Como si en alguna parte de América Latina un país estuviera tan perfectamente dividido entre dos visiones de desarrollo, las elecciones de Uruguay mostraron que eso era posible. En el segundo turno, en noviembre pasado –y contra todos los pronósticos, que sugerían una diferencia más amplia– una coalición entonces opositora, integrada por cinco partidos, derrotó al Frente Amplio (FA) por poco más de 37 mil votos, una diferencia de 1,5%.
Con el país dividido políticamente por la mitad, con la economía estancada y un creciente desempleo, con crecientes preocupaciones por la seguridad y un tenso escenario regional, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, asumió la Presidencia de Uruguay el pasado domingo. Lo hizo al frente de un inédito gobierno de coalición, agrupado en torno a tradicionales fuerzas conservadoras, y prometió “un diálogo constante” con los opositores.
La división política se expresó también en el Parlamento, donde el Frente Amplio tiene las bancadas más numerosas: 42 escaños en la Cámara de Diputados y 13 en el Senado. Unidos, los cinco partidos de la coalición oficial lo superan, pues —en conjunto— obtuvieron 56 diputados y 17 senadores.
El dilema de gobernar en esas condiciones quedó planteado en el discurso de Lacalle Pou ante el Congreso: “no se trata de hacer tierra arrasada, no se trata de cambiar una mitad por la otra”, dijo. Pero la gente eligió un cambio, recordó.
El presidente llegó a un acuerdo con el Frente Amplio para que integre las directivas de empresas públicas y de organismos contralores, a lo que la oposición tiene derecho según la legislación uruguaya, con el nombramiento de 34 cargos.
Política económica
Lacalle definió su visión de la economía del país en su discurso: la situación económica se ha deteriorado. La cifra de desempleo es la más alta de los últimos años. Más de 50 mil uruguayos han perdido su trabajo.
Además, hizo sus propuestas para enfrentar la situación: reducir los costos de producción y recuperar la competitividad nacional; mejorar la muy deteriorada situación fiscal (el déficit fiscal es el más alto de los últimos 30 años) y mejorar la calidad y los precios de los servicios públicos.
El presidente anunció su intención de enviar al Congreso una “Ley de Urgente Consideración” con algunas de las medidas que propone para enfrentar la preocupación en materia de seguridad y la reforma de la seguridad social. La Ley contemplaría también prohibir manifestaciones públicas que afecten la libre circulación de personas, bienes y servicios en espacios públicos o privados.
Este tipo de ley es un mecanismo excepcional, que establece un plazo máximo de tres meses para su votación por las dos cámaras. Caso contrario, queda aprobada.
Aunque su texto definitivo no se conoce, su anuncio generó alguna tensión, tanto entre el fuerte movimiento sindical uruguayo como en la oposición o dentro de la misma coalición gobernante.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, una economista de larga trayectoria, destacó el compromiso del Gobierno con revertir la situación fiscal, ser más eficientes y generar ahorro desde el sector público.
Pero otros economistas advierten sobre el poco espacio de maniobra que tendrá para eso, sin recortar el gasto público social o afectar las jubilaciones.
A partir del 1 de marzo el Gobierno deberá comenzar a construir “un entorno atractivo para invertir”, más allá de la tranquilidad social o la certeza jurídica del país, en opinión de Ignacio Munyo, miembro del Centro de Economía Grant Thornton de la Universidad de Montevideo, citado por el periódico Chicago Tribune.
Con la economía creciendo solo a 1,5% anual desde 2015, la situación incidió en la pérdida de apoyo del entonces gobernante Frente Amplio, sobre todo en el interior del país y entre grupos empobrecidos de la capital.
La solución será ahora atender las demandas de las bases políticas de la coalición gobernante, sobre todo del sector empresarial y agroexportador. En opinión de Munyo, la tranquilidad social y la certeza jurídica ya no son suficientes para promover las inversiones cuando no hay rentabilidad y los costos elevados y los trámites ineficientes se han llevado todos los márgenes de ganancia de los empresarios.
En América Latina
El otro escenario donde el Gobierno uruguayo ya ha anunciado cambios es en el internacional.
El tema apenas mereció atención de Lacalle en su discurso ante el Congreso, donde se centró en referencias al Mercosur. “Hay que fortalecer la región, el Mercosur y al mismo tiempo flexibilizar el bloque para que cada socio pueda avanzar en procesos bilaterales con otros países. No debe importar el signo político de cada miembro del Mercosur”, afirmó.
Se trata de avanzar en la reducción de aranceles, de concluir el acuerdo con la Unión Europea y de deshacerse de amarras que impiden avanzar hacia una mayor liberalización comercial.
Pero las indicaciones más importantes en el terreno de las relaciones internacionales ocurrieron antes de la toma de posesión, cuando el presidente anunció su intención de no invitar a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, la “troika del mal” del presidente norteamericano Donald Trump.
Pero Lacalle anunció también que su gobierno no reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, ni lo invitó a la toma de posesión como sugería Washington. Aunque parece claro que se sumará a la coalición conservadora del llamado “Grupo de Lima” en su apoyo a las políticas de Washington por cercar el gobierno de Maduro.
El nuevo canciller, Ernesto Talvi, explicó que la medida respondía a que no los consideraba “democracias plenas”. A lo que el canciller saliente, Rodolfo Nin, respondió que en ningún país de Sudamérica existen “democracias plenas”.
Entre los mandatarios de la región presentes en el traspaso de poderes estaban los vecinos más conservadores, todos sometidos a enormes presiones en sus propios países: el brasileño Jair Bolsonaro, el chileno Sebastián Piñera, la boliviana Jeanine Áñez o el colombiano Iván Duque. Todos representantes de regímenes que difícilmente se podrían calificar de “democracias plenas”.
Pero más llamativas resultaron las ausencias, sobre todo la del argentino Alberto Fernández; aunque este tenía una buena razón para no asistir, ya que le tocaba pronunciar su discurso ante la apertura de sesiones del Congreso en su país. La otra ausencia fue la del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Ambos gobernantes no alineados con la ola conservadora que trata de imponerse en el continente.
