Gobierno mexicano de Peña Nieto termina mandato con duras críticas por caso Ayotzinapa

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sumaron críticas a las que ya emitió en varias ocasiones la ONU.

El gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que concluye el viernes, recibió duras críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el ombudsman de México por el caso de la desaparición de 43 estudiantes en 2014, que estremeció al país y que aún no se ha esclarecido.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman) de México acusó este miércoles en un informe a las autoridades mexicanas de difundir información parcial o falsa.

A esa denuncia se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al destacar “la falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión”.

“En diversas ocasiones las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial o falsa”, dijo este miércoles en conferencia de prensa el ombudsman de México, Luis Raúl González Pérez, al presentar un informe sobre el caso.

“Sin contar con evidencias comprobadas se dio por sentado que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido ejecutados”, sentenció.

Según la hipótesis oficial, denominada por la fiscalía como la “verdad histórica”, los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa para maestros rurales estaban en Iguala (Guerrero, sur) apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron baleados y detenidos por pistoleros y policías locales.

Los uniformados corruptos los entregaron a narcotraficantes, quienes los asesinaron para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.

González Pérez dijo que “la actuación indolente de varias instancias de procuración e impartición de justicia ocasionó la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas y el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación”.

Los agotados padres de los estudiantes han exigido al gobierno con marchas por todo el país e incluso en el extranjero la localización de sus hijos y han rechazado enérgicamente la investigación oficial.

Estas críticas se suman a las que ya emitió en varias ocasiones la ONU.

El 26 de septiembre pasado, en el cuarto aniversario del caso, la organización internacional lamentó que las autoridades mexicanas se concentraran en la defensa “insostenible” de la versión oficial de los hechos.

– Denuncias de torturas pendientes –

El mismo organismo dijo en marzo que “al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación fueron torturadas y muchas detenidas arbitrariamente”.

Y en su informe presentado este miércoles, la CIDH incidió en que aún quedan pendientes “las denuncias de tortura a personas detenidas”.

En México “yo creo que sigue existiendo la tortura como método de extracción de confesiones, desafortunadamente”, y también hay otros problemas más serios como “la desaparición forzosa, la ejecución”, dijo este miércoles a la prensa el secretario de Gobernación (Interior), Alfonso Navarrete.

El caso Ayotzinapa marcó al gobierno saliente de Peña Nieto como una muestra de la violencia rampante en el país y la colusión entre el crimen organizado y las autoridades.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien asume el poder el próximo sábado, se comprometió en septiembre pasado a encontrar la verdad sobre el paradero de los jóvenes de entre 17 y 25 años.

La CIDH consideró que “las investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral”.

Durante dos años, la CIDH realizó varias visitas al país, organizó reuniones de trabajo y cuatro audiencias públicas para reunir información.

“Preocupa a la Comisión que aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del basurero de Cocula”, según la cual los jóvenes habrían sido asesinados en ese vertedero, tesis que no concuerda con las de la CIDH, del Grupo Internacional de Expertos Independientes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).


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