente, Michel Temer, del opositor PMDB –partido del también presidente del senado–, Renan Calheiros y del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, verdadero gestor del proceso de impeachment contra la mandataria.

A partir de ese momento, el senado tiene un máximo de 180 días para discutir y votar la resolución definitiva. Para su aprobación se necesitará entonces el voto afirmativo de dos tercios de los senadores.

Será esa la votación la que definirá el destino del gobierno de Dilma Rousseff. En todo caso, pese a crecientes presiones internas e internacionales, todo indica que la oposición llevará hasta el final su intención de acortar el gobierno de Rousseff, elegido a fines del 2014 para un periodo de cuatro años.

Comisión opositora

La comisión formada el lunes pasado en el senado no solo tiene amplia mayoría opositora (en realidad, solo cinco de sus miembros se han pronunciado contra la destitución), sino que su presidente, Raimundo Lira, es también miembro el PMDB.

El relator será el senador Antônio Anastasia, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), el mismo del expresidente Fernando Henrique Cardoso y del candidato derrotado por Dilma en las últimas elecciones presidenciales, el también senador Aécio Neves.

Esa cercanía llevó a diversos senadores a señalar la inconveniencia que representa el hecho de que un senador tan cercano a Neves sea el relator, creando la imagen de una revancha en un ambiente político crispado por las denuncias del intento de golpe de Estado.

La presidenta y sus partidarios rechazan las acusaciones de responsabilidad política por la que la oposición pretende destituirla.

Se trata de la referencia a un procedimiento administrativo para el manejo del presupuesto habitual en los gobiernos brasileños, pero que los opositores tratan de presentar ahora de forma que se entienda como relacionado con actos de corrupción que involucran parte importante de grupos políticos brasileños, del Gobierno y de la oposición, pero de los cuales la presidenta no está acusada.

En un clima de destitución anunciada, el vicepresidente Temer ha sostenido ya, de forma discreta, diversas reuniones para discutir la eventual conformación de su gabinete, que deberá enfrentar la recesión económica con nuevas medidas de austeridad.

Apoyado por la oposición neoliberal, se estima que el gobierno de Temer avanzará en recortes del gasto público y en un proceso de privatizaciones de empresas todavía en manos del Estado.

Corrupción

Las razones políticas del impeachment contra la presidenta han sido ampliamente justificadas por quienes lo apoyan, mientras procesos contra hechos de corrupción siguen desarrollándose en diversas instancias judiciales.

Una demanda del PSDB contra Rousseff y Temer ha sido aceptada por el Tribunal Superior Electoral, que investigará si hubo abuso de poder económico y político en las pasadas elecciones, en las que su candidato fue derrotado por margen estrecho en la segunda vuelta.

Del mismo modo, avanzan las investigaciones contra el presidente de la Cámara de Diputados, acusado de corrupción al descubrirse cuentas en Suiza a su nombre con cerca de $15 millones, de dineros que se estima procedentes de sobornos.

Otro proceso, el más grande, conocido como Lava-Jato, involucra a dirigentes políticos y parlamentarios de los más diversos partidos (la mayoría del PMDB) en sobornos otorgados por las grandes constructoras y que le pueden haber costado a la petrolera brasileña Petrobrás miles de millones de dólares.

Otras miradas

El impeachment contra la presidenta Roussef ha ido acaparando la atención internacional.

El pasado 21 de abril, en el diario británico The Guardian se podía leer que “la élite política de Brasil y su clase media estaban jugando con los mecanismos de la democracia. Ese es un peligroso e impredecible juego en cualquier lugar, pero particularmente en una muy joven democracia, con una reciente historia de inestabilidad política y tiranía, y donde muchos están furiosos con su precariedad económica”.

Por su parte, en una inhabitual manifestación política, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la mexicana Alicia Bárcenas, señaló, en un mensaje enviado a la presidenta brasileña, que “nos violenta que hoy, sin juzgamiento ni pruebas, utilizando filtraciones y una ofensiva mediática que ya decidió por la condena, se intente demoler su imagen y su legado, al mismo tiempo en que se multiplican los intentos por minar la autoridad presidencial e interrumpir el mandato otorgado por las ciudadanos en las urnas”.

“Los procesos que se viven en Brasil en estos momentos –agregó– nos ilustran los peligros a la que está expuesta nuestra democracia”.

En Brasil, otras voces se suman a estas visiones del proceso actualmente en marcha. En artículo en el que analiza el papel de la principal red de comunicación, la Globo, el periodista Miguel do Rosário, especialista en el análisis de las comunicaciones, recuerda hechos recientes de la historia política de Brasil y el papel de ese medio en ellos.

Refiriéndose al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, presidente en dos periodos (para lo cual promovió un cambio constitucional en Brasil), Rosário afirma que la compra de votos realizada para aprobar en el congreso la reforma constitucional fue uno de los mayores robos políticos ya realizados en el país.

“La democracia fue vergonzosamente robada, con la complicidad de la Globo”, afirma. Lo mismo que el proceso de privatizaciones del gobierno Cardoso, mediante el cual el gobierno entregó el patrimonio público (mitad de la Petrobrás, la empresa minera Vale do rio Doce, Telebras, CSN y otras) “sin ganar nada, pagadas con títulos podridos y con plata prestada, con intereses subsidiados por el propio gobierno”.

Una tendencia política que se apresta a volver al gobierno, ahora de la mano del impeachment que el senado brasileño deberá votar el próximo mes.


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