El presidente José Manuel Santos afirmó que el fin del conflicto armado en Colombia “no es el punto de llegada”. Santos hablaba en La Habana, el pasado 23 de junio, en la ceremonia donde el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaban el cese de fuego bilateral y la suspensión de la hostilidades.
Ciertamente, el fin del conflicto armado no es todavía la paz. La proximidad de un acuerdo definitivo intensifica, sin embargo, el debate en Colombia sobre el futuro de un país que está a punto de cerrar más de medio siglo de un conflicto cuyo origen recordó el comandante Timoleón Jiménez ese mismo día, en La Habana.
“En el año 1964, en medio del fragor de la desigual lucha armada, la Asamblea de los Guerrilleros de Marquetalia produjo su programa agrario en cuya parte introductoria dejó sentada la siguiente declaración que ahora recordamos: ‘Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen, pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo, la vía pacífica”.
“Hoy –agregó–, 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo, y otro sobre dejación de armas, que nos dejan a las puertas de concretar, en un plazo relativamente breve, el acuerdo final que nos permitirá, por fin, retornar al ejercicio político legal mediante la vía pacífica y democrática”.
1964 fue un año de tristes recuerdos para América Latina. El 30 de marzo, un golpe militar en Brasil dio inicio a una década en sucedieron otros: Argentina, Uruguay, Bolivia, hasta culminar, en 1973, con el golpe cívico-militar en Chile, que se revelaría como el más radical, tanto por sus políticas neoliberales como por su papel articulador de la represión regional. Eran los años de plomo, los del Plan Cóndor de los dictadores del Cono Sur. De esa época de conflictos, solo queda el conflicto armado en Colombia.
Lo acordado
Lo acordado el pasado 23 de junio entre el gobierno y la guerrilla fue el cese bilateral de fuegos y la suspensión total de hostilidades. Se definieron las zonas de concentración de los guerrilleros que se desmovilicen y los tiempos y procedimientos para su desmovilización y entrega de armas. Las FARC aceptaron reconocer el mecanismo para refrendar los acuerdos que determine la Corte Constitucional y el plebiscito que el gobierno propone para consultar sobre los acuerdos finales.
“El acuerdo de cese al fuego tiene gran importancia política y una alta calidad técnica. Lo primero queda comprobado por la trascendental decisión de poner punto final a la violencia entre el Estado y las FARC, después de 50 años de guerra”, estimó el analista Juan Carlos Palou.
La calidad técnica “resulta de haber recogido los aprendizajes de la comunidad internacional en procesos de desmovilización de fuerzas armadas irregulares, así como las lecciones derivadas de otros procesos de paz en Colombia”, agregó.
La importancia de lo acordado
“Ahora que hemos terminado este otro punto crucial en la negociación con la guerrilla y que nos acercamos al acuerdo final, quiero enfatizar la importancia de lo que hasta ahora hemos convenido”, dijo el presidente Santos en su discurso.
No es una opinión unánime, entre los actores nacionales, dijo el analista Fernando Dorado, la única ausencia visible a la cita de La Habana fue la del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Lo dice todo con su mensaje público que hace palpable su escepticismo y distancia con el proceso de paz, señaló Dorado: “Celebro como Vicepresidente de la República el acuerdo firmado hoy en La Habana, que disipa muchas dudas. Celebro que las FARC se comprometan, a partir de hoy, a no volver a cometer ningún delito. ¡Ojalá lo cumplan!”
En la oposición, la figura más crítica de los acuerdos es el expresidente Álvaro Uribe. En opinión de Dorado, los “enemigos de la paz” los encabezan Uribe y el Procurador General, Alejandro Ordóñez; pero, agrega, “ya no representan los intereses de esas clases dominantes” que, en su opinión, hoy apoyan mayoritariamente las negociaciones.
En todo caso, el presidente Santos señaló que se está “muy cerca de la firma del acuerdo final que pondrá el fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera en Colombia (…) Hacen un daño inmenso a Colombia, a la vida y a la esperanza de su pueblo quienes insisten en negar la trascendental importancia de lo acordado”.
Presencias y ausencias internacionales
A la firma de los acuerdos en La Habana asistieron diversas autoridades internacionales, entre ellas el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon; el presidente de la Asamblea General de la ONU, Mogens Lykketoft; y el presidente del Consejo de Seguridad, François Delattre. Además, el presidente cubano, Raúl Castro, anfitrión de este largo proceso de negociaciones, y el canciller de Noruega, Borge Brende, país que, junto con Cuba, acompaña todo el proceso. Estaban también los presidente de Venezuela, Chile, México, República Dominicana y El Salvador.
Bernard Aronson representó a los Estados Unidos como enviado especial, lo mismo que el enviado de la Unión Europea, Eamon Gilmore.
Ante esa representación internacional destacaba la ausencia del Secretario General de la Organización de Estados Americano (OEA), Luis Almagro, que presidía en esa misma fecha una reunión del Consejo Permanente de ese organismo, que había convocado para discutir la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela.
Lo que pase en el campo
Como lo señaló el presidente Santos, los acuerdos no son el fin del camino hacia la paz. En perspectiva, Renán Vega Cantor, historiador y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, estimó, en una entrevista concedida a Mario Hernández, que “el punto central al fin del conflicto armado tiene que ver con lo que pase en el campo colombiano”.
Si no se impulsa otro tipo de políticas que rompan con el poder de los grandes terratenientes, de las multinacionales y que reconozcan la importancia de los campesinos para la economía colombiana, el “conflicto va a perdurar, así se llegue a acuerdos que pongan fin a la lucha armada”. Vega recordó que se trata de un sector formado por 15 millones de personas, 30% de la población colombiana.
Dos semanas antes de la firma de estos acuerdos, decenas de miles de campesinos se movilizaron en todo el país en una Minga nacional, agraria, étnica y popular. Tres indígenas fueron asesinados, más de 150 heridos en alrededor de 20 municipios atacados por el escuadrón antidisturbios y hubo 135 detenidos.
Vega Cantor explica la situación señalando que “los campesinos son uno de los sectores más golpeados de la sociedad colombiana de los últimos 30 años”. Una situación que “se ha profundizado en los últimos cinco años con el Tratado de Libre Comercio (TLC). Los campesinos han quedado absolutamente desprotegidos, la producción agrícola no tiene ningún tipo de cuidado por parte del Estado colombiano”.
“A esto hay que sumarle que el campo colombiano no se destina ahora prioritariamente para la siembra de productos alimenticios, sino para la producción de cultivos de exportación realizados por los grandes capitales nacionales e internacionales y para la explotación minera”, señaló Vega.
