La frase es de Vicenç Navarro, un economista catalán, columnista asiduo de la prensa española: “es imposible crear una nueva sociedad democrática a través de un instrumento claramente antidemocrático como está resultando ser el mal llamado referéndum”.
Crítico del gobierno conservador del Partido Popular, más cercano al opositor Podemos, de cuyo programa económico fue unos de los autores, junto con el economista Juan Torres, la crítica de Navarro al referendo independentista al que han sido convocados los catalanes por la Generalitat podría sorprender.
En su opinión, una condición para que el referendo sea considerado democrático “es el principio de la mayoría, un eje rector de cualquier proceso democrático”. Y eso no ha ocurrido en las últimas elecciones, ni estaría ocurriendo en los preparativos para esta consulta, convocada para el domingo 1 de octubre.
Sumando los votos de los tres partidos independentistas en las elecciones del 27 de setiembre de 2015, recordó Navarro, se obtiene 1.966.508 votos, menos que los votos de los partidos no independentistas que, sumados, alcanzaron los 2.147.736. “La mayoría proindependentista en el Parlamento no se corresponde con la mayoría popular, que no es independentista”, enfatizó.
Desde su punto de vista, esta situación “escasamente democrática” se expresa de manera aun más extrema en la ley de este referendo, en la cual se indica que el resultado será vinculante, “sin especificar el porcentaje mínimo de votantes. En realidad, tal ley aclara que ganará el que sume más votos, proclamándose la independencia 48 horas después de conocerse el resultado del referéndum en caso de que sea afirmativo”, sin importar cuánta gente vote en la consulta.
Escalada represiva
La convocatoria del referendo ha elevado la tensión en España y la confrontación entre el gobierno de Madrid y la Generalitat catalana. El jueves 21 el diario La Vanguardia, de Barcelona, editorializó sobre la situación con un “llamamiento a la serenidad”. “España en todos los noticiarios del mundo, con una imagen poco grata para un país europeo: políticos detenidos, papeletas de votación secuestradas. Incertidumbre ante las jornadas que se avecinan. Este es el paisaje que se podía haber evitado. Estamos ante una crisis de Estado. Esta grave situación se podía haber evitado. Lo venimos advirtiendo, al menos, desde el 2015”, afirmaba el diario.
El día anterior las protestas se habían adueñado de las calles catalanas, mientras el gobierno desplegaba las fuerzas policiales, allanando oficinas de encargados del proceso de consulta e instituciones de la Generalitat. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha reiterado que no habrá referendo, que no lo permitirá. Para eso desplegó casi todos los recursos a su disposición, que no son pocos, menos acudir al artículo 155 de la Constitución que le permitiría decretar el estado de excepción autonómico. No lo ha hecho, según analistas españoles, porque eso lo obligaría a precisar exactamente qué derechos se verán afectados durante la vigencia de ese estado de excepción, limitando, de cierto modo, su capacidad de acción.
La medida podría también agravar también las protestas en Cataluña, de modo que, hasta el fin de semana pasado, habían actuado órganos judiciales, ordenando diversas medidas contra actores claves en la organización del referendo.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, rechazó esas medidas que estimó propias “de un gobierno que pretende resolver por la suspensión del Estado de derecho lo que es la demanda de la mayoría del pueblo de Catalunya”. “Condenamos y rechazamos la actitud antidemocrática y autoritaria del gobierno español”, afirmó.
Por la tarde de ese mismo día, miles de personas (40 mil, según la Guardia Urbana) bloqueaban la Rambla, la Gran Vía y la calle Diputadó, en el centro de la ciudad.
Derecho a decidir
En disputa no está solo la independencia de Cataluña, sino otro aspecto, que congrega más apoyo: el llamado “derecho a decidir”. Se trata de la reivindicación de quienes estiman que el gobierno español abusa de su poder al tratar de impedir la consulta, posición que adoptan muchos que se oponen a la independencia pero creen un derecho consultar la opinión popular.
De hecho, unos 50 eurodiputados, de todos los partidos, menos del grupo conservador popular, representando a 19 Estados miembros de la Unión Europea, enviaron una carta a Rajoy el viernes pasado exigiendo detener la “acciones represivas” y abrir un “diálogo político”, asegurando que el referendo era una “reivindicación política legítima” de los catalanes.
“El debate por la independencia se superpone con el debate sobre el derecho a la autodeterminación. Hace un siglo que existen dinámicas independentistas en Catalunya, hasta hace poco minoritarias. En los últimos años, con la crisis económica y los recortes en gasto público, la percepción de un maltrato fiscal y político frente a otras regiones españolas ha cristalizado en un sentimiento anti-español que está esperando cualquier exceso de autoridad del gobierno central para justificarse”, dijo Montserrat Domínguez, editora editorial del Huffington Post.
“Si Rajoy continúa encerrado en el búnker, sin más compañía que la de Rivera, no tardará en abrirse un espacio de diálogo que, con o sin moción de censura previa, lo desaloje de la Moncloa”, opinó, por su parte, el analista español Fernando López Agudín, refiriéndose al líder del partido Ciudadanos, Albert Rivera, único partido que lo acompaña en su línea dura ante el referendo.
Para Rivera, el único que puede frenar la escalada de tensiones en Cataluña es Puigdemont. “El Estado de derecho no va a frenar”, advirtió.
Para Rivera, “solo puede haber diálogo si se restablece el orden constitucional. Hasta que no se vuelva a abrir el Parlament y hasta que no haya un Govern legítimo que no dé un golpe a la democracia, no hay nada que hablar”.
Crisis social
Volvamos a Navarro. En su opinión, detrás de estas tensiones políticas está una crisis social que ha “ha adquirido unas proporciones dramáticas” en Cataluña. “El desempleo, la baja tasa de ocupación, la precariedad en el trabajo, el descenso de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo caracterizan el mercado de trabajo catalán”.
Esta enorme crisis, afirma, “ha tenido un efecto devastador en la calidad de vida de las clases populares”, y “ha ido acompañada de unos recortes de los fondos públicos disponibles para financiar las trasferencias y los servicios públicos del Estado del Bienestar en Catalunya”. Como ejemplo cita que las rentas del trabajo han descendido del 50% a 46% de las rentas totales, mientras las rentas del capital pasaron del 42% a 45% desde que estalló la actual crisis económica, en 2008.
Pero Navarro atribuye gran parte de la responsabilidad de este deterioro a los dos partidos principales que integran la coalición independentista: Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), un partido de derecha perteneciente a la familia liberal europea, y la Unión Democrática de Catalunya (UDC), perteneciente a la familia conservadora demócrata cristiana. A los dos se suma Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para conformar la coalición Junts Pel Sí.
Para entender Cataluña, dice Navarro, hay que conocer al CDC, partido “fundado por Jordi Pujol y que ha sido el eje del pujolismo, una ideología nacionalista conservadora que siempre ha considerado la Generalitat de Catalunya como su propiedad individual, familiar y colectiva, extendiendo su influencia a través de unas políticas de tipo clientelar, con prácticas intensamente corruptas”. Pujol y varios de sus hijos están hoy acusados en los tribunales por graves hechos de corrupción.
Su partido “ha sido uno de los mayores instrumentos políticos responsables de la aplicación de las políticas públicas neoliberales causantes del subdesarrollo social en Catalunya, y de la crisis social creada por la gran recesión”, dice Navarro, para quien una transición que represente la continuación del dominio de las derechas en el Estado catalán solo representaría “la continuación de la crisis”. En su opinión, “aquellos que son responsables del enorme retraso social de Catalunya no pueden liderar el proceso de cambio en Catalunya”.
