La principal organización indígena de Colombia denunció este miércoles el “desangre” de sus pueblos a causa de la violencia financiada por el narcotráfico, y convocó una movilización nacional en rechazo a la masacre de una líder y cuatro guardias nativos.
Los pueblos originarios están siendo “perseguidos, asesinados y masacrados”, dijeron los líderes de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) luego del ataque del martes, que fue atribuido a presuntos guerrilleros de las FARC que se marginaron del acuerdo de paz.
“Convocamos a toda la sociedad colombiana a levantarnos en defensa de la vida, los derechos y los territorios”, declaró Luis Fernando Arias, alto consejero de la ONIC, durante una rueda de prensa en Bogotá.
Los indígenas anticiparon que marcharán junto a los sindicatos, campesinos y universitarios el 21 de noviembre, cuando está previsto un “paro” en protesta contra políticas del gobierno.
Acompañados de congresistas de la Comisión de Paz del Senado, solicitaron además una “visita extraordinaria” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la relatora especial de la ONU para los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
Según sus voceros, la idea es que puedan constatar su “grave situación de emergencia humanitaria, social y económica”.
La ONIC le pidió igualmente al gobierno del presidente Iván Duque “que pare el desangre” que están sufriendo en sus territorios por cuenta de su rechazo al narcotráfico.
El martes la líder de la comunidad Nasa Cristina Bautista y cuatro miembros de la guardia indígena murieron a manos de los rebeldes disidentes en el resguardo de Tacueyó, un territorio del municipio de Toribío que está bajo jurisdicción indígena, en el conflictivo departamento de Cauca (suroeste).
Las Fuerzas Militares informaron que el ataque estuvo dirigido contra la guardia indígena, un cuerpo de vigilancia y control que opera sin armas, provisto apenas de bastones y equipos de comunicación.
Para la ONIC estas acciones “sistemáticas” son consecuencia del “incumplimiento de los acuerdos” de paz suscritos en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista, que dejó a los indígenas en medio del “incremento de los cultivos de marihuana y coca”.
La organización ha denunciado el asesinato de 123 indígenas desde que el presidente Duque asumió el poder el 7 de agosto de 2018.
En Colombia hay alrededor de 1,9 millones de indígenas, que representan el 4,4% de la población del país.
