Con 65 asesinatos, Colombia ocupa un triste primer lugar en la lista de países donde más asesinatos se cometieron contra personas defensoras del medio ambiente durante 2020 y aunque se trata de una cifra muy alta, no se trata de un caso excepcional en América Latina.
De hecho, la recopilación de casos realizada por la organización no gubernamental (ONG) Global Witness y divulgada el pasado 13 de setiembre en el informe Última Línea de Defensa, muestra que de los 22 países en que se dieron asesinatos, nueve son de la región, incluida Costa Rica con el asesinato de Jehry Rivera, indígena Bröran asesinado tras el ataque de una turba de usurpadores en el territorio de Térraba.
Además, los países latinoamericanos lideran tanto al observar los números absolutos de asesinatos, como al tomar en cuenta la cantidad de asesinatos per cápita. Siete de los diez países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo pertenecen a América Latina. Es particularmente notorio que casi tres cuartas partes de los ataques registrados en Brasil y Perú sucedieron en la región amazónica.
Mauricio Álvarez, docente del programa Kioscos Socio Ambientales de la UCR, destacó en un escrito compartido con UNIVERSIDAD que el informe de la ONG apunta que los pueblos indígenas “son las principales víctimas de este año y para muestra nuestro país donde se registra el asesinato del defensor indígena Jehry Rivera”, y recordó que fue asesinado de cinco disparos por la espalda en medio de un "linchamiento" de usurpadores no indígenas por un terreno recuperado en febrero del 2020.
Álvarez además observó que el asesinato de Rivera dio en el contexto de un ciclo de violencia que incluye amenazas de muerte a doce personas líderes de pueblos indígenas y dos activistas que acompañan el proceso de recuperación territorial que vienen realizando las comunidades originarias.
Añadió que esas amenazas son sólo parte de 89 tipos de agresiones registradas tan solo durante el 2020 en la zona Sur del país, que fueron sistematizadas en un estudio que divulgó la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Global Witness en su informe destaca hechos como que Colombia es reincidente en ser el país que registra la mayor cantidad de ataques, con 65 personas defensoras asesinadas en 2020. De esos ataques, una tercera fue contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad contra personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala.
En Nicaragua mientras tanto se registraron 12 asesinatos, muy por encima delos cinco de 2019. Si se consideran los asesinatos per cápita, llegó a ser el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.
Un 71% de las personas asesinadas luchaban por defender bosques de la deforestación y del desarrollo industrial, “algo vital en el esfuerzo por frenar la crisis climática”. En otros casos se trató de personas defensoras de ríos, áreas costeras y océanos.
También es preocupante la situación en África, donde Global Witness documentó 18 asesinatos en 2020, casi el triple de los siete registrados en 2019.
La organización subraya la responsabilidad a nivel global de muchas empresas casadas con “un modelo económico extractivo que prioriza de forma abrumadora las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que, no solo ha llevado la crisis climática al borde del colapso, sino que ha perpetuado el asesinato de personas defensoras”.
