“Toda la obra de Moro terminará. Será una vergüenza nacional”, habría dicho un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, refiriéndose al exjuez y exministro de Justicia del gobierno Bolsonaro, Sergio Moro.
La semana ha sido intensa en América Latina, no solo en Brasil. Se habló poco de la visita del presidente argentino, Alberto Fernández, a México. En Iguala, donde celebró con su colega Andrés Manuel López Obrador el bicentenario de la independencia de ese país, recordó que el continente americano es el más desigual del mundo y convocó a la unidad para combatirla. En un territorio donde muy pocos concentran la riqueza, «¿quién puede vivir en paz con su conciencia?», se preguntó.
Alberto Fernández y su par mexicano tienen una muy buena sintonía, escribió desde México la corresponsal del diario argentino Página 12, Melisa Molina. Algo que no solo se expresa en las declaraciones públicas, sino también en los análisis y planes que han comenzado a discutir, afirmó.
En las conversaciones surgió un tema que preocupa a ambos: la Organización de los Estados Americanos (OEA). La injerencia en América Latina de las políticas del expresidente norteamericano, Donald Trump, en la OEA persisten.
“No sólo recordaban con amargura el golpe de Estado en Bolivia que casi le cuesta la vida a Evo Morales –dijo Molina–, sino que también compartieron la preocupación que les genera la participación de esta organización en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Ecuador”.
“Desde que se hicieron públicas, en junio de 2019, las primeras filtraciones de las conversaciones entre los investigadores de la Lava Jato y el entonces juez Sergio Moro, quedó en evidencia que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no tuvo un juzgamiento imparcial”, Folha de São Paulo.
La lucha de Ecuador
Dada por resuelta la controversia sobre los resultados electorales en ese país, el banquero Guillermo Lasso, con 19,74% de los votos, se impuso por poco más de 32 mil votos al candidato de Pachakutik, Yaku Pérez, quien obtuvo 19,39%. Además, iría a segunda vuelta con el candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, quien alcanzó casi el 33% de los votos. Habrá segunda vuelta el 11 de abril entre los dos primeros.
Izquierda Democrática (ID), de origen socialdemócrata, tuvo un sorprendente buen resultado. Su candidato, Xavier Hervas, quedó de cuarto, con casi 16% de los votos, más de lo señalado por cualquier encuesta. Sin embargo, decidieron la semana pasada no apoyar a ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda ronda.
La ID recomendó a sus bases y dirigentes tomar las mejores decisiones para el país.
Al preguntarle a Lasso, en entrevista publicada el pasado 24 de febrero por el diario El Comercio, sobre cómo haría para sumar los votos del movimiento indígena y de ID en la segunda vuelta, afirmó que su enfoque era dirigirse a los electores. “Nuestro objetivo será hablar con los ciudadanos”.
En su tercera postulación presidencial, parece difícil que pueda superar la diferencia que lo separó de Arauz en la primera vuelta.
“Usted ganó solo en dos provincias, a diferencia del 2017 cuando ganó ampliamente en la Sierra y en la Amazonía. ¿Qué pasó y cómo piensa revertirlo?”, le preguntó el periódico.
“En el 2017 eran ocho candidatos, en esta ocasión son 16, una dispersión inmensa. Por lo tanto, creo que fue una elección totalmente distinta. Ahora estamos en segunda vuelta. El cronómetro está en cero y debemos llevar adelante una nueva batalla democrática”, respondió.
El escenario ecuatoriano extiende su influencia más allá de sus fronteras. En marzo del 2008 el gobierno colombiano había atacado un campamento fronterizo de guerrilleros en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en el que mató al dirigente Raúl Reyes.
Ahora fue el fiscal colombiano Francisco Barbosa el que viajó a Ecuador para acusar a la candidatura de Arauz de haber recibido $80 mil del guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) para su campaña electoral.
Para eso usaron un procedimiento hecho habitualmente en Colombia, con grabaciones supuestamente encontradas en computadoras de guerrilleros abatidos. En este caso, en la del comandante “Uriel”, muerto meses antes de que se anunciara la candidatura de Arauz. En la grabación una voz –que la fiscalía colombiana atribuye a Uriel– le ofrece los $80 mil para la campaña.
El hecho fue luego difundido por la revista Semana, otrora un prestigioso medio colombiano, antes de ser vendido al grupo empresarial Gilinski y de que renunciaran, en noviembre pasado, su director y varios de sus más prestigiosos periodistas.
El operativo montado por el gobierno de Duque fue calificado por el expresidente colombiano, Ernesto Samper, como un infamia, “una campaña sucia para afectar las elecciones de un país vecino y amigo”.
Venezuela y la UE
En Venezuela finalmente se rompió la delgada cuerda de las relaciones con la Unión Europea, luego de que esta anunciara sanciones a 19 líderes políticos del gobierno y de la oposición, que se suman a once sancionados anteriormente. A lo que el presidente Nicolás Maduro respondió dando 72 horas a la representante de la UE en Caracas para abandonar el país. Otra vuelta de tuerca en unas relaciones tensas con una Unión Europea a remolque de la política de Washington.
Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, recordó las sanciones impuestas a ese país por la Unión Europea:
-Euroclear retuvo $1.650 millones que el gobierno venezolano había pagado para la compra de alimentos y medicinas.
-La financiera Novo Banco, con sede en Portugal, retuvo 1.543 millones de euros del Estado venezolano destinados a pagar los tratamientos de personas con enfermedades crónicas.
-El Banco de Inglaterra, en 2018, se negó a repatriar 1.200 millones de dólares de oro venezolano, de los 8.000 millones que Venezuela tiene depositados en esa entidad.
Pineda se refirió al informe de la relatora de Naciones Unidas, Alena Douhan, divulgado el pasado 12 de febrero, sobre los efectos devastadores de las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos y la UE a Venezuela.
El país hoy percibe menos del 1% del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.
«Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional», señaló Douhan, para recordar que cerca del 90% de la población recibe menos de $10 dólares, lo que alcanza para menos del 1% de la cesta alimentaria, condenandolos a la pobreza extrema”.
Sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal –agregó– “constituyen una violación del derecho internacional”.
La mano de la prensa
En Brasil, durante años, Moro y el fiscal Deltan Dallagnol se presentaron como los paladines de la lucha contra la corrupción. Eran la cara de la operación Lava Jato.
Todos jueces y fiscales de provincia, instalados en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, se transformaron, poco a poco, en el eje en torno al cual giraba la vida política nacional. Hasta condenar al expresidente Luiz Ignacio Lula Da Silva por la adquisición fraudulenta de un apartamento en la playa de Guarujá, en São Paulo, y sacarlo de las elecciones del 2018, que terminaron llevando a Jair Bolsonaro al gobierno.
El careo entre Moro y Lula es una de las piezas más notables del proceso judicial brasileño en años recientes.
Todo eso solo fue posible gracias a la creación de un ambiente favorable entre la opinión pública por los grandes medios de prensa brasileños, sobre todo la red Globo, pero también los diarios Estado de São Paulo y Folha de São Paulo.
Las revelaciones de los hackers de las comunicaciones de la Lava Jato desnudaron el acuerdo de Globo con ese equipo. Hoy, los tres medios empiezan a tomar distancia de un escándalo que envuelve al sistema judicial brasileño pero, sobre todo, remece nuevamente su sistema político.
“Desde que se hicieron públicas, en junio de 2019, las primeras filtraciones de las conversaciones entre los investigadores de la Lava Jato y el entonces juez Sergio Moro –dijo, en editorial la Folha de São Paulo del sábado 27 de febrero– quedó en evidencia que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no tuvo un juzgamiento imparcial en el caso del apartamento de Guarujá. Las grabaciones mostraron una cercanía inaceptable entre el magistrado y los acusadores”, lo que, en opinión del periódico, es razón suficiente para dudar de la imparcialidad del proceso.
Ahora que, además de la evidencia, salieron a la luz las conversaciones entre los fiscales y el juez, esa prensa comienza a retractarse.
Lo que desató el lawfare (acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña hacia un grupo) fue, entre otras cosas, el protagonismo internacional de Brasil y del grupo de los BRICS –dijo el excanciller y exministro de Defensa, Celso Amorim,– pero, principalmente, el petróleo y el descubrimiento de las enormes reservas del presal en la costa brasileña.
“La verdad se está asomando. Moro organizó una pandilla llamada Lava Jato”, dijo, por su parte, Lula, en una entrevista publicada la semana pasada.
Ya se había conocido la grabación en la que Dallagnol hacía referencia a la cooperación ilegal con autoridades norteamericanas (a las que la Lava Jato entregaba regularmente información sobre el caso y sobre las empresas brasileñas, incluyendo la petrolera Petrobrás), suizas y monegascas, con conocimiento del juez Moro. Entonces, surfeaban sus mejores olas.
Advertido por colegas de que esas prácticas podrían poner en peligro los casos contra Lula, Dallagnol afirmó: “Hace mucho que he perdido toda vergüenza”. Jamás imaginaron que las conversaciones se harían públicas.
Ahora, contratado por una empresa norteamericana que da asistencia a la constructora Odebrecht –una de las principales acusadas en la operación Lava Jato, por repartir propinas en diversos países de América Latina– Moro se lamenta de que toda la operación podría ser anulada.
La Lava Jato, dijo Gilmar Mendes, miembro del Supremo Tribunal Federal, “corrompió la democracia en Brasil”.
Ahora el STF deberá votar la anulación de las condenas impuestas por Moro, lo que abre las puertas para la restauración de los derechos políticos de Lula.
La difícil unidad
En tres semanas, el 26 de marzo, el presidente Jair Bolsonaro viajará a Argentina para participar en la cumbre del Mercosur que organiza el presidente Alberto Fernández, la cual conmemora los 30 años de la organización.
Será el primer viaje de Bolsonaro a Argentina, así como también la primera vez que se ve personalmente con Alberto Fernández, recordó el diario Página 12.
En la cumbre se presentará el estatuto de ciudadanía del Mercosur, que extiende a todos los habitantes de los cuatro países del bloque (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) derechos civiles en las más diversas áreas, y se avanzará en la integración en materias como arancel externo común, régimen de origen, comercio electrónico y de servicios, Fondo para la Convergencia Estructural (Focem), sector automotor y cuestiones institucionales.
Pero la decisión más importante, y más amenazadora para el bloque, podría ser otra. El 3 de febrero, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, visitó a Bolsonaro en Brasilia, para promover su idea de flexibilizar el Mercosur. Una idea que comparte también Paraguay.
«Pertenecemos al Mercosur y ya vamos a cumplir 30 años en esta asociación». El próximo paso debe ser la flexibilización, dijo Lacalle, para que cada miembro pueda avanzar en la realización de sus propios acuerdos comerciales”. Algo con que Bolsonaro coincidió y que actualmente no está permitido dentro del grupo.
Noche electoral pinta fea
La semana se cerró con las elecciones parlamentarias del domingo en El Salvador. La noche electoral pinta larga y fea para las oposiciones. Los dos tercios de las curules en la Asamblea de 84 diputados, y la inmensa mayoría de los gobiernos locales, están al alcance de lo que ya comienza a llamarse la aplanadora cian, por el color que identifica al partido del presidente Nicolás Bukele. Nuevas Ideas, dijo el escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya, en una entrevista para el diario El País, desde la Universidad de Iowa, donde da clases de literatura.
“La guerra civil comenzó en 1932 con la insurrección comunista y terminó en 1991 con los Acuerdos de paz. Son 60 años de conflicto y los siguientes 30 años posteriores a la guerra civil consistieron en deshilvanar la polarización política del país”.
El fenómeno Bukele “es posible gracias a eso, y si no hubiera sido así nunca habría llegado al poder. Durante estos años pasamos de una política definida por el crimen a una política definida por la política y la convivencia democrática. Sucedió que esos protagonistas democráticos se fueron autodestruyendo en el ejercicio del poder. Ahora vamos a ver si esa dinámica autodestructiva no destruye también al propio Bukele más rápido que a los otros”.
Consultado sobre la forma despectiva que tiene Bukele de referirse a unos acuerdos de paz que pusieron fin a décadas de conflicto armado (pero que el presidente, de 39 años, no vivió), Horacio Castellanos contestó: –Me da tristeza y siento que vivimos en lo que Sergio Ramírez llama la rueda de la bicicleta porque, en verdad, los problemas esenciales son los mismos: violencia, pobreza, emigración…
