“Se estima que, en Colombia, las actividades de producción de drogas explican hasta el 40% de los homicidios”, señala Julian Wilches, exdirector de Política de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia.
Además, solo el negocio de la cocaína mueve alrededor de $180 billones al año, añade Wilches. Mientras, los Estados gastan millones de dólares en tratar de combatirlo. Por ejemplo, en México “los recursos para combatir al narcotráfico y al crimen organizado son 80 veces más que aquellos que se destinan para la prevención de las adicciones. En Colombia (en 2010), la reducción de la oferta concentró el 64.2% del presupuesto destinado a la lucha contra las drogas, el desarrollo alternativo solo llegó a 5.5% y la reducción del consumo a 4.1%”, dice el experto.
Pese a las acciones de los países, la cantidad de consumidores de drogas en el mundo aumentó de 208 millones a 247 millones entre el 2006 y el 2014. De estos, cerca de 29 millones sufren trastornos por ese consumo y sin embargo, solo uno de cada seis recibe tratamiento, de acuerdo con Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Con base en este panorama, Wilches y otros investigadores, convocados por la organización Confedrogas a la VI Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Caribeña sobre Políticas de Drogas, celebrada el 5 y 6 de octubre en República Dominicana, concluyen que la Guerra contra las drogas está dejando a su paso más víctimas que ganadores.
Además de las cifras de homicidios, las organizaciones señalan el aumento en las tasas de encarcelamiento por delitos relacionados a los estupefacientes. En casi todos los países de la región, esos números han crecido, principalmente en países como Colombia y México, de acuerdo con el estudio Reforma a las políticas de drogas en Latinoamérica: Discurso y realidad, realizado por Alejandro Corda, del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD).
La mayoría de los apresados son personas en condición de vulnerabilidad, jóvenes y mujeres, que se ubican en los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico y que transportan pequeñas cantidades de drogas.
Costa Rica no se excluye de esa realidad. En un estudio realizado por Ernesto Cortés, de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (Aceid), el 70% de presos por drogas se dedicaban al narcomenudeo. Además, la mayoría carecía de educación formal y algunas también tenían adicción.
Asimismo, el narcotráfico cada vez está cobrando más víctimas en Costa Rica. Para finales del año pasado, los “ajustes de cuentas” relacionados con drogas se posicionaron como la primera causa de asesinatos en el país que el año pasado rompió su propio récord con un total de 557 homicidios.
Los desaciertos no acaban ahí sino que poblaciones de campesinos de países como Perú y Colombia, quienes durante años se han dedicado a la siembra y consumo de la hoja de coca, de pronto se vieron criminalizados por las políticas de drogas que incluyen erradicaciones forzadas a sus cultivos.
“Hay una particularidad y es que las comunidades indígenas mascan la hoja de coca y solamente en el territorio nuestro tenemos un promedio de 3500 campesinos que mascamos hoja de coca, que tenemos la cultura de hoja de coca, pero no somos reconocidos por el gobierno colombiano para el derecho. Y nos resistimos a dejarla acabar. En otras regiones no se tiene el uso cultural y ha sido un medio de poder subsistir y hacerle frente a esa marginalidad y pobreza”, explica José Herney Ruiz, del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), invitado al evento.
“La política de drogas nos afecta porque esa misma presión hace que nuestras gentes se vayan a los tugurios, a la ciudad, nuestros campesinos no están preparados para vivir en la ciudad porque nuestra vida ha sido en el campo y es ahí donde se aumenta más el fenómeno de delincuencia, de drogadicción, y para los que nos quedamos, nos afecta porque la organización social se desarticula”, añade el campesino.
La ruta a seguir
En la búsqueda de otros caminos a seguir como políticas de drogas en los países, Pablo Cymerman, coordinador ejecutivo de Confedrogas, señala que se requiere “una política que reduzca el despliegue represivo y ponga énfasis en la persecución del crimen organizado sin incrementar la violencia social institucional, buscando así disminuir la situación de hacinamiento en las cárceles de la región, en buena medida, producto de la desproporcionalidad con que se castigan los delitos de drogas”.
Las organizaciones involucradas en este proceso también apuntan que el uso de drogas sea separado del ámbito penal y por lo tanto se respeten los derechos de las personas consumidoras.
“Una política que diferencia entre usos problemáticos y no problemáticos de drogas y que privilegie intervenciones de salud pública que incorporen un abanico completo y diverso de respuestas, incluyendo acciones de reducción de riesgos y daños”, agrega Cymerman.
“Una política que proteja y estimule el desarrollo económico de los campesinos y agricultores en lugar de perseguirlos y encarcelarlos, que priorice su acceso a la propiedad de las tierras, promueva sus prosperidad económica y respete y profundice los usos tradicionales”.
“Una política que se anime a expandir, monitorear y evaluar las experiencias en marcha de regulación de los mercados y fortalezca la función fiscalizadora de los estados”, concluye el representante de Confedrogas.
El ejemplo de Uruguay
Precisamente, volver la mirada hacia algunos países que han tomado vías alternativas en las políticas de drogas fue uno de los principales objetivos del encuentro en República Dominicana.
Entre estas experiencias resalta el caso de Uruguay, país que en el 2013 aprobó una ley y se convirtió en el primer país del mundo en regular el mercado de la marihuana, como parte de una estrategia de seguridad y convivencia ciudadana del entonces presidente José Mujica.
Milton Romani, exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay y homenajeado la Conferencia sobre Políticas de Drogas, comentó que el consumo de cualquier tipo de droga en su país nunca ha estado penalizado y que, por ello, al juez le corresponde determinar de forma razonable si la cantidad portada es para uso personal o no; sin embargo, dijo, existía “un vacío legal” pues los consumidores debían acudir al mercado negro.
“La ley que fue discutida en el parlamento creaba un espacio regulado para obtener el cannabis, que es la droga ilícita más consumida en Uruguay, a pesar de que el tabaco y el alcohol producen mayores daños. Establecimos esta ley que permite el acceso al cannabis legal y una nueva institución que es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y entonces tenés tres formas de acceso: una por cultivo personal (hasta seis plantas por hogar), los clubes de membrecía y en farmacias con previo registro de todos los usuarios”.
Según Romani, pese a que todavía no hay suficiente información para medir el impacto de la ley, se ha podido observar que “hay más de 6.000 uruguayos que no acceden al narcotráfico y que el día que terminemos de instrumentar la ley va a haber cerca de 160.000 uruguayos que no van a comprar en ese mercado ilícito”.
Afirmó que la despenalización no significa mayor aumento en el consumo y resaltó que el Estado podrá recaudar importantes sumas de dinero por conceptos como patentes, distribución y desarrollo de la marihuana medicinal. “Todo aquello que antes recaudaba el narcotráfico, ahora, desde una herramienta de mayor control, significa ingresos para el Estado”, expresó.
Además, destacó que la ley especifica que dichos ingresos deben ser empleados en el tratamiento para personas con adicción y el apoyo a las agencias que siguen teniendo el objetivo de perseguir al crimen organizado.
