El canciller Denis Moncada afirmó este martes 26 de junio que en Nicaragua existe un plan de “desestabilización social” promovido por “intereses oscuros” para romper el orden constitucional, con demandas de renuncia del presidente Daniel Ortega y el adelanto de las elecciones a marzo de 2019.
“En Nicaragua se vive un intento de desestabilización social de grupos internos con apoyo internacional, del que se han aprovechado grupos delincuenciales y de narcotráfico” para generar violencia, argumentó el canciller a los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento Para Nicaragua (MESENI).
El mecanismo fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a las recomendaciones de ese organismo para terminar con el clima de violencia que vive Nicaragua desde el estallido de las protestas antigubernamentales en abril pasado, que deja más de 212 muertos.
Las declaraciones del canciller fueron reproducidas por el boletín electrónico informativo progubernamental “Informe Pastran”, que tuvo acceso a la reunión que el canciller sostuvo el martes con los delegados de MESENI, que llegaron el domingo a Nicaragua.
El canciller dijo que la oposición, en estos dos meses de protestas, ha promovido “una ruptura del orden constitucional con una exigencia de renuncia” del presidente y adelanto de elecciones “para hacer un cambio de gobierno por la vía fáctica”.
Aseguró no obstante que el gobierno está “dispuesto a escuchar” las propuestas de democratización que hace la oposición, “dentro del marco de la Constitución y las leyes”.
La opositora Alianza Cívica, que representa a la sociedad civil en el diálogo nacional, dijo sin embargo el lunes que el gobierno de Ortega no ha demostrado “apertura ni voluntad política” para discutir la democratización del país, que incluye la propuesta de adelantar los comicios hecha por los obispos católicos.
Según el canciller, detrás de las protesta “hay otros intereses oscuros”, que no detalló.
Negó que en Nicaragua exista una “política de estado represiva” y acusó a los manifestantes de haber matado a 10 policías y causar pérdidas materiales por más de 7,6 millones de dólares en asaltos, quemas y saqueos de propiedad.
El gobierno negó su responsabilidad en la violencia que causan los grupos parapoliciales y paramilitares contra las protestas, que según la oposición, se movilizan con el apoyo de las autoridades.
Los grupos de derechos humanos locales divergen en el número de muertes que dejan las protestas desde que empezaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, y que luego se extendieron para pedir la renuncia de Ortega.
Según un informe difundido este martes por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto -entre ellas menores de edad-, 1.500 resultaron heridas y hay 156 desaparecidas.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), precisó que había verificado hasta el domingo 212 muertes y están confirmando posibles fallecimientos de las últimas horas.
