Río De Janeiro, Brasil
Descargas eléctricas, palizas, amenazas de muerte: el infierno vivido por más de 200 trabajadores de la vendimia en el sur de Brasil causó conmoción y volvió a poner el foco en las prácticas de esclavitud moderna que manchan a varios sectores productivos del país.
“Hemos registrado un número cada vez mayor de trabajadores en condiciones similares a la esclavitud”, dijo a la AFP el fiscal Italvar Medina, de la Coordinación Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Conaete).
El número de personas rescatadas en esta situación se ha más que duplicado en dos años, pasando de 936 en 2020 a 2.075 en 2022, según datos oficiales de la Inspección del Trabajo.
La cifra del año pasado es la más alta desde 2013 (2.808).
Y 2023 empezó con un caso emblemático y preocupante: el rescate de 207 personas que trabajaban en condiciones degradantes para tres grandes bodegas de Bento Gonçalves (sur), región de Brasil reconocida en el extranjero por su producción de vinos, especialmente de espumantes.
La policía los liberó hace dos semanas, gracias a la denuncia de un grupo que había logrado escapar.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, los obreros habían sido reclutados en el estado de Bahia (noreste), a unos 3.000 km de los viñedos donde trabajaban, por una empresa tercerizada de mano de obra.
Deudas impagables
Los escalofriantes testimonios de trabajadores recogidos por el gobierno o publicados en la prensa local mencionan descargas eléctricas para despertarlos de madrugada, agresiones con palos, gas pimienta y amenazas con frases como “un buen bahiano es aquel que está muerto”.
Al cabo de jornadas exhaustivas, los obreros dormían hacinados en un gimnasio, donde recibían comida en mal estado, que había estado horas al sol.
Para obtener otros alimentos, eran obligados a comprar provisiones a precios excesivos, acumulando deudas a tal punto que perdían sus salarios y no lograban reunir recursos para regresar a sus hogares.
Las tres empresas vinícolas rechazaron categóricamente el trabajo en condiciones semejantes a la esclavitud y atribuyeron la responsabilidad a la empresa de mano de obra subcontratada.
“No se trata de un caso aislado. Esto es consecuencia de un modelo económico que mata”, dijo Andrei Thomaz Oss-Emer, miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), grupo católico que defiende a los trabajadores rurales.
“Muchas empresas del sector alimenticio recurren a esa forma de contratación (…) tercerizando y precarizando el trabajo hasta el punto en que se torna una forma moderna de esclavitud”, añadió Thomaz Oss-Emer.
“Racismo estructural”
Para Mauricio Krepsky, jefe de la División de control para la erradicación del trabajo esclavo del Ministerio de Trabajo, el caso de las bodegas de Bento Gonçalves “enciende una alerta”.
“Muestra que estas violaciones pueden ocurrir en cualquier sector, incluso en aquellos que hasta ahora no tenían un historial así de grave”, como el sector vinícola.
También al inicio de este año, Brasil vivió otro caso que resultó menos mediático: el rescate de 139 trabajadores de una planta de caña de azúcar en el interior del estado de Goiás (centro-oeste).
La esclavitud moderna en Brasil ocurre principalmente en las actividades agrícolas, especialmente en la caña de azúcar y el café, pero también se han registrado casos en el medio urbano, en áreas como la confección de ropas y la construcción.
Krepsky advierte que la mayoría de los trabajadores víctimas de la esclavitud moderna son negros, y que esto está relacionado con el “racismo estructural” todavía presente en Brasil, último país de América en abolir la esclavitud, en 1888.
“Los empresarios no lo hacen solamente para aumentar sus ganancias, piensan realmente que esas personas pueden ser tratadas como trabajadores de segunda clase debido a su color de piel”, asegura.
El fiscal Medina señala por su parte que en Brasil existe una “cultura de desvalorización” de la mano de obra poco calificada.
“Una vez que los empleados son rescatados hace falta hacerles un seguimiento, darles apoyo psicológico, para que puedan reinsertarse en el mercado laboral y que no vuelvan a sufrir este tipo de explotación”, defiende Medina.
Pero esta vigilancia parece una misión imposible, dado que no se han reclutado nuevos inspectores de trabajo desde 2013.
“Hay menos de 2.000 inspectores en un país de 215 millones de habitantes. Es poquísimo. Y es posible que algunos patrones aprovechen esa sensación de impunidad para mantener estas prácticas”, lamenta Krepsky.
