El Consejo Europeo anunció este jueves la extensión por un año, hasta noviembre de 2021, de las sanciones contra Venezuela “a raíz de la continuada crisis política, económica, social y humanitaria”, unas medidas que Caracas de “criminales”.
En una breve nota oficial, el Consejo señaló que a esa situación se añaden “acciones persistentes contra la democracia, el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos”.
Las sanciones incluyen el embargo a la venta de armas y equipos de represión, así como el congelamiento de eventuales activos de 36 funcionarios a quienes la UE responsabiliza por violaciones a los derechos humanos o de “ataques a la democracia y el estado de derecho”.
Esos 36 funcionarios tienen también vetado el ingreso al territorio europeo.
El presidente Nicolás Maduro comentó que la UE “se quedó pegada a la cola de Donald Trump”, aludiendo a las sanciones estadounidenses que buscan asfixiar a su gobierno.
La UE, de “manera automática sigue con su política cruel, despiadada y fracasada contra Venezuela. Hoy sacaron la extensión de sanciones criminales contra el país, a la cola de Donald Trump se quedó la Unión Europea, vergonzoso, indignante y triste papel”, señaló el mandatario durante un acto en Caracas transmitido por la televisión gubernamental.
La decisión será publicada en la edición del viernes del diario oficial de la UE.
“Estas medidas están destinadas a ayudar a impulsar soluciones democráticas, con el fin de lograr estabilidad política en el país y permitirle atender las necesidades apremiantes de la población”, señaló el Consejo en una nota.
A inicios de octubre, la UE declinó enviar una misión de observación a las elecciones previstas en Venezuela para el 6 de diciembre.
Alegó que no habría tiempo de prepararla y trató, sin éxito, de convencer al gobierno de Maduro de postergar las elecciones por un plazo de cinco a seis meses.
El bloque europeo no acepta el resultado de las elecciones que marcaron la reelección de Maduro en 2018, y solo reconoce la autoridad de la Asamblea Nacional, conducida por Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino y reconocido por medio centenar de países.
En la práctica, sin embargo, Maduro sigue ejerciendo el control institucional y territorial.
“El fraude del 6 de diciembre no le va a servir para nada a la dictadura. Ya la UE al ratificar sus medidas de presión reafirma que no reconocerá esa farsa”, escribió Guaidó en Twitter, a la cabeza del boicot a las elecciones decidido por una treintena de partidos que conforman la mayoría opositora.
En octubre, un diplomático europeo adelantó que si Venezuela insistía en realizar las elecciones el 6 de diciembre la UE “no reconocerá ninguna institución, ni la Asamblea Nacional ni la Suprema Corte”.
Para el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, el gobierno de Maduro carece de “legitimidad democrática”.
