El presidente dice que todo marcha bien, que el país está creciendo; pero la oposición plantea que Honduras está desprestigiada, que no tiene credibilidad, que hay inseguridad jurídica, que la corrupción afecta la inversión.
Desde hace casi dos meses no cesan las protestas en las calles. Todo comenzó con un proyecto para privatizar los servicios de educación y salud. Son las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI): hay que reducir el Estado y los del gastos sector público.
Pero en Honduras los servicios son ya muy precarios. En realidad son los pobres, los migrantes, los que sostienen la economía con sus remesas, nos recuerda el profesor y periodista Juan Ramón Durán, de larga trayectoria profesional también en el campo de las consultorías, tanto en materia electoral como en el lucha contra la corrupción.
UNIVERSIDAD conversó con él por WhatsApp el pasado viernes 21. Lo que sigue es la transcripción de esa conversación.
Gilberto Lopes – Hace casi dos meses los hondureños salieron a las calles para protestar contra la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educación. Lograron detener al aplicación de la ley, pero las protestas siguen. ¿Por qué?
Juan Ramón Durán – La plataforma de lucha que se creó hace dos meses logró que el Congreso derogara unos acuerdos presidenciales sobre la transformación del sistema de salud y de educación.
Los maestros y los médicos entendieron que esos proyectos iban a promover un despido masivo de personal para nombrar a activistas políticos del partido de gobierno.
Se logró parar eso pero luego se descubrió que había otros acuerdos presidenciales todavía más perversos, encaminados a la privatización de los sistemas de salud y educación. Esto significa trasladar a la empresa privada las escuelas, colegios y universidades públicas.
Se trata de un viejo plan que ha impulsado la empresa privada: vale más dar una beca a los estudiantes de universidades públicas para que vayan a matricularse en las universidades privadas.
La Universidad Autónoma de Honduras tiene 90 mil estudiantes en ocho centros regionales, en Tegucigalpa y en todo país. Esos muchachos recibirían una beca para ir a estudiar a una universidad privada y se eliminaría la universidad pública.
Lo mismo ocurriría con escuelas de primaria y secundaria y con los
con hospitales públicos. Los servicios que prestan se contratarían a empresas privadas. Ya está privatizado, por ejemplo, el servicio de diálisis. Esos servicios los daba el Estado en sus hospitales y en la seguridad social.
Estas son condicionalidades del Fondo Monetario Internacional (FMI): hay que reducir la masa laboral y la masa salarial, y todo eso significa que los servicios pasen al sector privado.
El Presidente de la República ha dicho que por ahora no va a seguir con este proceso, pero que no puede retroceder en el sistema de transformación, en lo que ya se ha avanzado.
GL – Hace ya diez años se derrocó el gobierno de Manuel Zelaya. Desde entonces se han sucedido tres gobiernos conservadores del Partido Nacional en medio de una creciente inestabilidad política. En su criterio, ¿por qué ha ocurrido eso?
JRD – La crisis provocada por el golpe de estado de junio del 2009 ha continuado. Es una especie de fantasma que ha estado presente en el país a lo largo de diez años. Esta situación se agravó con las elecciones del 2017, cuando Juan Orlando Hernández se reeligió violentando la constitución del país. Para eso se basó en una resolución de la Corte Suprema que autorizaba hablar de reelección, pero no la legalizaba. Hernández lo consideró, sin embargo, como una autorización para reelegirse.
Todo esto generó mucha tensión. Además del acto inconstitucional, la oposición alegó que los dos últimos procesos electorales fueron fraudulentos.
En las elecciones del 2017 eso fue más que evidente. El sistema de cómputo del tribunal electoral se cayó. Se fue la luz cuando iba ganando el candidato opositor Salvador Nasralla. Cuando retornó la energía eléctrica, los resultados habían cambiado, Hernández iba ganando por un escaso margen. Pese a la evidencia, la oposición no probó el fraude, de modo que tanto la embajada de los Estados Unidos como la Unión Europea aceptaron el triunfo de Hernández.
GL – Zelaya dice que la única opción que tiene es la rebelión. ¿Es así? ¿Cuál puede ser el desenlace de la crisis actual?
JRD – La oposición ha estado protestando y se plantea tomar las calles, los puentes, las carreteras.
Curiosamente, Zelaya bajó su perfil político en los últimos meses y esta plataforma de médicos y maestros, que se transformó en un movimiento social muy poderoso, ha reclamado la ausencia de la oposición política en estas protestas, porque tienen claro que esa participación es necesaria para que se logre la salida de Hernández.
La oposición plantea la constitución de un gobierno de transición para resolver la crisis, que es muy grave. Sería un gobierno integrado por los tres partidos más grandes de la oposición: el Libre, el Liberal y el Innovación y Unidad (PINU). Un gobierno de transición que llamaría a elecciones para dar paso luego a un gobierno constitucional.
Pero la embajada de Estados Unidos reitera casi diariamente su apoyo a Hernández, pese a que se afirmó que la justicia norteamericana estaba investigando al presidente. Un hermano suyo está preso en Nueva York desde 2017, acusado de traficar toneladas de cocaína. El presidente afirmó que él salió limpio de esas investigaciones, pero solo en setiembre se conocerán realmente los resultados.
Por otro lado, hay una cantidad de denuncias por corrupción de la familia presidencial, mediante ONG que han recibido cantidades enormes de dinero del gobierno para ejecutar proyectos de desarrollo social, sin la debida auditoría, ni rendición de cuentas.
El peruano Juan Jiménez Mayor, jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, de la OEA, había logrado avanzar en algunas investigaciones, pero tuvo de dejarlas en febrero del año pasado ante las dificultades para poder continuar. Luego se supo que también surgieron tensiones entre él y el Secretario Luis Almagro.
GL – ¿Cuál es el ambiente en las calles de Tegucigalpa hoy y qué noticias hay de otras ciudades del país?
JRD – La situación es que este movimiento social, agrupado en la Plataforma de Lucha por la Educación y la Salud, integrada por médicos y maestros, ha cobrado una dimensión extraordinaria. Luego se les han sumado padres de familia, estudiantes, representantes de la sociedad civil.
En 15 de los 18 del país hay tomas de carreteras, se obstaculiza el tránsito, hay saqueos. En barrios y colonias los muchachos se ponen capuchas y salen a quemar llantas en las carreteras, saquean supermercados y tiendas, incendian postas policiales y automóviles, incluso cerca de 72 furgones cargados de bananos y de piña en el departamento de Colón.
La empresa privada ha empezado a expresar su preocupación por los daños a la economía y por sus pérdidas.
En medio de estas protestas de la plataforma se produce, la semana pasada, un paro de fuerzas especiales de la policía, que se acuartelan y se niegan a seguir reprimiendo a los manifestantes. Reclaman por sus deplorables condiciones de trabajo y porque no tienen descanso.
Otro caso extraordinario fue el paro del transporte de carga pesada, de los que mueven el combustible. El país empezó a vivir la falta de combustible en las estaciones. La gente se agolpaba tratando de llenar los tanques.
El gobierno logró la semana pasada un acuerdo con los policías, que eran un pequeño grupo de Tegucigalpa, y también un acuerdo con los transportistas. Pero la situación ha seguido deteriorándose. Inclusive el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), del partido Nacional, como Hernández, dijo que este es ya incapaz de gobernar. Esto ha ido cobrando unas dimensiones muy grandes.
GL – Finalmente, del punto de vista económico, Honduras aparece con un crecimiento cercano al tres por ciento. Pero las imágenes de la migración al norte son dramáticas, mientras el papel de las remesas es cada vez más relevante en la economía del país. ¿Cuáles son las perspectivas económicas del país luego de las promesas electorales de Hernández?
JRD – Aquí hay dos visiones. Hernández pinta un panorama bastante halagüeño. El Presidente dice que todo está marchando bien, que estamos creciendo, que vamos a continuar los arreglos con el FMI, que hay un exitoso proceso de atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
Pero la oposición plantea que el país está desprestigiado, que no tiene credibilidad, que hay inseguridad jurídica, que la corrupción es uno de los principales problemas que afectan la inversión. Y asegura que mientras no se tomen medidas mayores para enfrentarla el país no va a alcanzar objetivos que permitan satisfacer las necesidades de la población.
Los pobres, los migrantes, son los que sostienen la economía nacional, con las remesas, de Estados Unidos y también de España.
Cuando una familia recibe de $500 a $1.000 en un mes, esto le resuelve sus problemas.
Unido a este fenómeno está el problema de las caravanas de migrantes, miles de personas que se marchan hacia México y tratan de pasar a Estados Unidos, en búsqueda de un futuro mejor.
