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Gobierno de Colombia declaró alerta militar ante amenaza de “paro armado” del ELN

El presidente Iván Duque rompió los diálogos de paz con la guerrilla, tras el atentado hace poco más de un año contra la principal escuela policial, en el que murieron 23 personas.

Las fuerzas militares y de policía están en alerta en Colombia ante el anuncio de los rebeldes del ELN de realizar un “paro armado”, que pretende impedir bajo amenazas la movilización en el país, anunció el gobierno este lunes.

“Todas las unidades del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección de la ciudadanía”, dijo el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, en respuesta al desafío lanzado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En un comunicado difundido por el comandante Uriel en sus redes sociales, la organización de ultraizquierda señaló que impondrá un “paro armado en el territorio nacional de 72 horas” a partir del 14 de febrero.

Reconocida como la última guerrilla activa en Colombia, el ELN cuenta con unos 2.300 combatientes y opera en el 10% de los 1.100 municipios del territorio, según cifras oficiales y de organizaciones independientes.

El 45% de su pie de fuerza (unos 1.100 rebeldes) se refugia en Venezuela, informó en pasados meses el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.

El ministro de Defensa remarcó que las autoridades “van a responder con la firmeza adecuada y legítima, y con todo rigor, ante las amenazas de estos terroristas”.

Sin embargo, no se ha informado oficialmente de movimientos especiales de tropas o de un acuartelamiento de primer grado, una figura que obliga a los batallones a presentar disponibilidad absoluta ante eventuales problemas de orden público.

‘Chantaje al gobierno’

A lo largo de su lucha armada, que financia con secuestros y el impuesto a narcotraficantes, entre otras fuentes, el ELN ha anunciado paros similares, aunque su impacto nunca ha alcanzado a todo el territorio.

El grupo rebelde, que hace poco más de un año mató en un atentado con coche bomba en Bogotá a 22 cadetes de la principal escuela de policía del país, advirtió a la población sobre las consecuencias de movilizarse en esos días.

“Acatar esta orden de no movilizarse por las rutas de transporte durante las 72 horas de paro armado es lo más conveniente para la población, ser prudentes y mantenerse en sus viviendas evitará lamentar consecuencias”,  dijo en su mensaje.

De su lado, el ministro de Defensa enfatizó en que las autoridades no van a permitir “que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura”.

El coronel en retiro Carlos Velásquez, profesor de la Universidad La Sababna y experto en el conflicto colombiano, consideró que el ELN no está en capacidad de hacer gran daño, pero cree que con el anuncio pretende decir que “siguen vigentes, que son una fuerza desestabilizadora”.

Se trata principalmente de una “acción política, sicológica, para presionar al gobierno” a sentarse a negociar, opinó en declaraciones a la AFP.

El gobierno del derechista Iván Duque rompió los diálogos de paz que venía sosteniendo el ELN con el de su antecesor, el Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos (2010-2018), primero en Quito y luego en La Habana.

Duque tomó la decisión tras el atentado contra la escuela policial, en la que también murió el agresor.

En armas desde 1964, el ELN no adujo una razón específica para sus amenazas, pero por estas fechas se conmemoran 54 años de la muerte en combate de uno de sus inspiradores y más conocidos militantes, el sacerdote católico Camilo Torres.

En su manifiesto, la agrupación, que nació bajo el influjo de la Revolución cubana, dijo que durante el paro armado respetará la evacuación de enfermos hacia hospitales y el transporte de familiares para que atiendan “asuntos fúnebres”.

Sumida en un conflicto de más de medio siglo, con ocho millones de víctimas entre desplazados, muertos y desaparecidos, Colombia vivió un alivio de la violencia con el acuerdo de paz con las FARC en 2016.

No obstante, persisten grupos armados financiados por el narcotráfico que imponen su ley en zonas apartadas.

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