La fuente asegura que el archivo recibido es uno de los mayores de la historia del periodismo y que la divulgación de los primeros datos, el pasado 9 de junio, provocaron un terremoto político en Brasil, de dimensiones difíciles aún de prever.
Se trata de Glenn Greenwald, norteamericano, creador y director de la página digital Intercept Brasil. Abogado constitucionalista y periodista, residente en Brasil desde hace 14 años, Greenwald no es un primerizo en el periodismo de denuncia. Fue quien publicó las filtraciones del exagente Edward Snowden en las páginas de la edición norteamericana del diario británico The Guardian, en junio de 2013. La divulgación de valió el Premio Pulitzer el año siguiente. Un premio que, en Estados Unidos, se otorga a trabajos destacados de periodismo.
Ahora asegura que la filtración recibida, sobre los manejos del juez y la fiscalía en el caso conocido en Brasil como Lava Jato, es incomparablemente mayor.
Los documentos desnudan las maniobras de lo que parecía ser un enorme caso de corrupción, con las que luego se armó el mecanismo para impedir que el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fuera nuevamente candidato en las elecciones presidenciales del año pasado, en las que era ampliamente favorito.
Ese archivo –dijo Grenwald– “contiene secretos explosivos, en chats, audios, videos, fotos y documentos” que revelan las relaciones entre el entonces juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia del gobierno Bolsonaro, y el fiscal a cargo de la Lava Jato, Deltan Dallagnol.
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Condenado, Lula no pudo competir y Jair Bolsonaro, un excapitán expulsado del ejército y diputado por más de 25 años, que había hecho elogio público de la tortura en el parlamento, empezó a despuntar como el favorito, en ausencia de Lula.
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El objetivo de la operación era descubrir una vasta red de corrupción que involucraba a Gobierno, partidos y empresas concesionarias del Estado, para identificar, juzgar y condenar a los responsables.
Juez encargado de los casos de la Lava Jato, durante cinco años Moro se fue transformando en el gran justiciero del escenario político brasileño, capaz de llevar a la cárcel a expresidentes, exministros, exdiputados y a grandes empresarios. Se transformó así en una estrella internacional, en ejemplo de la lucha contra la corrupción, popular en Brasil y homenajeado en prestigiosas universidades extranjeras.
Eso fue antes del escándalo provocado por las filtraciones divulgadas por Intercept Brasil desde la semana pasada.
La Lava Jato se extiende
La importancia de estas filtraciones –afirmó Greenwald en la presentación de los primeros reportajes– “se explica por las consecuencias incomparables de las acciones de la Lava Jato”.
Las denuncias involucraron a gobiernos extranjeros y hundió a empresas brasileñas acusadas de sobornarlos. Quizás el dramático suicidio de expresidente peruano Allan García, poco antes de ser detenido, es la expresión más dramática de las extendidas consecuencias de la Lava Jato.
Jorge Barata, exdirector de la concesionaria brasileña Odebretch en Perú, declaró ante un fiscal peruano que la empresa había beneficiado a cuatro expresidentes en ese país: García, Humala, Toledo, Kuczynski.
Todo parecía una cruzada por la limpieza de los negocios públicos hasta que las actuaciones de la Lava Jato se centraron en el precandidato presidencial Lula, que lucía imbatible en todas las encuestas hechas en Brasil.
Empezaron a surgir entonces denuncias que lo involucraban en el disfrute de prebendas ilícitas. La primera, de un departamento triplex en Guarujá, en el litoral de São Paulo. La otra, sobre beneficios en una finca de recreo en la localidad de Atibaia, también en São Paulo.
Comenzaron ahí todos los abusos del juez y la fiscalía. Primero, para acelerar el proceso, adelantándolo de modo que pudiera concluir antes de la inscripción de candidaturas.
Moro y los fiscales, liderados por Deltan Dallagnol, conspiraron además para fabricar evidencias que soslayaran las reglas del juicio, como ya había quedado en evidencia entonces. Como lo comprobaron ahora las filtraciones de The Intercept, el juez y los fiscales actuaron abiertamente para influenciar en el resultado de las elecciones presidenciales del 2018.
Ya entonces Lula y sus abogados denunciaron los abusos y lo que estimaban como el objetivo político de los procedimientos. “Son incontables las pruebas, en los diálogos difundidos, de que la operación Lava Jato y los juzgamientos de Lula son el mayor fraude judiciario de nuestra historia”, afirmaron líderes del Partido de los Trabajadores (PT).
Pero el prestigio de Moro y de la Lava Jato era todavía grande.
Condenado, Lula no pudo competir y Jair Bolsonaro, un excapitán expulsado del ejército y diputado por más de 25 años, que había hecho elogio público de la tortura en el parlamento, empezó a despuntar como el favorito, en ausencia de Lula. Y aunque no logró superar el 50% de los votos para ganar en primero turno, ganó cómodamente en el segundo, con 55%, contra 45% del candidato del PT, Fernando Haddad, un exalcalde de São Paulo que había asumido la candidatura del partido.
Reportajes explosivos
Bolsonaro, que asumió la presidencia el pasado 1 de enero, nombró a Moro su ministro de Justicia. El papel político del hasta entonces juez quedó así en evidencia. “Lo que Moro hizo no tiene precio”, afirmó Bolsonaro, justificando el nombramiento.
Durante estos seis meses el gobierno ha seguido un rumbo errático, sin mayoría en el Congreso y con la crítica creciente de sus aliados, como el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia.
Las revelaciones de The Intercept Brasil hicieron finalmente estallar la burbuja. (Los primeros artículos pueden ser vistos aquí, en inglés: https://theintercept.com/2019/06/09/brazil-archive-operation-car-wash/; o aquí, en portugués: https://theintercept.com/2019/06/09/editorial-chats-telegram-lava-jato-moro/). Las filtraciones trastornaron el panorama político del país. La transcripción de los primeros documentos dejaron en evidencia el trabajo conjunto y coordinado del juez y los fiscales. The Intercept Brasil publicó diversos trechos de esos diálogos, que los afectados no pudieron negar.
Para defenderse decidieron denunciar los procedimientos mediante los cuales el medio obtuvo esos documentos, la ilegalidad del hackeo de sus comunicaciones y la exigencia de divulgación de la fuente de la información. Todas demandas rechazadas por Greenwald.
El sábado pasado, una semana después del inicio de la difusión de los documentos, Moro amenazó con una operación policial contra The Intercept, que ya anunció una prolongada difusión del vasto material que afirma tener.
Greenwald afirmó que responderá con nuevas publicaciones cada vez que Moro trate de desmentir lo evidente, habiendo difundido el pasado miércoles 12 una nueva y extensa transcripción de diálogos entre el juez, el fiscal y la policía encargada de los operativos, ocurridos entre octubre del 2015 y septiembre del 2017. Anunció también la difusión de audios de las conversaciones de Moro.
“Es muy complicado difundir audios. Hay que confirmar quién habla, confirmar el contexto sobre lo que están hablando, hay que relacionar esto con otros documentos, y esto toma tiempo”, explicó Greenwald, ante las presiones para que acelere su difusión.
Escenarios geopolíticos
Las publicaciones no desnudaron solo la conspiración para inducir un resultado electoral en Brasil e impedir el triunfo del PT. Como lo destacó el periodista Leonardo Attuch, editor de la página Brasil247, las revelaciones mostraron que “siempre hubo una articulación entre el grupo investigador con los Estados Unidos, que pasaron a usar el combate a la corrupción como instrumento de dominación geopolítica”.
La Lava Jato “atendió plenamente los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos”. Attuch cita como ejemplos de su afirmación la venta de la empresa aeronáutica brasileña Embraer a Boeing; la privatización de parte del pre-sal, las extraordinarias reservas de crudo en la costa de Brasil; el reposicionamiento de Microsoft en las compras gubernamentales y, finalmente, la escena de Bolsonaro haciendo el saludo militar a la bandera de los Estados Unidos.
Tropelías
Las arbitrariedades cometidas por el juez y los fiscales, reveladas por The Intercept, son muchas. Los diálogos revelan, por ejemplo, que Dallagnol no creía tener pruebas suficientes para llevar Lula a los tribunales por el caso del departamento de Guarujá. Se hablaba de un triplex en la playa, dando a entender que se trataba de una propiedad de gran lujo y valor, que el juez no permitió a la prensa visitar. Cuando un grupo de personas la invadió y ocupó y se reveló la naturaleza del triplex, quedó en evidencia lo modesto del departamento, muy distinto a lo que se había insinuado.
Las conversaciones difundidas por The Intercept muestran la alegría del fiscal cuando el diario O Globo publicó un reportaje denunciando el caso del triplex, que sirvió para dar un nuevo impulso a la acusación.
Moro, por su parte, que hoy denuncia el hackeo ilegal de sus comunicaciones, se había encargado de hackear y hacer pública la conversación de la entonces presidente Dilma Rousseff y el expresidente Lula, que hizo pública, en una maniobra para evitar que la presidente nombrara a Lula en su gabinete.
No solo eso. Las publicaciones revelan que Moro maniobró para intervenir los teléfonos de los abogados defensores de Lula, intervención que luego extendió a todo el bufete de abogados.
La intención del juez y de la fiscalía –diría luego la defensa de Lula– “era la de monitorear los actos y la estrategia de la defensa del expresidente, lo que configura un grave atentado a las garantías constitucionales de inviolabilidad de las comunicaciones telefónicas y la de amplia defensa”.
Ante las evidencias, la defensa de Lula presentó el viernes pasado ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una denuncia sobre la parcialidad del juez Moro, por lo que pide la anulación del proceso que lo condenó. Una solicitud de habeas corpus será juzgada por el tribunal el 25 de junio. De ser aprobada (cosa que no es segura) podría significar la libertad del expresidente Lula.
No solo los afectados han denunciado la gravedad de los hechos revelados por las grabaciones. Medios de prensa brasileños, como el conservador Estado de São Paulo, hasta entonces elogioso defensor de la Lava Jato, editorializó el pasado 11 de junio afirmando no ser posible quedar indiferente ante las sospechas de que el entonces juez Sergio Moro habría dado orientaciones al fiscal Deltan Dallagnol, responsable de la Lava Jato”.
¿Asesinato?
Las revelaciones de The Intercept pusieron nuevamente sobre el tapete la muerte en accidente aéreo del miembro del Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, en enero de 2017.
Relator de la Lava Jato en el tribunal, Teori era el responsable de atender todos los procesos de esa operación que llegaban al STF y se había enfrentado a Moro cuando este decidió hacer pública la intervención ilegal de la conversación telefónica entre Rousseff y el expresidente Lula.
Teori volaba en una avioneta que había despegado de São Paulo y se estrelló en el mar en la costa de Río de Janeiro, en un vuelo corto, con otros cinco ocupantes.
Nunca se esclareció las causas del accidente, pero Teori había interrumpido sus vacaciones para analizar los acuerdos que Moro había hecho con ejecutivos de la empresa Odebrecht, reos de la Lava Jato, a los que se otorgaría el beneficio de reducción de las penas a cambio de denunciar a los políticos beneficiados con los sobornos de la empresa. Ese mecanismo fue utilizado en el caso de Lula.
Entonces un hijo de Zavascki, Francisco, publicó: –¡No hay como no pensar que mandaron a matar a mi padre!
Las filtraciones de The Intercept revelaron los acuerdos de Moro y Dallagnol con otro miembro del STF, Luis Fux. “Fux dijo, casi espontáneamente, que Teori Zavascki le echó un pulso a Moro y se quemó”, dice Dallagnol, refiriéndose a la crítica de Zavascki a la filtración de la conversación entre Rousseff y Lula. “Fux dijo que contáramos con él para lo que fuera”, agregó. Moro contestó: –¡Excelente, in Fux we trust!
Fux sería luego el miembro del tribunal que vetaría la concesión de una entrevista de Lula al diario Folha de São Paulo, cuando el expresidente, ya detenido, hablaría antes de las elecciones, en septiembre de 2018.
Fux prohibió la divulgación de cualquier declaración que eventualmente ya hubiese realizado el expresidente, revocando la autorización que había otorgado otro miembro del STF, Ricardo Lewandowski.
Tereza Cruvinel, destacada periodista brasileña, se refirió a las revelaciones de The Intercept afirmando que “traen la náusea proveniente de la podredumbre, pero traen también aire y luz. “Lula siempre fue el blanco. No vio quien no quiso ver y lo que, por desinformación o manipulación, no tienen ojos para ver”.