El secreto se basó en las nacionalizaciones. El ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce Catacor, lo explica, en una entrevista al periodista Diego Fernández González, del diario argentino Ámbito Financiero, publicada la semana pasada.
Es secreto es sencillo: “Nosotros nacionalizamos, entonces la plata se quedó en Bolivia y la disfrutamos. Nuestro modelo parte de apropiarse del excedente que se genera con los recursos naturales que tenemos.
Bolivia es un país riquísimo. ¿Cómo puede explicarse que un país tan rico en recursos sea tan pobre? Es la historia del saqueo”, afirmó.
El modelo se desarrolló sobre la base del aprovechamiento de los recursos naturales, de la apropiación de los excedentes económicos gracias a la nacionalización o control estatal de empresas que habían sido privatizadas (como las de hidrocarburos, electricidad y minería), la redistribución del ingreso y reducción de la desigualdad social y la pobreza.
La nacionalización, fundamentalmente la de la industria del gas natural, dijo el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, generó para el Estado una renta de $37 mil millones en 13 años de gestión del presidente Morales. Casi diez veces más que en los 13 años anteriores.
Puede parecer sencillo, pero contradice las políticas de austeridad y privatizaciones que, en las últimas dos décadas caracterizaron las políticas neoliberales que hoy provocan protestas como las que estallaron en Chile la semana pasada.
Una mirada al futuro
Arce manifestó, en su entrevista a Ámbito, su confianza en las inversiones públicas realizadas. Comienzan a dar cada vez más frutos y a incentivar el mercado interno, señaló.
Entre esas inversiones hay proyectos de gran envergadura, como la conversión del principal aeropuerto del país (Viru Viru) en un centro internacional de conexiones y la construcción de un megapuerto fluvial de acceso a la hidrovía Paraguay-Paraná. Están, además, casi concluidos los estudios finales del corredor ferroviario bioceánico Brasil-Bolivia-Paraguay que demandaría inversiones de entre $10 mil millones y $15 mil millones.
El éxito económico fue la principal arma de Morales durante la campaña electoral. Durante sus administraciones, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia se multiplicó más de cuatro veces, pasando de $9 mil millones a más de $40 mil millones. Aumentó el salario real, las reservas crecieron, la inflación dejó de ser un problema y la pobreza extrema cayó de casi 38% a un 15%.
Si algún debate existe en torno a esos éxitos es sobre la política cambiaria de Bolivia. Con la inflación reducida y controlada, la moneda se ha valorizado, mientras sus socios comerciales, principalmente Argentina, flexibilizaban la suya, un proceso acelerado en los últimos meses del gobierno del presidente Mauricio Macri.
El resultado fue que el país perdió competitividad y reservas internacionales. La deuda pública creció, pasando de $2.443 millones, en 2008, a $9.428 millones, en 2017. A eso se suma un elevado déficit fiscal, que algunos estiman del 11%.
Todo esto presiona la política de cambio fijo, pero parece que para el gobierno la opción sería tratar de bajar ese déficit.
Ciertos sectores académicos y empresariales estiman también que la legislación laboral es muy rígida, que el Estado interviene discrecionalmente en mercado laboral al fijar el salario mínimo y los reajustes salariales anuales, además de otorgar un segundo aguinaldo cuando la economía crece más de 4,5% al año. Beneficios que restarían competitividad a los sectores transables de la economía, como señaló el Investigador Senior del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad), Luis Carlos Jemio.
El gobierno, por el contrario, apuesta a una favorable regulación del mercado laboral como forma de estimular el mercado interno, de alimentar la demanda y favorecer el nivel de vida de la población. Algo que ha logrado hasta ahora con éxito, y haciendo de la economía boliviana una de las de mayor crecimiento en América Latina.
Bolivia pide auditoría electoral a la OEA
Raúl Burgoa
AFP
Bolivia pidió el martes a la OEA que audite los comicios del domingo, cuyo conteo rápido tiende a confirmar la reelección del presidente Evo Morales en primera vuelta, lo que desencadenó protestas en el país, críticas en el exterior y la convocatoria a una reunión extraordinaria del organismo continental.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó a una sesión de su Consejo Permanente el miércoles, en Washington, a pedido de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos y Venezuela (el representante de Juan Guaidó), para abordar “la situación en Bolivia”.
En respuesta, el gobierno boliviano solicitó a la OEA enviar “a la brevedad posible” una misión técnica a La Paz para auditar “una a una las actas” de los votos de las elecciones del domingo, informó el canciller Diego Pary.
En una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, Bolivia solicitó que, “a la brevedad posible, pueda establecer una comisión que haga una auditoría a todo el proceso de cómputo oficial de los votos de las elecciones del 20 de octubre”, dijo Pary en rueda de prensa.
“Nos interesa, como gobierno, que todo el proceso tenga la transparencia necesaria”, insistió.
Horas antes, Washington denunció un intento de “subvertir la democracia en Bolivia” y la Unión Europea llamó a “respetar la voluntad del pueblo boliviano”.
También España, Argentina, Brasil, Colombia y Perú expresaron inquietudes sobre la marcha del conteo de votos.
Los cuestionamientos radican en que dos días después de los comicios no culmina el conteo rápido TREP, que la noche del domingo anticipó un balotaje y tras una inexplicable paralización de 20 horas se reanudó, mostrando un “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia”, augurando la reelección de Morales en primera vuelta, denunciaron los observadores de la OEA.
El mandatario, en el poder desde 2006, evitaría el balotaje si obtiene en primera ronda más del 50% de los votos válidos o 40% con al menos una ventaja de 10 puntos sobre el segundo.
En el TREP, Morales recibe 46,4% y el expresidente Carlos Mesa 37,07%, con 95,63% de las actas. Este sistema por teléfono sirve para orientar sobre la tendencia del cómputo oficial definitivo, pero no tiene carácter oficial.
Mientras, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) avanzaba este martes en el cómputo oficial al 83,87% de los votos válidos, en los que Morales estaba adelante con 43,64%, seguido de Mesa con 40,01%.
