La defensora de derechos humanos y lideresa indígena de la comarca Ngäbe Buglé de Panamá, Weni Bagama, denunció que hoy, a ocho años de la construcción de la Hidroeléctrica Barro Blanco, por la que fueron desplazados del sitio donde vivían, al borde del río Tabasará, no cuentan con electricidad ni con agua limpia, además de que perdieron sus cultivos y su forma de subsistencia a base de la pesca en el río.
Bagama contó que, aunque el Gobierno dijo que era necesario desarrollar la hidroeléctrica para mejorar el país, ellos ni siquiera tienen electricidad. “No tenemos luz, nadie tiene luz”.
La lideresa, quien dirigió la Coordinadora Nacional de Bases Organizadas contra la Minería e Hidroeléctricas para la Cancelación de Barro Blanco e integró el Movimiento 10 de Abril, visitó San José a inicios de semana, como parte de las gestiones de la petición P. 1010-17, interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las consecuencias de la Hidroeléctrica Barro Blanco en la comarca.
Al menos 20 familias fueron desplazadas y cuatro comunidades afectadas (Quebrada Caña, Palomar, Kiad y Quebrada Plata) con la construcción de la Hidroeléctrica por parte de la empresa de generación eléctrica panameña Generadora del Istmo, S.A. (Genisa).
Bagama, quien fue acompañada por Olinda Castrellón, activista y defensora de derechos humanos en Bocas del Toro, conversó con UNIVERSIDAD sobre la situación.
“Cambió nuestra vida completamente”
“Nosotros mismos tuvimos que salvarnos y huir. Nadie ayudó con eso, ni el Gobierno ni nadie, tampoco nuestras autoridades. Tuvimos que huir del agua y hacer nuestras chocitas arriba, donde no llegara el agua. Ahorita mismo donde yo vivo, van dos años que llueve demasiado, y el año que pasó que hubo mucha lluvia, empezó a brotar agua en cada casa donde nosotros vivimos porque vivimos cerca del agua; el agua cuando sube llega cerca de nuestras casas”, contó Bagama.
“Las tierras más fértiles donde nosotros cultivábamos banano, naranja, pifá, cacao, maíz, todo se inundó, nuestras casas se inundaron. Ahora cultivamos en loma, no es lo mismo, como que se achica el territorio que nosotros teníamos, ya no podemos cultivar como antes”, explicó.
“Antes ese río tenía 34 especies acuáticas, de esos nosotros pescábamos. No teníamos que comprar camarones, pescados, nada de eso comprábamos. Nos alimentábamos nosotros, nuestras familias, de ahí. Ahora con este lago solo existe tilapia y eso es difícil para nosotros, los que cazan tilapia son los que tienen trasmayo porque ese es un lago grande. Eso es cambiarnos nuestra vida, condenarnos a vivir así, ¿a cambio de qué?”, cuestionó Weny.
“A nosotros, la comunidad afectada, teníamos agua limpia para tomar, ahora no tenemos agua. Antes el agua que tomábamos era agua viva, de una quebrada limpia; pero cuando vino el embalse quedó tapada, entonces no tenemos agua. A veces nos toca cocinar el agua del embalse para poder tomar porque no hay de otra. Ahora en abril y marzo que hay mucho verano, se secan todos los otros riachuelos que hay que nosotros consumimos, se secan y no hay agua ni para lavar, ni para bañar”, relató.
Por su parte, Olinda Castrellón, declaró: “Todo está inundado, los árboles inundados, ¿cómo ellos van a construir su bote?. Solamente tenían una lancha prestada para poder movilizarse, solamente una lancha para cuatro comunidades”.
“Es como estar enjaulado, ya no tienen esa libertad, la libertad de la comunidad Ngäbe en ese espacio es caminar a lo largo del río o movilizarse a través del río en pequeños botecitos. Pero este es un lago inmenso, si no tienen un bote están como aislados. El principal medio de subsistencia era el río, donde estaba su principal consumo, la pesca. Toda su vida era diferente; pero no le interesó al Gobierno”, destacó Castrellón.
Cuando se cerraron las compuertas
Desde 2007, la comunidad de Bagama empezó una lucha en contra del proyecto hidroeléctrico, pues sabían que les afectaría, ya que inundaría su territorio, ubicado en el occidente de Panamá. La Ley 10 de 1997 creó la comarca Ngäbe Bugle para salvaguardar su territorio ancestral, que mide aproximadamente 6.968 km2 y establece que no se puede enajenar, titular ni vender, porque es una propiedad colectiva de las familias de la comarca, explicó Bagama.
Sin embargo, en el 2007, la administración de Martín Torrijos aprobó una concesión de agua a Genisa sobre el río Tabasará, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Tabasará S.A., que posteriormente cambió el nombre a Barro Blanco, con un espejo de agua de 258 hectáreas, y que genera 28.56 megavatios/hora. El Gobierno alegó que el proyecto era de interés social y público.
En 2010 este pueblo originario interpuso una demanda en contra de la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto y argumentaron que no se realizó la consulta previa, libre e informada a la comunidad y menos en el idioma Ngäbe a la comunidad que sería afectada.
En 2014, la Corte Suprema de Justicia de Panamá falló a favor de la empresa, contó, y argumentó que en Panamá solo existía un solo idioma -el español- y que no era necesario consultarles, señaló Bagama.
En 2015 se cerraron las compuertas y empezó a inundarse el territorio.
En 2018 las comunidades afectadas interpusieron la petición ante la CIDH por violación a sus territorios y a sus derechos humanos. Sin embargo, desconocen cuál es el estado de este proceso, ya que para realizar las gestiones, requieren de la intervención de un abogado o abogada. Sólo saben que hace un año el Gobierno panameño negó ante la Comisión que se violaran los derechos de estos pueblos originarios y pidió que se archivara el proceso.
“No hemos sabido nada de la Comisión, no sabemos nada”, dijo Bagama.
