Hace dos semanas, los días 19 y 20 de julio, sesionó en Río de Janeiro el Tribunal Internacional por la Democracia en Brasil, para analizar los aspectos jurídicos del impeachment a que está sometida la presidenta Dilma Rousseff.
Entre los juristas internacionales que lo conformaron estaba el costarricense Walter Antillón, con quien UNIVERSIDAD conversó.
En su sentencia, el tribunal reconoció “la inexistencia de delito de responsabilidad o de cualquier conducta dolosa que implique un atentado a la Constitución de la República”.
Se trata, dijo Antillón a UNIVERSIDAD, de un grupo de “enemigos políticos decididos a deshacer la voluntad popular”.
Lo que sigue es un resumen de la conversación de Antillón con UNIVERSIDAD.
Tribunal moral
El Tribunal Internacional por la Democracia en Brasil es un tribunal que tiene antecedentes muy importantes, que se constituyó sobre la base de anteriores experiencias internacionales. El primer tribunal pensado en estos términos lo constituyó Bertrand Russel, para juzgar los crímenes de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam.
Es un tribunal moral, en el que un grupo de juristas hacen un esfuerzo por examinar la situación con detenimiento y darle una calificación jurídica. Naturalmente esto no afecta los actos del senado brasileño, solo tiene un valor argumental, pero pensamos que puede ser el inicio de otras cosas.
La persona que tomó las riendas de este tribunal, el profesor Juárez Tavares – un destacado jurista brasileño vinculado a la academia alemana–, convocó a diversas personas, fundamentalmente de América Latina, Europa y Estados Unidos.
Entre sus miembros estuvo la senadora francesa Laurence Cohen; María José Fariñas Dulce, doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; el médico italiano Giani Tognoni; y la norteamericana Azadeh N. Shahshahani, una destacada abogada en materia de derechos humanos.
De América Latina, además del abogado costarricense Walter Antillón integraron el tribunal el obispo mexicano Raúl Veras, quien hace una labor de protección de los inmigrantes en Coahuila, y el también mexicano Jaime Fernando Cárdenas, doctor en Derecho y exdiputado; Alberto Filipi, de Argentina; y el abogado colombiano César Augusto Gálvez.
El tribunal funcionó con un diseño muy simple. Nos encontramos en Brasil con una estructura muy bien armada para su funcionamiento. Me impresionó mucho la enorme calidad de los juristas que participaron.
Nada que probar
A pesar de que fueron convocados, ninguno de los senadores o diputados que han sostenido los hechos imputables a Dilma Rousseff, y que la harían merecedora del impeachment, aceptó participar.
Sí lo hicieron profesionales de diversas áreas, juristas, pero también economistas, especialistas en presupuesto, personas competentes para manejar los temas de la acusación contra Dilma, quienes expusieron de la manera más clara y más completa los términos de la acusación contra la presidenta.
Sus planteamientos llevaron horas; explicaron de manera muy cuidadosa los términos en que la acusación estaba planteada.
Eso fue para mí lo más importante: el análisis, la descomposición de todos los elementos de la acusación, de modo que uno pudiera evaluarlos. Fue muy esclarecedor.
En realidad, no había que probar nada, todo estaba ya demostrado. Dilma no niega la existencia de los actos que se le imputan. Lo que hace su defensa es desvirtuar el valor negativo de esas actividades. Los actos que se le imputan son un monumento de futilezas. Son todos reales, pero las implicaciones jurídicas, como crimen de responsabilidad, son nulas.
Repercusiones del fallo
El fallo tiene un valor de testimonio. Es revelador porque establece, con bastante claridad, los fundamentos de este movimiento de impeachment y los desvirtúa, uno por uno. A un lector atento le enseña todo el montaje. Lo que me parece es que un grupo de enemigos políticos deshacen la voluntad popular.
El senado votará de forma definitiva después de los juegos olímpicos. Integrado por 81 legisladores, para ser absuelta y reasumir el cargo (del que está suspendida) Rousseff necesita el apoyo de 27 congresistas, algo que no parece probable.
Esta gente es muy arrogante. A los senadores no les importa lo que digan unos juristas, pero creo que hay otra vertiente en esta lucha. Yo vi que había, por lo menos con los dirigentes con los que hablamos, una gran determinación de luchar, como los trabajadores rurales sin tierra, que están moviéndose para ver qué pueden hacer.
Hace unos meses expresé la necesidad de plantear el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ahora que vimos el tema con mucho detalle llegué a la conclusión que era necesario, dada la urgencia del caso, pedirle a la Corte medidas cautelares. Lo planteé en Brasil y lo están examinando los abogados de la presidente.
La Asociación Americana de Juristas quiere secundar esa propuesta.
Con Dilma
Nosotros dimos a conocer el fallo el 20 de julio, en Río de Janeiro y, el día siguiente, por la mañana, viajamos a Brasilia para reunirnos con la presidenta. Ella nos esperaba acompañada de cuatro o cinco senadores y de exministros de su gobierno.
Hicimos un conversatorio, cada uno de nosotros habló; ella tomó la palabra y explicó su punto de vista. Estaba tranquila, satisfecha, rodeada de gente que la apoya.
Me llamó la atención lo mucho más delgada que está, evidentemente muy afectada por todo este proceso. Pero aseguró que va a luchar hasta el fin.
“Me voy a oponer a esto con todas mis fuerzas. Espero conseguir que esto se revierta”, afirmó.
