Mundo Guatemala:

“La Cicig no viene aquí a investigar presidentes”

La frase fue dicha un par de días antes de que el caso conocido como “La línea” se hiciera público, en abril del 2015.

La frase fue dicha un par de días antes de que el caso conocido como “La línea” se hiciera público, en abril del 2015. “La Cicig no viene aquí a investigar presidentes”, dijo el entonces presidente, el general Otto Pérez Molina, sobre las investigaciones que realizaba entonces la Fiscalía, a cargo de la fiscal Thelma Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“La línea” era una bien organizada trama para robar al fisco mediante mecanismos para cobrar coimas a los empresarios y evitar así el pago de impuestos aduaneros.

Se estima que el general y su grupo defraudaron al Estado guatemalteco con una suma cercana a los $3,5 millones. Podría ser más y, por este caso Pérez Molina no solo tuvo que renunciar al ser desaforado por el Congreso, sino que está en la cárcel, junto con su vicepresidente, Roxana Baldetti, y otros funcionarios de su administración.

Un camino que ahora podría seguir Jimmy Morales, su sucesor en la Presidencia, después de que la Cicig y la fiscalía guatemalteca pidieran a  la Corte Suprema que levante la inmunidad del presidente para que pueda ser investigado.

A Morales lo acusan de haber recibido financiación ilegal durante la pasada campaña electoral por poco más de un $1 millón. La solicitud tiene que ser aprobada posteriormente por el Congreso para que se haga efectiva. Para eso se necesitan el voto de 106 diputados, de los 158 que integran el legislativo.

Como consecuencia de la crisis, cuatro miembros del gabinete renunciaron el fin de semana, mientras que Morales destituyó al Canciller Carlos Raúl Morales, sin que explicara los motivos.

Financiación ilegal de campaña

Con su lema de “ni corrupto ni ladrón”, Morales, cómico, economista y teólogo, se transformó en el candidato sorpresa en las elecciones de setiembre de 2015, en medio de la conmoción provocada por las investigaciones de la Cicig contra el gobierno del general Pérez Molina.

En poco más de dos meses el candidato del Frente de Convergencia Nacional (FCN) surgió con fuerza en las encuestas. En agosto, a solo un mes de las elecciones, ya estaba en segundo lugar. Pasó al segundo turno y se impuso a la exprimera dama, Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El analista Martín Rodríguez escribió, la semana pasada, en la revista Nómada: “Si bien hasta septiembre de 2015, Jimmy Morales y el FCN no necesitaron de una campaña electoral onerosa para pasar a la segunda vuelta con el 23% de los votos, las finanzas del candidato y del partido dieron vuelta en la competencia directa contra Sandra Torres entre septiembre y octubre. El sector privado tradicional y emergente se acercó al favorito en las encuestas para convertirse en el siguiente presidente y lo financiaron. Así, de la noche a la mañana, los candidatos Jimmy Morales y Jafeth Cabrera tuvieron vallas publicitarias, helicópteros, fondos, hoteles a su disposición, oficinas y equipos para la transición”.

En su campaña explotó la imagen de niño de origen humilde y madre viuda; prometió poner fin a la corrupción, a reforzar la Fiscalía y renovar el mandato de la Cicig, a cuyo encargado, el jurista colombiano Iván Velásquez, decidió expulsar del país el domingo pasado.

Velásquez ganó notoriedad en Colombia cuando reveló el vínculo del expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares, crímenes por los que no pudo encarcelarlo, pero por los que sí llevó a la cárcel al hermano de Uribe.

El expresidente y hoy senador colombiano celebró, en su cuenta de Twitter, la decisión del presidente guatemalteco de expulsar a Velásquez del país, y preguntó por qué no lo habían expulsado antes.

El mandato de la Cicig en Guatemala era de investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y de aparatos clandestinos responsables de delitos que afectaban los derechos humanos. Pero la Fiscalía y la Cicig terminaron encontrando “sofisticadas estructuras de canales, bancos, mineras, gasolineras, telefónicas y constructoras para financiar ilegalmente a candidatos para luego cobrar favores en contratos estatales”.

El malestar de Morales con Aldana y Velásquez data de principios de 2017, cuando su hijo, José Manuel Morales, y su hermano, Samuel Morales, fueron acusados de corrupción, motivo por el que están actualmente detenidos.

Los avances de la investigación de la Fiscalía y la Cicig pusieron nervioso a Morales, que decidió expulsar a Vázquez el domingo, a partir de ese hecho se desató una nueva ola de protestas en su contra y una medida cautelar de la Corte de Constitucionalidad, que suspendió la orden emitida por el presidente y creó un grave impasse político en el país.

Caos

Sin experiencia política y sin estructura partidaria, Morales transformó esa debilidad en factores que lo catapultaron a la presidencia. Pero no despertó mayores esperanzas de cambios.

Quien asuma el poder en Guatemala el próximo 14 de enero (del 2016), decía una análisis sobre la situación de Guatemala, “deberá administrar un país agobiado por la pobreza de 54%, entre sus 15,8 millones de habitantes, por la violencia, que deja unos seis mil muertos cada año, y en especial por el narcotráfico y la lucha entre violentas pandillas o ‘maras’”.

La revista Diálogo, en mayo de 2015, cuatro meses antes de las elecciones, pintaba un cuadro dramático de la situación del país que destacaba el colapso de la red vial, pese a los millones de quetzales destinados a su reparación; el desabasto de los hospitales públicos y el colapso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); así como los altos niveles de desnutrición y, en general, “el fracaso de lo público”.

Ira

En estas circunstancias, la documentada revelación de una red de saqueo de fondos públicos organizada desde las más altas instancias del Estado desató la ira de la población.

Despertó también la preocupación del Gobierno norteamericano. La administración Obama había promovido una “Alianza para la prosperidad” con los países que integran el “triángulo del norte” de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Honduras.

Se trataba de una iniciativa para la cual solicitó del Congreso unos $1000 millones, cuya tramitación se vio trabada precisamente por las dudas que despertaba el uso que pudieran darle a ese dinero.

El entonces vicepresidente Joe Biden había expresado, en un artículo publicado en el New York Times, la preocupación de Washington por los problemas de educación, corrupción institucional y violencia en los países de la región. Le preocupaba, sobre todo, detener la migración de jóvenes que buscaban alternativas en Estados Unidos.

Biden inició su texto recordando la crisis migratoria de 2014, cuando más de 70 mil menores centroamericanos intentaron cruzar la frontera desde México.

Por lo tanto, insistió en la importancia de la Cicig, sin cuya actividad el Congreso no aprobaría los recursos. El programa había entrado en un letargo del que la administración Trump ha tratado de sacarlo en una reciente reunión realizada en Miami, a la que asistió el canciller costarricense, reunión en la que se trató también de alinear los países de la región contra el Gobierno de Venezuela, tema que se abordó en una reunión de la OEA realizada en Washington días después.

Ahora, la nueva confrontación del Gobierno guatemalteco con la Cicig sumerge el país en una crisis que podría terminar con otro presidente en la cárcel, sin que se vislumbre otra alternativa en casa presidencial.

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