Con millones de personas manifestándose en las calles el domingo pasado (3,4 millones, según la policía) la crisis política brasileña se extendió por todo el país, aumentando la presión sobre el gobierno de Dilma Rousseff.
El fin de su mandato es la principal demanda de los manifestantes que para lograr su objetivo cuentan con una gama diversa de opciones. Una votación en el Congreso o una decisión del Tribunal Supremo Electoral serían la alternativa institucional.
Pero, la oposición no descarta la renuncia de la Presidenta y no ha faltado tampoco quienes piden, en las calles, un nuevo golpe militar. En todo caso, ninguna de las dos últimas parece probable. Rousseff ya descartó la posibilidad de renuncia y un golpe militar carece de cualquier apoyo político que lo haga viable, aunque militares en retiro estén organizando un acto conmemorativo del golpe que los llevó al poder el 31 de marzo de 1964.
Cerca de 3,4 millones de brasileños, según datos de la Policía Militar, participaron en las manifestaciones del pasado domingo, que se llevaron a cabo en prácticamente todos los estados del país, incluyendo Brasilia, la capital.
Para el diario conservador Estado de São Paulo, la “mayor manifestación en la historia del país aumenta la presión por la salida de Dilma”. Para el diario, la gran participación en las protestas descalificó el discurso del gobierno y del Partido de los Trabajadores (PT), según el cual el país está “dividido” y reforzó el pedido de destitución (“impeachment”), que deberá ser decidido por el Congreso, sin que se descarte tampoco que pueda influenciar la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE), sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral pasada de la Presidenta, que implicarían su destitución.
Cerca de la mitad de los manifestantes se concentró en São Paulo, donde el PT, de Rousseff y del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo sus peores resultados en las elecciones de hace dos años.
Pero fue ahí también donde el gobernador Geraldo Alckmin, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), y el presidente nacional del partido, el senador Aécio Neves (candidato derrotado por Rousseff en 2014) fueron impedidos de hablar por los manifestantes, que los acusaron de “oportunistas” y “corruptos”.
En Río de Janeiro, como en otras diversas ciudades del país, la protesta se realizó en la orla marítima, en este caso en la playa de Copacabana, con el mismo tono de la protesta de todo el país: contra la corrupción, pidiendo la prisión del expresidente Lula y exigiendo el fin del gobierno de Rousseff.
Mientras protestaban, un avión ultraligero apareció sobre la playa desplegando una manta: “No habrá golpe – Frente Brasil Popular”.
Causas de la crisis
La crisis brasileña tiene tres causas principales, según el reconocido analista Sergio Haddad. “La política, que se expresa en una profunda polarización de los campos en pugna” y como resultado de gobiernos de coalición con partidos muy disímiles; la económica, con una caída sostenida del crecimiento –y por lo tanto de la redistribución social− ; y la ética, que implica los muy diferentes escándalos de corrupción, entre ellos el más conocido: Lava Jato”, un escándalo en el que están involucradas algunas de las mayores empresas constructoras del país y que le ha costado a la petrolera brasileña Petrobrás cerca de $16.000 millones. Parte del dinero ha financiado campañas electorales o ha ido a parar al bolsillo de dirigentes políticos de diversos partidos, no solo del PT.
Para Haddad, sin embargo, las acusaciones contra el PT, sus aliados y la mandataria, “van a mantenerse como una espada de Damocles todo el tiempo en estos próximos meses, si bien es cierto que no hay elementos que señalen una responsabilidad directa de ella en ese escándalo”.
Lo que sí es su responsabilidad es la política conservadora de ajuste estructural que impulsó en su segunda mandato y que ha desconcertado la base política de su partido.
João Pedro Stedile, el principal dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), también se refirió a tres crisis: la económica, la política, y una social.
Stedile estimó que el proceso electoral fue secuestrado en Brasil por las empresas que financian a los candidatos, señalando que las diez mayores financian cerca del 70% de los parlamentarios.
Debilitado el PT –decía otro analista en su página de Facebook– “la parte de la derecha que está fuera del gobierno quiere aprovechar la crisis para volver al poder. Ya lograron hacer que el gobierno adoptara su programa económico”, y con la “profundización de la crisis y la clase media haciendo ruido en las calles, quieren más…”.
Con la crisis involucrando a todos los poderes de la República y en pleno desarrollo, nadie se atreve a predecir un desenlace, pero el calendario electoral indica que en octubre debe haber elecciones municipales, que en el clima político actual podría transformarse en un verdadero plebiscito.
Debate
La semana pasada tres fiscales del Estado de Sao Paulo presentaron cargos contra el expresidente Lula, al que acusaron de haber recibido un apartamento y una finca de empresas contratistas de Petrobrás que le financiaban también supuestas conferencias, dinero que habría ido a parar, además, a su fundación o a empresas de sus hijos.
Da Silva niega ser propietario de esos bienes. En todo caso, la decisión sobre el pedido de encarcelamiento está en manos de un juez y ha sido considerado −inclusive por comentaristas sin ninguna simpatía por el PT, como Merval Pereira, del también conservador diario O Globo− como una cosa “desproporcionada”. “Los argumentos son mucho más políticos que jurídicos”, afirmó Pereira en su columna.
Ya sean jurídicos o políticos, el extenso documento de los fiscales desató una ola de ironías, al leerse en su numeral 129: “las actuales conductas del denunciado Luiz Inácio Lula da Silva, que llegó a emocionar el país al asumir como Presidente de la República en enero del 2003 …ciertamente dejarían a Marx y Hegel avergonzados”. Esta confusión de Hegel por Engels, el autor, junto con Marx, del Manifiesto Comunista y editor del gran parte de El Capital, en las redes sociales se atribuía a los “tres chiflados”, en referencia a los fiscales que lo firmaron.
Si para la oposición y una parte de los brasileños las responsabilidades de Lula y Rousseff en los casos de corrupción son evidentes −como lo dejaron ver las manifestaciones del domingo−, para otros son parte de una ofensiva política contra el gobierno.
Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), afirmó en artículo publicado el pasado 4 de marzo −día en que Lula fue llevado por la fuerza a declarar− que con ese hecho se había dado en Brasil “un paso más en el proceso de desestabilización institucional, que pretende perpetrar un sector del Poder Judicial, la Policía Federal, los monopolios de prensa y las fuerzas políticas que han sido derrotadas en las últimas elecciones nacionales”.
Para Gentili, “nada se ha demostrado sobre la vinculación del expresidente Lula o de la presidenta Dilma Rousseff con cualquier hecho ilícito. Pero, decenas de calumnias se han formulado contra ellos”.
Mientras tanto, el columnista Luis Nassif sostiene que la “revelación de la enorme red de corrupción de Petrobrás” fue el ariete detrás del cual “se montó un trabajo sistemático de destrucción de todos los símbolos del país”.
